Minutos antes de que comenzara una audiencia clave en el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, el Alto Tribunal suspendió su reunión de acuerdo que estaba pautada para este jueves. ¿La razón? Que no había ningún tema a discutir. La sorpresiva decisión provocó suspicacias.
El jueves de la semana pasada, cuando la Comisión de Juicio Político avanzó con la citación de los primeros testigos del proceso y dio impulso a medidas de prueba, la Corte difundió una resolución en la que le asestó un nuevo revés al FdT: aceptó la postulación de los senadores María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Eduardo Vischi para el Consejo de la Magistratura pero le denegó el juramento al senador Martin Doñate, muy cercano a Cristina Kirchner.
El conflicto en torno a la conformación del órgano de selección y sanción de jueces es una de las diversas causales del juicio político a los supremos. Se les achaca adjudicarse facultades legislativas para definir su integración. Esta decisión fue leída como un contraataque de la Corte. Aquel jueves, los cortesanos mostraron una vez más el daño político que pueden provocar. En agenda, por ejemplo, tienen para definir si reabren o no la causa “Dólar Futuro”.
Ese expediente, uno de los paradigmáticos del Lawfare, fue cerrado por la Cámara Federal de Casación Penal, pero recientemente tuvo un dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal, para que se revoque la clausura y se reanude el proceso. Si la Corte coincide con Casal, Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonanerense Axel Kicillof deberán ir a juicio en ese proceso.
Según indicó la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, el proceso de acumulación de prueba puede extenderse unos tres meses. En la Corte lo tienen presente. Los supremos saben que más tarde o más temprano les llegará la revisión de las causas “Memorándum con Irán” y “Hotesur-Los Sauces”, que ahora se están analizando en la Cámara Federal de Casación Penal y que si bien fueron cerradas también pueden reabrirse. Es decir, en total, deben definir si envían a la actual vicepresidenta a tres juicios orales. A lo que se suma que es factible que les llegue –tras un paso por Casación- la revisión de la sentencia de la causa “Vialidad”, donde CFK fue condenada a 6 años de prisión y la inhabilitación a ejercer cargos públicos. Los fundamentos de ese veredicto, con el que se busca proscribir a Cristina, los dará a conocer el tribunal de juicio el próximo jueves 9 de marzo.
Los primeros testigos Este jueves comienzan a declarar los primeros testigos del proceso. El primero en tomar la palabra es el juez federal Sebastián Ramos, con despacho en Comodoro Py. Ramos archivó dos denuncias por la filtración de chats que involucran al ministro porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano, que se acumularon en el juzgado de María Eugenia Capuchetti que Ramos subrogó durante un pasaje de la feria judicial. Para poder archivar el caso fueron clave dos actores: el fiscal procesado por espionaje ilegal Carlos Stornelli y el abogado Gastón Marano, quien defiende al “copito” Gabriel Carrizo en el caso del atentado contra Cristina Kirchner.
La trama, que cuenta con duplicación de causas e insinúa una coordinación entre los distintos protagonistas, incluye corrimientos de jueces y fiscales y muestra cómo aún en plena feria los tribunales federales de Retiro activan sus engranajes para blindar a Juntos por el Cambio y sus socios.
El segundo en tomar la palabra será el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien tuvo la denuncia por la filtración de chats que realizó el gobernador Axel Kicillof contra D’Alessandro y Robles. Si bien Ramos Padilla se declaró incompetente, en una resolución de 17 páginas expuso las irregularidades que se llevaron a cabo en la causa por los mismos hechos que tramitó en Comodoro Py y que terminó archivada por el juez Ramos.
En el orden tentativo de exposiciones de este jueves figura segundo. Luego se espera el testimonio de: Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial Nº 5, que ya no existe en el organigrama de la Corte; Sergio Ruben Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, quien está en la Secretaría Judicial Nº 2, que es previsional; Alejandro Daniel Rodríguez, está en Secretaría de Juicios Originarios; Roberto Miguel Ángel Saggese, de la vocalía de Horacio Rosatti.
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