Este martes, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur recibió al parlamentario Fabián "Pepin" Rodríguez Simón en el marco del proceso de pérdida de su mandato luego de que el organismo legislativo inicie un proceso abierto para desplazarlo de su cargo, acusado de haber eludido el accionar de la justicia argentina tras haber viajado a Uruguay, donde pidió, sin éxito, que se le conceda el estatus de refugiado político.
En este marco, Rodríguez Simón, parlamentario el Mercosur y exasesor del presidente Mauricio Macri, se defendió este martes en el proceso abierto para removerlo del cuerpo, luego de que fuera acusado por sus pares del Parlasur de haberse profugado de la justicia argentina.
En mayo de este año, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes. El exasesor presidencial espera en la capital uruguaya una decisión de la justicia de ese país que determine si tiene que ser extraditado hacia la Argentina, luego de que una comisión especial ya dictaminara en contra de su petición de ser considerado en Uruguay como refugiado político.
El exfuncionario macrista está en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020, adonde viajó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presuntas presiones al Grupo Indalo durante la gestión de Mauricio Macri.
La causa Indalo
En palabras de Servini, lo que se investiga –a partir de una declaración judicial de Fabián De Sousa- son “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.
Un actor clave de esta persecución fue la AFIP. Por eso, fueron indagados en esta causa desde el exjefe del ente recaudador, Alberto Abad, a directores del organismo. La magistrada comenzó a resolver las situaciones procesales de los indagados.
El primer procesado fue Paladino quien ordenó “la creación de una herramienta informática de consulta que permitía a las áreas operativas correspondientes de la AFIP conocer en forma simultánea y homogénea los incumplimientos de pago (líquidos y exigibles según el Sistema de Consultas Tributarias) y las cuotas impagas provenientes de planes de facilidades de pago vigentes de las empresas que conformaban el denominado conglomerado económico ‘Grupo Indalo’. La inclusión de las empresas o contribuyentes en la mencionada herramienta no habría obedecido a un criterio objetivo”. Es decir, se creó a fines de la persecución que se desató contra ese grupo durante el macrismo.
Los funcionarios de la AFIP no son los únicos involucrados en este proceso. "Pepín" estaba convocado a prestar declaración indagatoria en esta causa y en ese marco decidió escaparse a Uruguay. El exsesor de Macri se autodefinió como un perseguido político y pidió refugio en el país oriental. Al anoticiarse de la negativa de ponerse a derecho del operador macrista, Servini ordenó su pedido de detención y extradición.
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