El disparo del policía Facundo Nahuel Amendolara en el abdomen del músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier revivió debates y activó preguntas sobre la formación de las fuerzas de seguridad en el uso de armas de fuego, la falta de capacitación contener a una persona con padecimientos mentales o adicciones.
Mientras la Justicia evalúa la prueba y los testimonios para reconstruir la escena del hecho ocurrido en un barrio cerrado de Capilla del Señor, el músico continúa internado en terapia intensiva y el policía fue imputado por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial". Su defensa la asumió la Fundación Chocobar, nombre del policía condenado a dos años de prisión en suspenso por matar a un delincuente en 2017, respaldado por el expresidente Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En ese contexto, esta semana la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, relanzó el programa “Uso Racional de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego” (PUFEAF) junto a organismos de Derechos Humanos.
Frederic decidió reimpulsar y reestructurar el programa con los lineamientos generales que tenía la primera versión, creada por la exministra Nilda Garré en 2012, y que fue vaciado durante los cuatro años de gestión de Bullrich durante la presidencia de Macri.
El programa funciona como monitoreo del accionar policial y como insumo para generar nuevos contenidos de formación y entrenamiento. Según explicaron en el relanzamiento, el programa estaba “vacío” y “no había ningún tipo de intervención ante ningún evento en el que hubiera habido uso de armas de fuego”.
En líneas generales, el PUFEAF establece la obligatoriedad de la comunicación de parte de las fuerzas federales al Ministerio de Seguridad de todo hecho que involucre el disparo de un arma de fuego en el que participe personal de cualquiera de las cuatro fuerzas para su registro, análisis y abordaje institucional.
El subsecretario de Control y Transparencia Institucional, Esteban Rosa Alves, señaló en diálogo con El Destape que “retomar el ministerio después de cuatros años de la gestión anterior y una potencia expansiva de la doctrina Chocobar, exigió redefinir muy rigurosamente los planes de estudio porque hubo una actividad muy intensiva para ‘chocobarizar’ la función policial”.
“Hubo una pretensión de afianzar una doctrina, con el canto de sirena de que ellos cuidaban a los que nos cuidan y que no estaban del lado de los delincuentes, que en el fondo inoculaba un mandato social de salir a matar las ‘lacras sociales’, y que esa era su función”, advierte Rosa Alves, y explica que esa orientación tuvo “un impacto que pudo haber sido peor sin las políticas de formación y entrenamiento en base a un paradigma de Derechos Humanos y seguridad democrática de los años anteriores, al menos desde que Nilda Garré fue ministra de Seguridad”.
También se creó un Comité de Ética Profesional Policial que desarrollará, según se publicó el viernes en el Boletín Oficial, una doctrina sobre los principios, valores, competencias y conductas que deberían ordenar el accionar de las fuerzas policiales y de seguridad.
“Es muy importante, es una herramienta de fondo para definir y afianzar una visión de ética profesional para la función policial, para jerarquizar y nutrir la formación desde una perspectiva amplia”, explica Rosa Alves. Detalla que el Comité funcionará como guía para que las fuerzas “sepa cuáles son los límites de su accionar y también para asegurarle el desarrollo progresivo de su carrera”.
Sobre el accionar policial, el subsecretario apunta a que en su formación integral, los agentes entiendan también que “no hay un mandato social para lograr los fines de la seguridad interior a cualquier costo y de cualquier manera”.
“A veces podrán estar confiados de que un fiscal o juez sea benevolente en la mirada sobre el accionar, o de que el área de sumarios de la fuerza sea indulgente, pero no son variables que ellos controlen”, dice el funcionario de Seguridad.
En el relanzamiento del programa “Uso Racional de la Fuerza”, la directora nacional de Estadística Criminal, Ángela Oyhandy, dijo que “la inclusión exhaustiva en el Programa de cada uno de los hechos no implica abrir juicio a priori sobre legalidad y/o legitimidad”, sino que “expresa la necesidad de examinar integralmente cada uno de los hechos y generar un corpus de información sobre los usos de las armas de fuego y sus contextos”,
Del encuentro participaron representantes de Abuelas de Plaza de Mayo; de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); de H.I.J.O.S. Capital; de la Correpi; de Madres en Lucha; y de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil; entre otras organizaciones.
“Nosotros, sobre finales de año pasado, decidimos relanzarlo introduciendo nuevas herramientas pensadas para la prevención de la violencia institucional. En ese sentido, las organizaciones de Derechos Humanos son actores fundamentales de este programa y creemos que deben ocupar un lugar activo, no externo, un lugar protagónico de asesoramiento y sugerencia permanente”, aseguró la ministra Frederic al abrir la presentación.
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