El presidente Alberto Fernández buscará acordar este martes con la Liga de Gobernadores del Frente de Todos el pedido de juicio político a la Corte Suprema en un encuentro que arrancará a las 11 en la Casa Rosada. Será la continuidad de la que tuvieron antes de Navidad, luego del fallo del máximo tribunal a favor del reclamo de CABA por los fondos coparticipables. Después de aquella reunión hubo algunas idas y venidas, pero la última tanda de presuntos chats conocida terminó de definir la postura de ir a fondo para frenar el continuo avance de la Corte sobre competencias ejecutivas y legislativas. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de los más duros, se anticipó a presentar una denuncia en su provincia contra Silvio Robles, vocero y operador de Horacio Rosatti, por tráfico de influencias.
Alberto anticipó la convocatoria en su carta de Año Nuevo. "Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica. He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal", anunció allí. Los gobernadores estaban al tanto de la movida, pero habían convenido que el anuncio corriera por cuenta de la Casa Rosada.
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"Vamos a avanzar con el juicio político", comunicaban cerca del Presidente respecto al objetivo de la convocatoria. Será una manera de dejar atrás las diferencias que pudieron haber surgido luego de la reunión anterior, de la que salió un duro comunicado en el que Alberto y 14 gobernadores calificaron al fallo de la Corte Suprema a favor de CABA como "político" y de "imposible cumplimiento". Esta declaración, sin embargo, quedó luego relativizada con la decisión de pagarlo con un bono y un nuevo impuesto a determinar por el Congreso.
La vicepresidenta Cristina Kirchner ironizó entonces con una alusión a "la agrupación política amague y recule permanente". Pero lo escandaloso de la nueva tanda de presuntos chats, en los que queda al descubierto el arreglo de la Corte Suprema, a través de Robles, con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, terminaron por convencer a la Casa Rosada.
El santiagueño Zamora junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el chaqueño Jorge Capitanich y el riojano Ricardo Quintela vienen siendo los más enfáticos en sus críticas a la Corte. Zamora fue el primero en salir a decir que Rosatti no podía seguir un día más al frente del tribunal y del Consejo de la Magistratura, y que se le debía iniciar un juicio político, postura que luego comunicó el Presidente.
Este lunes, un día antes de la reunión, el santiagueño informó que a través del fiscal de Estado de la provincia había presentado una denuncia penal contra Robles en la que solicitó en una medida cautelar la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficial. "No solo vemos amenazado un pilar fundamental de la nación, que es el federalismo, sino que además, frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho", sostuvo. El juez federal Guillermo Molinari hizo lugar al pedido e intimó a Robles para que entregue su celular.
En la anterior reunión, los 14 gobernadores del Frente de Todos estaban muy enojados por el fallo a favor de CABA que le otorgó unos 180 mil millones de pesos extra para 2023. La acusaron de financiar la campaña electoral del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y firmaron el documento de rechazo. Luego adhirieron otros cuatro gobernadores de partidos provinciales, aunque mostraron matices respecto a la declaración del Ejecutivo. Fuera de los mandatarios de Juntos por Cambio, los únicos que no se pronunciaron fueron el santafesino Omar Perotti y el cordobés Juan Schiaretti.
Ahora, habrá que esperar para ver cuántos gobernadores firman el pedido de juicio político, dado que algunas provincias tienen causas en trámite en el alto tribunal. "Espero que firmen todos. Por lo menos, los valientes de siempre vamos a apoyarlo", comentaba uno de los gobernadores más afines al kirchnerismo.
El respaldo político que tenga el pedido de juicio será importante para empujar su avance en el Congreso. "El bloque del Frente de Todos tiene mayoría en la Comisión para tramitar en la apertura del sumario para empezar a investigar. La investigación dura 60 días”, informó la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la comisión de Juicio Político, en diálogo con El Destape Radio. En ese plazo pueden llamar a los acusados para que comparezcan ante la comisión, además de pedir medidas, citar testigos y emitir dictamen.
“Se conocieron estos chats donde claramente hay tráfico de influencias respecto a una persona de mucha confianza del Presidente del máximo tribunal. No se puede no hacer nada cuando nos enteramos que una persona de confianza del presidente de la Corte habla con el ministro de Justicia de CABA para arreglar un fallo", añadió Gaillard. El oficialismo cuenta con 16 de los 31 integrantes de la comisión, por lo que tendría número para el dictamen.
El paso siguiente al dictamen será el tratamiento en el recinto, donde serán necesarios el voto de los dos tercios para aprobar la acusación. Eso será imposible sin, al menos, un sector de Juntos por el Cambio, que emitió una nueva declaración de rechazo a "la trasnochada pretensión del Presidente" de iniciar el juicio político. En el comunicado no hicieron ninguna mención a las escandalosas revelaciones de los chats, sino que insistieron en una supuesta "defensa de las instituciones" ante los "ataques" del Gobierno.
Sin embargo, habrá que estar atentos al avance de la instrucción del expediente en la comisión y ver si los acusados pueden dar alguna explicación convincente. “Yo soy optimista en el sentido de que son tan contundentes las pruebas para separarlos por mal desempeño y por delito en ejercicio de la función, que a la oposición le va a resultar muy difícil defenderlos”, consideró el diputado Leopoldo Moreau.
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