Los movimientos sociales más cercanos al Gobierno -el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa- realizaron un "banderazo" en espacios públicos de todo el país, que consistió en la realización de pequeños actos, reparto de folletos y recolección de firmas en respaldo al proyecto para gravar la renta inesperada. La iniciativa de esta sábado se dio en medio de una renovada ofensiva contra las organizaciones propiciada desde los medios opositores, pero también por un debate interno en el oficialismo que empujan gobernadores e intendentes que buscan centralizar en sus manos el reparto de planes y asistencia que distribuye el Estado.
"Esta renta permite fortalecer el ingreso del Estado para atender las situaciones sociales que nos parecen importantes", explicó el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien pasó la jornada en Santiago del Estero. Bajo la consigna "Sí a la ley que captura la Renta Inesperada. Paguemos la deuda interna" apuntaron a difundir detalles del proyecto impulsado por el Ejecutivo. En una entrevista, el presidente Alberto Fernández también habló sobre la necesidad de aprobar esta propuesta que ya ingresó a la Cámara de Diputados y explicó que en todo el mundo se están discutiendo iniciativas similares, que lo había conversado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la reciente Cumbre de las Américas.
Más allá del respaldo a este proyecto en particular, la movilización de las organizaciones sociales se produjo en momentos que nuevamente están siendo cuestionadas. Desde los medios opositores, principalmente a las agrupaciones de izquierda, por la repetición de cortes de calles -hubo muchas notas sobre los supuestos "miles" de cortes en lo que va del año- y por el trascendido acerca de que se financian con un pequeño porcentaje de los planes que distribuyen. En lo que respecta al oficialismo, en cambio, los cuestionamientos pasan por la presión de gobernadores e intendentes al Ejecutivo para que los programas de asistencia pasen a sus manos y que las organizaciones sociales pierdan peso. Muchas de estas organizaciones sumaron volumen político en las provincias y le generan problemas a los gobernadores.
Los jefes provinciales del Norte Grande le plantearon días atrás la inquietud al jefe de gabinete, Juan Manzur, y, quienes tuvieron oportunidad de conversar con él, también se lo transmitieron personalmente a Fernández. En la carta en la que 16 mandatarios del Frente de Todos y aliados provinciales lanzaron la "liga de gobernadores" adelantaron que estudiaban "alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno". También los intendentes recelan del peso que adquirieron las organizaciones sociales en algunos municipios en los que amenazan con la posibilidad de presentar candidatos propios en las próximas elecciones. Un caso es el lanzamiento en La Matanza -nada menos- de la legisladora provincial Patricia Cubría, esposa del secretario de la Economía Social y referente del Evita, Emilio Pérsico.
El Evita, por otro lado, mantiene una histórica tensión territorial con La Cámpora. La agrupación que lidera Máximo Kirchner buscaría modificar la política social y su objetivo es que la distribución de planes quede en manos de la Anses, que conduce la camporista Fernanda Raverta. Ante estas movidas, desde hace tiempo las agrupaciones alineadas con Alberto Fernández esperan que defina la institucionalización de la economía popular a través de la creación de una Agencia que centralizaría toda la asistencia en sus manos. El Presidente se lo prometió en privado, pero la resistencia dentro del Frente de Todos lo llevó a postergar una y otra vez la concreción.
En las organizaciones sociales entienden que quienes recelan de su rol en el oficialismo se equivocan porque en vez de discutir quién está a cargo del reparto de planes no están debatiendo propuestas para convertir los planes en trabajo genuino, la gran discusión a futuro en un mundo cada vez más tecnológico y menos generador de empleo. "La clase política que generó toda esta pobreza durante todos estos años quiere ahora ver la manera de administrarla. Los planes sociales representan sólo el 5% de empleo de la Argentina, por eso queremos dicutir cómo generamos trabajo", explicó el secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente del Evita, Fernando "Chino" Navarro.
Otra queja de los movimientos sociales es que en los peores momentos de la pandemia hubo muchos barrios a los que el Estado no llegaba y que allí sólo estuvieron ellos junto a algunas iglesias y ONG para ayudar a la subsistencia. Y que ahora que la situación es mejor buscan quitarlos del medio. "No hay magnitud de la situación. Cuando lanzaron el IFE creían que se iban a anotar tres millones de personas y terminaron pagando casi diez millones", explicaban desde las organizaciones. Una de sus propuestas para conocer cuántos están en esta situación es el monotributo productivo, que apunta a regularizar a quienes tienen trabajo en negro. Gracias al esquema, accederían a un plan de salud, aportarían al sistema jubilatorio y podrían adquirir herramientas.
Los movimientos sociales apuestan a fortalecerse en medio de este recrudecimiento de cuestionamientos. Por eso, por ejemplo, comentaban que se movilizarán al Congreso el día que se debata el proyecto de renta inesperada y adelantaban una multitud para el 7 de agosto, el día de San Cayetano, cuando volverán a volcarse a las calles para expresar la necesidad de escuchar los principios "Tierra, Techo y Trabajo" que propone el papa Francisco."Nos unimos bajo el lema 'Argentina Desde Abajo'", explicaban en los volantes distribuidos ayer.
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