La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, reconoce que las fuerzas de seguridad tuvieron un poder más ostensible durante los meses de cuarentena estricta, y anticipó en diálogo con El Destape que el enfoque para controlar y prevenir los casos de violencia institucional será mediante el reentrenamiento de agentes federales y provinciales. Con víctimas en su mayoría jóvenes y pobres, Frederic destaca que el gobierno de Alberto Fernández no impulsa un discurso de enfrentamiento contra ningún grupo social, a diferencia de la gestión de Macri y Patricia Bullrich.
La reunión del presidente con Cristina Castro, de la que participaste, ¿qué sentido político tuvo? ¿Qué significa recibir a una madre que denuncia al Estado por la desaparición de su hijo?
Fue importante para ella que el presidente fuera muy cálido, y respetuoso de la posición y del dolor que la atraviesa. Lo que yo hice fue entregarle un documento que establece cuáles son las pericias pendientes por parte de la Policía Federal y cuáles son los plazos en que estarían listas, entre otros que me pidió el presidente.
Tuvo un gesto muy afectivo con el presidente, conmigo también. Lo más importante es que ella sepa que estamos dando todo el apoyo y toda la disposición para que la investigación se realice de la manera más independiente posible, colaboramos en lo que se nos pida.
Los casos de violencia institucional se intensificaron durante la cuarentena. ¿Cuál es el diagnóstico y qué lugar ocupa entre las preocupaciones de tu gestión?
Ocupa un lugar muy importante. Durante la cuarentena se produjeron unos 90 hechos que tenemos registrados en todo el país. La mayor cantidad en abril, cuando la cuarentena fue más rígida y el poder de la policía era más ostensible.
En el ministerio hay mecanismos que se desarrollaron durante las gestiones de Nilda Garré y Cecilia Rodríguez que están orientados a controlar, limitar y prevenir la violencia institucional. En 2012 se creó un programa de uso racional de la fuerza, que durante la gestión de Bullrich fue menospreciado, y empezamos a restablecerlo, actualizarlo y comunicarlo a las provincias. Tuvimos dos sesiones del Consejo de Seguridad Interior dedicadas exclusivamente al tema. Enviamos comunicaciones a las provincias donde registramos los casos más graves, y en los casos de los agentes federales que cometieron hechos atravesaron los procesos disciplinarios para revisar la actuación.
Sin embargo, los casos de violencia persisten. Cambian los gobiernos y los hechos se repiten. ¿Dónde está el nudo estructural de esa problemática?
Bueno, no se repiten igual. Hay épocas en las que se incrementan y otras en las que disminuye. Tiendo a pensar que hay condiciones que hacen a los contextos, no soy tan partidaria de que esto es una herencia de la dictadura. Los policías que hoy actúan son generaciones que nacieron, crecieron y se formaron en democracia.
Hay una serie de factores diversos. La conducción política tiene una cuota de responsabilidad, el modo en que expone a su personal a órdenes y circunstancias en las que actúan, y que muchas veces termina con hechos lamentables. La Justicia también tiene responsabilidad, hay muchos casos de violencia institucional que no son sancionados como corresponde. Y a veces la Justicia delega en la policía un poder que no debería y le da más discrecionalidad de la que tienen. Y en la Argentina, en los últimos veinte años, se duplicó la cantidad de fuerzas policiales en la calle, hay más roces.
Y luego hay algo que habrá que saldar, que es un mayor respeto a las fuerzas de seguridad. Está claro que es medio como el huevo y la gallina, qué está primero, si una fuerza competente para ganar respeto, o el respeto para que la fuerza sea competente.
¿Sería más un camino de profesionalizar o reentrenar que democratizar? ¿Cómo se transforma esa dinámica de abusos y violencia?
La Argentina tuvo una etapa en que las reformas policiales apuntaron a la formación básica. Ahora hay que ir hacia una de fortalecimiento del reentrenamiento policial, donde actualicen su doctrina, reentrenarse no solo en el uso del arma sino en contextos donde se usan, una revisión del entrenamiento físico, de la alimentación. Hay experiencias que han sido muy buenas en la Policía Federal. Y estamos comenzando la construcción de un centro federal de reentrenamiento para agentes federales y provinciales.
Un reentrenamiento de las fuerzas de seguridad, ¿es un camino a mediano y largo plazo o puede generar resultados más inmediatos?
Tiene efectos inmediatos. Hay que pensar el trabajo policial como uno de los que mayor estrés genera, está demostrado en el mundo. Casos de enfermedades psicosomáticas, angustia, suicidios, infartos, problemas de presión.
Ellos dicen que los casos de violencia institucional o el abuso de la fuerza muchas veces se producen porque empiezan a normalizar el operativo y terminan ocurriendo hechos, por eso creo que puede tener un efecto inmediato brindarles un momento de apartamiento para trabajar sobre lo que hacen, pensar lo que hacen, y desrutinizar lo que hacen.
Las víctimas de la violencia institucional o Estatal estuvieron siempre en los márgenes de la sociedad. Son de quienes la policía se supone que defiende al resto de la sociedad. Hace años que claramente son en su mayoría jóvenes y pobres. ¿Cuánto influye el clima social de época en la definición de esas supuestas amenazas?
En la calle, en general, la policía se encuentra menos con los sectores sociales más altos. Es muy difícil generalizar, estamos empezando una gestión y todavía no fue posible, por la emergencia sanitaria, terminar de transmitir lo que el presidente dijo claramente en su discurso de apertura ante la Asamblea Legislativa, que hay que empezar por los últimos, un manifiesto sobre la importancia de la diversidad y el reconocimiento del otro. Tenemos que poner eso en políticas, en acción y transmitirlo a todos los niveles de gobierno y por supuesto a las policías.
Tenemos firmas de convenios con el SEDRONAR, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para capacitar a las fuerzas federales y provinciales en derecho indígena, trabajamos con perspectiva de género hacia dentro y fuera de las fuerzas, debemos trabajar sobre un tema importante como los migrantes, hay una tarea enorme para desestigmatizar a ciertos sectores sociales y no cargar sobre ellos una doble condena.
Insisto sobre esa construcción de grupos que en teoría son una amenaza para el resto de la sociedad, sobre los que luego la policía actúa con violencia. ¿Quién construye esa criminalización y cómo llega eso al accionar de la fuerza estatal?
Para nosotros no hay grupos contra los cuales haya que ir. Sí los hubo en la gestión anterior, por ejemplo los pueblos originarios, contra quienes claramente se iba. Nosotros no tenemos una política contra ningún grupo social. Es cierto lo que decís, hay un hostigamiento de algunos policías, sin generalizar, que tiende a ser contra los sectores sociales más bajos. Eso es algo que se desmonta de muchas maneras pero no es fácil hacerlo, porque la tendencia es que la policía tenga más presencia en esos barrios, y porque la relación con la calle es diferente. Ahí es donde la policía se cruza con sectores que han tenido muy pocas oportunidades en su vida, y esa falta de oportunidades termina convirtiendo a la policía en la expresión de una autoridad que muchas veces están confrontando. Pero no hay que generalizar, no toda la policía participa de situaciones como esas.
Se comparó el caso de Facundo, incluso desde el macrismo, con el de Santiago Maldonado. La denuncia penal a Pablo Noceti por su accionar en el operativo represivo que terminó con la muerte de Maldonado, y la revisión de la propia Gendarmería sobre su rol en el hecho. ¿Qué objetivo tiene?
Esa investigación disciplinaria era necesaria e imprescindible. Por mi trabajo de campo tenía información de parte de los gendarmes, no de los que estuvieron ahí sino de otros que hacen tareas similares, sobre la negligencia y el apartamiento de las doctrinas y los protocolos. Cuando llegamos al ministerio descubrimos que no se había hecho la investigación que correspondía, se lo ordené a las nuevas autoridades de Gendarmería, y realmente ellos hicieron un trabajo muy serio, profesional, y muchos de los que participaron de las entrevistas dieron cuenta de la presencia en el lugar del jefe de Gabinete de Patricia Bullrich. Eso nos permitió tener la suficiente información, a nuestro criterio, para formular esa denuncia penal y dejar a disposición de la Justicia las 600 fojas de la investigación disciplinaria.
Eso nos permitió tener la suficiente información, a nuestro criterio, para formular esa denuncia penal y dejar a disposición de la Justicia las 600 fojas de la investigación disciplinaria. Son un ejemplo de lecciones aprendidas. Va a servir para capacitar y mostrar a las generaciones actuales y futuras cuáles son los protocolos a los que ajustarse para desalojar a 8 o 9 personas en un corte de ruta.
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