Cómo boicotear una estrategia sanitaria y causar muertes en pocos meses: el protocolo de Juntos por el Cambio

Formosa pasó de tener un muerto por COVID-19 en todo 2020 a 443 en la actualidad. Ese aumento trágico se debió a un cambio de estrategia sanitaria que obligó a la provincia a cumplir con reglas poco efectivas que solo generan muertes y contagios diarios, tras una campaña política-judicial que terminó en un desastre sanitario.

28 de mayo, 2021 | 12.03

Cómo Formosa pasó de tener contagios de COVID-19 casi nulos y una muerte en todo un año, a tener 443 decesos y 9.276 casos activos (al 27 de mayo), es una historia que duró unos tres meses y que tienen a la vista un común denominador: Juntos por el Cambio. Sin duda, hubo una realidad antes y otra después de que se dictaran fallos judiciales contra la estrategia sanitaria, y estos provocaron que el esfuerzo por evitar muertes falle. 

El partido opositor se dedicó a desprestigiar la estrategia sanitaria de la provincia, a través de una campaña político-mediática a la que se sumaron fallos judiciales que permitieron cambiar en gran parte el camino que el Gobierno Provincial trazó y que, durante 10 meses, mantuvo a salvo a la población de Formosa. Para entender todo se deberá comenzar desde el principio.

En el parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia contra el COVID-19 del pasado 30 de diciembre se consigna, en los datos acumulados de la provincia, que había una persona fallecida por COVID-19 y 32 casos activos (hasta ese momento los contagios se acumulaban en 297 casos), números que prácticamente estuvieron inmóviles desde el inicio de la pandemia hasta ese punto.

De un muerto en el 2020 se pasó a 443 fallecidos en la actualidad.

 

El resultado no era casualidad porque en ese momento el ingreso a la provincia de Formosa era con turnos programados y el aislamiento no era domiciliario, sino que se realizaba en un Centro de Asistencia Sanitaria (CAS) para los casos positivos, y en los Centros de Asistencia Preventiva (CAP) para quienes ingresaban a la provincia, lo que permitía detectar contagios y evitar que la persona pueda esparcir el virus accidentalmente. De esta manera, una vez que estaba sana, volvía a su domicilio.

Sin embargo, tras una presentación de Juntos por el Cambio (JxC) y un fallo de la Corte Suprema, la modalidad de ingreso debió cambiarse y se ordenó que este sea de manera simultánea y no por turnos. Esto produjo un efecto negativo: solamente en el parte del 30 de enero de este año se pudo ver que los números comenzaron a aumentar ya que los casos acumulados subieron a 1.138 y los fallecidos se elevaron a 10.

Lamentablemente, era el principio del fin del buen estatus sanitario de la provincia. Actualmente, la provincia padece de contagios y muertes diarias, como en el resto del país. La apertura, ordenada por la Corte Suprema y orquestada por Juntos por el Cambio que hizo las presentaciones judiciales, fue y es asesina.

En el gráfico se puede ver cómo incidió el accionar de Juntos por el Cambio y el fallo judicial en el aumento de contagios.

Se debe remarcar que el ingreso a la provincia fue cuestionado durante meses, primero desde la prensa y luego desde la oposición política, que lejos de intentar perfeccionar la estrategia se dedicó a bloquearla primero y luego modificarla. 

Un paralelismo puede trazarse con el cruce entre el Gobierno Nacional y Ciudad de Buenos Aires por la presencialidad en las escuelas, en la que lejos de intentar dialogar y a encontrar un punto de acuerdo, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta acudió a la Corte Suprema para mantener los establecimientos abiertos, ante el Decreto presidencial que ordenaba que haya clases virtuales por algunos días. 

Nota aparte resulta del hecho de que, a pesar de que Larreta obtuvo un fallo favorable, debió ordenar el cierre de las escuelas de todas formas, ante el aumento de contagios que demandaron disminuir la circulación. 

Los varados

Todo comenzó con las personas que no podían ingresar a la provincia, a las cuales desde la prensa se les llamó “varados” ya que un grupo permanecía en la frontera de Chaco-Formosa, sin techo alguno. Esto se avivó primeramente en la prensa y posteriormente los referentes de Juntos por el Cambio hicieron presentaciones judiciales, que finalmente favorecieron su postura y provocó un cambio en el ingreso a la provincia.

Lo paradójico es que de las 8.876 personas que “esperaban” poder entrar a Formosa, más de la mitad rechazó el ingreso una vez que la Corte Suprema se los permitió.

Más de la mitad de las 8.876 personas que querían entrar a Formosa se negaron a hacerlo una vez que el fallo de la Corte se lo permitió.

Las razones de la negativa eran muchas, pero lo cierto es que esas personas reclamaron una medida que al final no utilizaron ya que no entraron a Formosa, según consignó el matutino La Nación.

Como se dijo, las presentaciones de Juntos por el Cambio y el fallo de la Corte Suprema marcaron el principio del fin de la buena situación sanitaria de la provincia, que hasta diciembre estaba en un proceso gradual de aperturas de actividades, y que tuvo que interrumpirlo por el aumento de contagios y muertes, registrado a partir de la flexibilización del ingreso a la provincia. A todo esto, debe aclararse que el ingreso nunca estuvo prohibido.  

Se debe destacar el acatamiento del Gobierno a los fallos judiciales, y su intento por amoldarlos para que provoquen el menor daño posible. En ese sentido, una vez que la Corte ordenó que el ingreso sea en simultáneo, se destinaron fondos para acondicionar los centros gubernamentales con camas, elementos de limpieza, personal sanitario, gestionar hoteles para alojar a las personas y otras medidas.

Hubo compras de camas, insumos, inversión en personal y fondos para adaptar los Centros de Asistencia Preventiva, para aquellas personas que llegaban a la provincia. 

Tanta inversión que se realizó para que luego Juntos por el Cambio exigiera, a través de otro fallo que logró en la Justicia, que directamente no existan dichos centros.  

Formosa, obligada a abandonar de la estrategia que salvó vidas

En marzo vino la debacle sanitaria. Como luego del primer fallo de la Corte, la de los varados, los casos comenzaron a aumentar y ya se vislumbraba un colapso sanitario en Formosa, el Gobierno debió tomar medidas para restringir la circulación.

A tener en cuenta: ya el primer día de ese mes se contabilizaban 18 fallecidos y 1.368 casos acumulados (debe recordarse que eran 10 muertos los registrados a finales de enero y uno en diciembre). Esto provocó el retorno a la Fase 1 en las ciudades de Formosa y Clorinda, que eran las localidades más afectadas.

El 4 de ese mes, un grupo reducido de personas fue a la Casa de Gobierno de Formosa y tiró huevos y elementos contundentes contra los ventanales del edificio. Por estos incidentes y teniendo en cuenta que al otro día iba a haber otra marcha, se decidió cerrar la cuadra del edificio y vallarlo desde la esquina de Belgrano y la avenida 25 de mayo. 

Patricia Bullrich en la ciudad de Formosa

El 5 de marzo ocurrió otra movilización, esta vez más concurrida, en la que sectores gastronómicos y trabajadores de distintos rubros salieron a protestar contra la vuelta a la Fase 1, acompañados por sectores políticos opositores, personas que querían el regreso de las clases presenciales y el resto de una heterogénea multitud.

La jornada estuvo marcada por la violencia que se desató luego de que se tiraran las vallas (algunos protestantes querían atacar nuevamente la Casa de Gobierno).

Al poco tiempo, la referente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y su séquito (formado por el Diputado Waldo Wolff, el Senador Luis Naidenoff y Ricardo Buryaile), se presentaron en la provincia para apoyar que no haya restricciones sanitarias y exigían que el aislamiento sea domiciliario, apelando a la responsabilidad individual, método que para evitar muertes y contagios no sirvió.

 

Acto de Bullrich en Clorinda, en momentos en que la ciudad era la más afectada por los casos de COVID-19. 

Su gira para exigir que se tome el camino que llevó al contagio y muerte de miles de compatriotas en el país, comenzó en la capital de Formosa y siguió en Clorinda, que hasta ese momento era la ciudad más afectada, donde congregó a una multitud a la que habló vestida de presidiaria.

Mientras ocurrían las marchas durante los primeros días de marzo, de noche había jóvenes que se juntaban en pleno centro capitalino a tomar bebidas alcohólicas y a romper cualquier medida sanitaria posible. “Les compraban cerveza a los jóvenes para que se ‘rebelen’ contra el ‘dictador’ y que tomen en la calle” sostuvo el Senador por Formosa, José Mayans, durante un reciente discurso en la Cámara Alta del Congreso, en referencia a lo que hizo JxC esas noches.

En el siguiente video, se puede observar cómo una multitud de jóvenes se congregó en la avenida 25 de Mayo a realizar su propia “fiesta”, sin barbijos ni distancia, con alcohol y muchísimo riesgo sanitario. 

Lo cierto es que había un llamado a la desobediencia civil que se podía ver en las redes sociales, o bien en los bares que se negaron a cerrar y permanecieron abiertos, mientras multitudes de jóvenes se dedicaba a tomar allí o en la vía pública. Además, se pudo ver un aumento en las violaciones a cuarentenas domiciliarias y fiestas clandestinas.

Uno de los bares que se negó a cerrar, dicho sea de paso, tuvo al poco tiempo casos de COVID-19.

De mal en peor

¿Cómo terminó marzo? Con tres nuevos muertos. La cifra de ese momento se elevó a 43 personas fallecidas. De los 126 casos activos que había el 1 de marzo se pasó a 861 el 31 de marzo.

Tras ello vino la estocada final ya que los cuestionamientos a los Centros de Atención Preventiva (CAP) se avivaron con las marchas, denuncias mediáticas y miles de entrevistas a referentes opositores, que reclamaban un aislamiento domiciliario.

Ese ambiente, fue propicio para fallos judiciales adversos a la estrategia sanitaria, que la modificaron casi en su totalidad. Después del 22 de marzo los ingresos a Formosa no implican un aislamiento en un centro gubernamental, sino que pueden hacerse en las viviendas. Misma regla se aplicó para las personas que tuvieron contacto estrecho con un positivo.

Hoy, el aislamiento en un centro gubernamental se hace solo para casos confirmados de COVID-19 positivo, lo que no facilita el control para detectar personas asintomáticas y evitar contagios. Al respecto de este último punto, según datos de la Policía, en los últimos 15 días se detectaron 33 personas con COVID-19 positivo que circulaban por la calle. ¿Esa era la “responsabilidad” individual que pregonaba Bullrich?

Pese a que Formosa ya aplicó más de 100 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que en Argentina hasta ahora se aplicaron 11 millones, los contagios no se detienen y las muertes menos. Así es que el Gobierno intenta, como puede y sorteando todos los obstáculos posibles, evitar la tragedia a la que fue empujado por intereses mezquinos.

Sería interesante preguntarles a Bullrich, Wolff, Naidenoff, Buryaile y tantos otros, ¡¿cuándo volverán a Formosa a explicarles a los familiares de los fallecidos, que estos no habrían muerto si se hubieran quedado en sus casas?!

Fernando Savater propone algo muy interesante para reflexionar: "No queremos una libertad basada en los contagios".

 

LA FERIA DE EL DESTAPE ►