La fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió la imputación a todos los participantes de la reunión del 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que la "Gestapo" antisindical macrista promovió el armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales. El expediente es conocido como "mesa judicial bonaerense".
A fines del año pasado, en diciembre, Russo imputó a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal, e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esto fue a raíz del hallazgo de un video en la sede del Banco Provincia en Capital Federal en donde se puede ver como él y otros ex funcionarios macristas se reunieron con empresarios y espías para promover una persecución judicial a sindicalistas.
El dictamen incluye, sin nombrarla, a la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional por la Capital Federal, María Eugenia Vidal, como respuesta un requerimiento el juez Ernesto Kreplak. El dictamen firmado por la fiscal explica respecto de Vidal que ya se pronunció al imputar, de manera genérica, a quienes “resulten coautores o participes” de los delitos bajo investigación.
También estuvieron Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.
También estuvieron Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, y Sebastián De Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías. La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak.
La fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos. La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que "podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical. centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata".