El presidente del Banco Central (BCRA) Miguel Pesce -según el matutino La Nación en su edición del último lunes- reclamó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) flexibilice las condiciones de préstamos extraordinarios como el que le brindó a la Argentina, en especial, porque “no hay que descartar que se repitan otras circunstancias similares, en otros países”. La afirmación incluye la posibilidad de que esto ayude a incorporar a Rusia y a China en un eventual acuerdo de apoyo a la Argentina, lo que permitiría a nuestro país eludir la práctica de las habituales “condicionalidades” del FMI, palabra que designa la pérdida de soberanía nacional a manos de la burocracia del organismo de crédito y de sus estados mandantes, Estados Unidos en primer lugar. La importancia del punto es extraordinaria: la cuestión de la autonomía nacional para decidir sus políticas públicas es, en la práctica, lo más importante de la negociación en marcha. Se trata, por eso, de la insinuación de un giro que podría producir un corte histórico respecto de lo que ha sido habitual en la relación argentina con el Fondo entablada en 1955 bajo un gobierno dictatorial, después del derrocamiento de Perón.
Sería bueno utilizar a favor de la apertura de esa oportunidad, todo lo que en estos casi dos años de pandemia se ha discutido a lo largo y lo ancho del mundo acerca de la excepcionalidad de la situación abierta y la necesidad de revisar los postulados orgánicos de las finanzas internacionales. De manera que la política exterior argentina debería extremar su intervención en este asunto con un claro designio de defender nuestra soberanía política que, de hecho, es la cuestión principal que esta negociación supone. Es la oportunidad de abrir un amplio debate sobre la deuda odiosa e ilegal contraída por el gobierno de Macri, incluyendo en esa discusión una perspectiva geopolítica para nuestro país. Dicho de otro modo: el significado actual de la “tercera posición”.
El gobierno norteamericano no se ha abstenido de ejercer una pública presión sobre el gobierno argentino, que incluye las opiniones de Mr. Stanley, que próximamente asumirá en la embajada de Estados Unidos en nuestro país: “no tienen un plan”, sentenció el diplomático para agregar “creo que está viniendo uno”, seguramente para referirse a la política que el gobierno de Biden “aconseja” al nuestro. En el mismo sentido se han expedido distintos funcionarios del Departamento de Estado de ese país, haciendo públicas sus preocupaciones por la relación de nuestro país con los estados de Rusia y de China.
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Se trata de una oportunidad política excepcional. Y es por eso curiosa la escasa relevancia que, en general, se han atribuido a estas declaraciones de Pesce. La oportunidad es excepcional porque convergen circunstancias lo son. En primer lugar, la pandemia es una oportunidad para que ciertas peripecias por las que pasan algunos países adquieran relevancia mundial. Nuestro país no es “pobre” según las convenciones internacionales. Eso significa una diferencia en el supuesto sentido de su “capacidad” para afrontar circunstancias excepcionales como la del coronavirus. Sin embargo, en nuestro país vive en situación de pobreza cerca de la mitad de sus habitantes. ¿Qué es ser un país “pobre”, para las organizaciones mundiales si el nuestro no lo es en estas condiciones? Por otro lado, la pandemia ha generado una profunda crisis financiera en la que han quedado comprometidos estados que habitualmente no padecen este tipo de situaciones; es decir que están dadas las condiciones para un amplio frente de coincidencias internacionales que fortalecerían la posición de nuestro país. Es decir, es una coyuntura excepcional. A esto hay que agregar que el FMI no es una “víctima” del endeudamiento argentino: es cómplice de la fraudulenta operación de Macri y sus “magos de las finanzas”. De ese modo se une la excepcionalidad de la situación mundial y las características propias de un operativo inconstitucional que el poder judicial de la Argentina está investigando.
Sin necesidad de mucha información al respecto se puede prever que si la hipótesis de Pesce -a la que se suman declaraciones a favor de la utilización de ese tipo de recursos que hizo Gerardo Ferreyra, titular de la empresa de construcción Electroingeniería- se convierte en un hecho práctico de la agenda política, veremos caer sobre el gobierno argentino todo tipo de presiones. Al frente de ese operativo estará el gobierno de Estados Unidos, y a la cabeza de su sostén se sumarán los grandes medios de comunicación hegemónicos y las figuras más conspicuas de la oposición política que actúan como su base política. Es decir, ocurrirá lo mismo que siempre. Lo mismo que con las vacunas chinas y rusas, con los designios norteamericanos sobre nuestra política exterior -que produjo, entre otras cosas el lamentable voto sobre la elección en Nicaragua- y con todo aquello que involucra a la primera potencia mundial.
El gobierno está ante una gran oportunidad. Una más después de que otras fueron desaprovechadas, como el caso Vicentín y, por lo menos parcialmente, la cuestión de la soberanía sobre los ríos interiores y la capacidad estatal de controlar las maniobras delictivas en el comercio de granos. En este caso es una oportunidad que tiene como contexto una reciente derrota electoral y que no habilitó un clima desestabilizador que estaba en marcha, gracias a su relativa recuperación en la provincia de Buenos Aires.
Maquiavelo enseñó que la política es “virtud y fortuna”. Dicho de otro modo significa que el príncipe tiene que aprovechar las oportunidades que le asignan las coyunturas concretas. No siempre es el momento de dar batallas decisivas. Solamente pueden creer que es así quienes ignoran la historia de los procesos populares y revolucionarios y viven imaginando que todo el tiempo hay una “situación revolucionaria”. Pero tan cierto como eso es que la oportunidad de un giro político claro, ejemplificador y capaz de producir mucho entusiasmo popular no debería ser sacrificado en el altar de “lo posible”.