Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de que enviará al Congreso el proyecto de ley para la expropiación de Vicentin, el intendente radical de la localidad santafesina de Avellaneda, Dionisio Scarpín, convocó a los ciudadanos a manifestarse contra las autoridades nacionales. La protesta también se reflejó en Reconquista y participaron los titulares de la cerealera, aprovechando el respaldo macrista.
Los manifestantes se concentraron en el centro de las ciudades y luego trasladaron su protesta al hotel donde se hospedan los interventores designados por el Gobierno, en Reconquista. Allí apareció Liliana Hacen, de apellido materno Vicentin, quien se desempeña como administrativa de la empresa.
"Yo nací, me crié y viví en Avellaneda -vivo hoy acá- y en mi ADN está Vicentin. Pertenezco a esta familia, pertenezco a la familia de todos ustedes. Y es un día muy especial en la que nosotros, desde nuestro lugar, le queremos agradecer a todos por estar acá, por defendernos, por defender nuestra empresa, nuestra historia", dijo la mujer al tomar la palabra en la movilización.
Agregó en llanto: "Hoy lo que está en juego es nuestra historia. Vicentin hace 90 años que está acá. Por cuestiones del destino hubo hombres que apostaron a esta zona, que quisieron que Vicentin crezca. Muchísimas gracias, gracias Avellaneda. Acá vamos a estar". Liliana Hacen, al finalizar su discurso, dijo que se van a quedar en una carpa en la puerta del lugar: "No nos van a sacar la empresa. No nos la van a sacar. Gracias".
El escándalo con los Vicentin
La polémica que rodea a la cerealera comenzó con el préstamo del Banco Nación a la empresa por más de $18.370 millones durante la gestión de Javier González Fraga. En diciembre del 2019, la empresa entró en quiebra y el funcionario macrista quedó en la mira por ignorar los análisis de riesgo crediticio y ampliar el préstamo a la firma que suspendió pagos por "estrés financiero".
La cuantiosa deuda no le impidió a Vicentín ser la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio. De acuerdo a los registros en la página de la Cámara Nacional Electoral, aportó a través de tres de sus empresas: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Las tres pertenecen al holding agroexportador.
Cada una de las compañías aportó para la campaña de Juntos por el Cambio la suma exacta de $4.500.000, dando un total de $13.500.000. Con esa suma, aparecen como uno de los principales aportantes privados a la campaña de Mauricio Macri, que fue quien más recibió.
El escándalo que rodea a la familia "Vicentin" no es solo por las irregularidades económicas que presentaron durante el macrismo. En marzo pasado, en plena cuarentena, Gustavo Nardelli, uno de los integrantes de la junta directiva, fue detenido cuando Prefectura lo encontró navegando por las aguas del Río Paraná a bordo de su yate de lujo llamado “Champagne", en compañía de otro tripulante.
Tras ser interceptado, se le labró un acta por infringir el artículo 205 del Código Penal, que indica: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
En cuanto al proceso de expropiación de la empresa, ayer llegaron a la provincia de Santa Fe el subinterventor designado por Alberto Fernández, Luciano Zarich, acompañado por funcionarios del Ministerio de Producción nacional. La delegación se presentó en la sede del Juzgado Civil y Comercial de la 2° Nominación, según informó el medio local LT10. Allí se reunieron con el magistrado Fabián Lorenzini para entregarle una copia del Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la intervención, certificada por la Escribanía General de la Nación.
Tras pasar por el juzgado fueron a las oficinas centrales del grupo empresarial para concretar la intervención. Éstas están ubicadas en la ciudad de Avellaneda, donde el intendente opositor convocó a la movilización.
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