El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, asumió esta semana la capitanía en las negociaciones del Gobierno con la CGT por la demorada reglamentación del capítulo laboral de la ley Bases. El funcionario habilitó en reserva una gestión política con la "mesa chica" de la central, que hasta ahora sólo había aportado abogados para debates técnicos en un intento por morigerar los dos puntos que considera críticos de la norma: la habilitación del despido directo de participantes en bloqueos a empresas y la constitución de una nueva figura de "trabajador independiente".
En la primera línea del Ejecutivo le dijeron a El Destape que el ministro propició un encuentro a solas este martes con el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, un articulador histórico de la CGT con todos los gobiernos y también entre los sectores internos de la organización. La conversación apunta, según la administración libertaria, a destrabar una reglamentación que el propio Sturzenegger había dado por concluida hace casi un mes pero que sin embargo hasta ahora no fue publicada. El sindicalista, encargado de la "cancillería" de la central, evitó responder sobre las negociaciones.
Los funcionarios consultados explicaron la demora en la cantidad de áreas que transita la norma en elaboración: la Secretaría de Trabajo, como primera ventanilla; los ministerios de Desregulación y Economía, la AFIP, el Banco Central y la oficina del asesor plenipotenciario Santiago Caputo. Parte de la complejidad, admitieron, pasa por la ingeniería del denominado "fondo de cese", el mecanismo optativo que el Gobierno ofrecerá vía Bases a empresas y sindicatos para reemplazar el actual esquema indemnizatorio.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
MÁS INFO
De hecho fue el propio Sturzenegger quien le agregó nuevas capas de análisis al definir que el futuro sistema no sólo será de libre elección para gremios y cámaras patronales, que deberán negociarlo en las convenciones colectivas de trabajo, sino también para cada empleado y cada empresa en forma individual. Para este capítulo, el Ejecutivo confía en una implementación rápida por parte de dos de los sindicatos con mayor número de trabajadores representados: Comercio y Gastronómicos.
Para la CGT, en cambio, el punto más sensible es la consideración del bloqueo a empresas como "grave injuria laboral" y pasible de ser sancionada mediante un despido con causa por parte del empleador. Como había adelantado en exclusiva El Destape, el Gobierno ya había concedido un blindaje para los delegados sindicales en este aspecto, para quienes prevalecerá la tutela vigente en la norma que dificulta su cesantía. La central obrera, sin embargo, había reclamado la constitución de una instancia previa al despido, una suerte de mediación administrativa que Sturzenegger rechazó.
La gestión por la reglamentación también contempló un pedido de la CGT para acotar los alcances de la figura del "trabajador independiente" de modo tal que se evite su uso indiscriminado en actividades históricamente asociadas a las labores en relación de dependencia. En Trabajo le habían asegurado a este medio que para atender ese planteo se circunscribiría la nueva figura a los monotributistas.
Hasta ahora las tratativas de la central obrera habían quedado reservadas a los principales abogados de la organización, Federico West Ocampo (Sanidad) y Marta Pujadas (Uocra). Desde que se habilitó esa instancia un mes atrás la CGT dejó en suspenso una reunión de su "mesa chica" en la que debían poner en común las discusiones con el Ejecutivo y, eventualmente, diseñar un nuevo plan de lucha. Entre la postergación de la reglamentación y la visita que un puñado de referentes hará la semana que viene al Papa Francisco esa deliberación interna seguirá pendiente.
Cerrar sesión