El proyecto de la Nueva Planta de Uranio (NPU) de Dioxitek en Formosa fue paralizado por la falta de transferencias comprometidas por parte del Tesoro de la Nación. Se trata de un proyecto clave para el ciclo de combustibles nucleares en Argentina: estaba destinado a producir dióxido de uranio (UO₂), que es un elemento esencial para las centrales nucleares del país. La paralización de la planta repercutirá negativamente en los reactores, que no tendrán lo necesario para funcionar, y causará un grave daño a la matriz energética nacional.
Dioxitek abastece el 7% de la energía eléctrica nacional. La complementación de esta planta con la actual en Córdoba es crucial para mejorar la eficiencia y asegurar el suministro continuo de combustible nuclear necesario para las centrales de Atucha I, Atucha II, y Embalse.
El expresidente del Directorio de Dioxitek, Julio René Aráoz, lamentó la decisión nacional y analizó que la paralización de la planta de Formosa perjudica a toda la industria energética de Argentina, al respecto expresó: “La construcción de la planta tenía por objetivo fortalecer la capacidad de proporcionar energía limpia y confiable con tecnología única en el país y una de las pocas en Sudamérica, significaba una gran innovación”, en relación a ello destacó “su total digitalización de procesos, todas las operaciones iban a estar automatizadas y controladas digitalmente”.
Por su tecnología y sus características logísticas la planta iba a minimizar el impacto ambiental y a eliminar la necesidad de desechar líquidos, al adoptar un enfoque de vertido líquido cero. Comparada con las actuales plantas industriales en el país y la región, la NPU iba a estar a la vanguardia ofreciendo un modelo de eficiencia, seguridad y modernización.
Dioxitek es reconocida por ser líder regional en la producción de UO₂ y en la fabricación de fuentes selladas de Cobalto-60 (Co-60), utilizado en diversos sectores como la medicina y la industria alimentaria. Todas estas tecnologías son exportadas a Canadá y Chile. En este marco, la paralización del proyecto NPU no solo compromete el suministro energético del país, sino que también impacta negativamente en la economía regional y en las numerosas contratistas involucradas en el proyecto, las cuales hoy exigen el pago de los compromisos asumidos, generando un perjuicio económico significativo y potenciales conflictos legales.
Esta falta de financiamiento nacional generó una serie de consecuencias graves. Además del riesgo de interrupción en la producción de energía nuclear, la paralización llevó a la pérdida de empleos especializados y al abandono de infraestructura e instalaciones al 70% de su avance, lo cual representa una pérdida de inversión para el Estado nacional por 150 millones de dólares.
La situación actual también puso a Dioxitek en una posición precaria legal y financiera, con deudas pendientes que amenazan su estabilidad operativa y su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos con terceros.
El futuro de la planta de Dioxitek en Córdoba, que ya enfrenta desafíos regulatorios, también está supeditado al avance del proyecto NPU en Formosa. La renovación del permiso para su operación más allá de diciembre de 2024 depende directamente del progreso de Dioxitek en Formosa.
La paralización de Dioxitek limita la creación de empleos y el desarrollo económico en Formosa y otras regiones asociadas. La generación de pequeñas y medianas empresas locales también se ve afectada, ya que restringe y frena el crecimiento industrial y tecnológico de la región.
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