El caso “Gestapo antisindical” avanza en la justicia federal de La Plata. Al extender la imputación a todos los espías, funcionarios y empresarios reunidos en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, la fiscal Ana Russo requirió al juez Ernesto Kreplak una batería de medidas de prueba: entre ellas, “un exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes” de los teléfonos de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Hizo lo propio con los exfuncionarios involucrados en la causa. El período que se pide analizar se extiende entre el 1º de mayo y diciembre de 2017. La fiscal también consideró por primera vez que el delito a investigar sería el de una asociación ilícita. Ahora el magistrado debe resolver si hace lugar a las solicitudes.
De acuerdo al dictamen al que accedió El Destape, la fiscalía solicitó al juez Kreplak “un exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los exfuncionarios presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la ex Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante el período que abarca el 1º de mayo de 2017 y diciembre del mismo año”.
La fiscal Ana Russo coincidió con un planteo del abogado César Albarracín, representante legal de Juan Pablo “Pata” Medina, el gremialista al que le estaban armando causas judiciales según se desprende del video de la Gestapo antisindical, quien había pedido imputar a la exmandataria y que se analice su teléfono.
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En respuesta al pedido de imputación que había realizado Albarracín, la fiscal indicó que su impulso de la acción penal no solo fue contra quienes estuvieron en el encuentro en la sede porteña del Banco Provincia sino también “contra toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos”. Es decir, que Vidal puede ser considerada imputada.
En la reunión de 2017 había dos ministros de Vidal, el de Trabajo, Marcelo Villegas –quien deseó una Gestapo contra el sindicalismo-, y el de Infraestructura, Roberto Gigante. También se encontraba el subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi. En lo que hace a la línea política de Cambiemos, a ellos se suman el senador bonaerense Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata Julio Garro. Todos fueron imputados junto a jerarcas de la AFI y empresarios por ser parte de la reunión del escándalo.
La fiscal investiga si existió la “organización de una estrategia, elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata”.
En su dictamen de este lunes, Russo consideró por primera vez que los hechos podrían encuadrar en los de una asociación ilícita. También señaló que pudo haber “abuso de autoridad” y violaciones a le Ley de Inteligencia Nacional.
Es muy difícil sostener que la exgobernadora Vidal no estaba al tanto de esta reunión que se realizó en el edificio donde ella misma trabajaba cuando no viajaba a La Plata.
Otras medidas de prueba e indagatorias
Entre otras medidas de prueba, la fiscal requirió al juez que solicite a distintos juzgados federales si los tres espías involucrados en esta maniobra fueron investigados por espionaje ilegal y si se les secuestraron teléfonos o dispositivos electrónicos.
Por ejemplo, pide que se consulte al juzgado federal Nº 8, donde recayó la investigación que se inició en Lomas de Zamora y apuntó contra los Súper Mario Bros, si los espías Juan Sebastián De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra y Darío Biorci fueron investigados en esa causa y si se les secuestraron celulares o computadoras. De Stéfano y Dalmau Pereyra fueron procesados en ese expediente al inicio de la instrucción. Recientemente, la mayoría de los imputados se vio beneficiado cuando el caso pasó a Comodoro Py: la Cámara Federal porteña consideró que los hechos investigados encuadraban en el cuentapropismo y los favoreció con un fallo escandaloso al hacer caer la figura de "asociación ilícita". Así, dos jueces designados por Macri (Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens) le revocaron el procesamiento a De Stéfano, ex director de Asuntos Jurídicos. Dalamu Pereyra, ex director de Contrainteligencia, no tuvo la misma suerte.
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En la misma línea, la fiscalía solicitó a Kreplak que consulte al juzgado de Dolores donde se investiga el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan si se le secuestraron dispositivos electrónicos a Dalmau Pereyra, que también fue procesado por espionaje ilegal en este expediente junto al expresidente Mauricio Macri y otros exintegrantes de la AFI.
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Además, la fiscalía indicó que una vez cumplidas todas las medidas de prueba que requirió deja planteado al juez que proceda al llamado a indagatoria de los imputados que considere pertinente.
Extensión de la imputación
En su dictamen de este lunes, la fiscal extendió la imputación a todos los involucrados en la reunión del 15 de junio de 2017. Por lo que en la actualidad, están imputados en el caso de la "Gestapo antisindical":
- Marcelo Villegas, exministro de Trabajo bonaerense.
- Roberto Gigante, exministro de Infraestructura, Roberto Gigante.
- Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense.
- Juan Pablo Allan, senador provincial por Cambiemos.
- Julio Garro, intendente de La Plata de Cambiemos.
- Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI.
- Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia.
- Darío Biorci, cuñado de Majdalani y exjefe de Gabinete en la exSIDE.
- Marcelo Jaworski, director general de COPTERO.
- Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario.
- Jorge Oscar del Rio, presidente de APYMECO.
- Fernando Sacrachi, director de ACIP.
- Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.
- Ricardo José Alconada, presidente de OCSA.
- Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO).
- Más “toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos”. Es decir, que Vidal puede ser considerada imputada luego del pedido de análisis de su teléfono.
La “pista Axis”
En la grabación que se halló en la AFI de la reunión de junio de 2017, sobre el margen izquierdo, se lee el logo de la empresa “Axis Comunications”. El juez Kreplak ordenó este lunes “una compulsa mediante redes abiertas de internet, a los fines de verificar el objeto comercial de la empresa mencionada, así como el o los domicilio/s relacionados con la misma”. A través de Axis se podría llegar a determinar si la filmación que se encontró en una computadora de la AFI fue tomada por el sistema de video del Banco Provincia o si fue realizada por la agencia de inteligencia.
De acuerdo a la información judicial, Axis se dedica a la “venta e instalación de sistemas de video vigilancia mediante cámaras IP”. Pero no lo hace de manera directa a pesar de tener dos domicilios en la Capital Federal sino a través de dos “vendedores oficiales”: “Anixter Argentina S.A.” y “Distecna S.A”, ambas firmas también ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Distecna, además, tiene oficinas en Paraguay y EE.UU. Mientras que Anixter tiene su sede central en Illinois, EE.UU.
La “línea Axis” también fue abordada por la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, que citó al representante legal de la empresa para escuchar su testimonio.
Desde el Congreso, la bicameral también convocó a los empresarios que estaban sentados en la misma mesa que los funcionarios bonaerenses y los espías en el encuentro de junio de 2017 y que ahora fueron imputados. Se los esperaba para esta semana pero la mayoría pidió postergación por lo que se reprogramaría su declaración para la semana próxima. Es factible que luego sean citados en el Parlamento los tres agentes de inteligencia que lideraron la reunión en la sede porteña del Banco Provincia: De Stéfano, Dalmau Pereyra y Biorci.
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