La subcomisión de Inteligencia del Congreso recibirá mañana a una ex funcionaria del Banco Provincia, en el marco de la investigación que lleva adelante para esclarecer la responsabilidad política del gobierno de María Eugenia Vidal en el supuesto armado de causas judiciales contra dirigentes sindicales. Se trata de Emilia Jaime, secretaria del entonces presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet.
Los legisladores buscan conocer el paso a paso de cómo se gestionó ese encuentro realizado el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Bapro, del que participaron funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de la AFI y empresarios de la construcción, que quedó registrado en un video.
De esta manera, y con esta serie de testimonios, los integrantes de esa subcomisión investigan si ese encuentro se concretó a pedido de la gobernación. Fuentes parlamentarias explicaron que Emilia Jaime fue quien envió el mail pidiendo la reserva del salón por tres días.
La semana pasada, la subcomisión ya realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, se reunieron con el exjefe de seguridad del edificio, Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que históricamente "nunca hubo cámaras" en el lugar.
De acuerdo con la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.
En el marco de la investigación, los legisladores volvieron a citar para el próximo jueves al Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien desistió de presentarse el martes pasado ante la subcomisión de Inteligencia y pidió declarar por escrito ante ese cuerpo parlamentario.
Conte Grand fue señalado como quien avalaba desde la Procuración bonaerense el impulso de causas armadas contra gremialistas en la provincia. El audio de ese video -que constituyó el puntapié para el inicio de la investigación judicial y parlamentaria- reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.
Cerrar sesión