Lo que deja Vicentin

Pasado un mes de la declaración de Alberto Fernandez sobre una potencial expropiación de Vicentin, así como del freno de la justicia a dos diferentes instancias de intervención, el caso permite cuento menos poner a luz las relaciones entre parte del poder político, económico y judicial en la Argentina, así como también sobre las dificultades de un Estado para intervenir sobre estas relaciones.

Y es que el escenario que arroja hasta ahora el caso Vicentin, es el de un gobierno que se encuentra parado en la vereda opuesta al de Cambiemos, pues lejos de utilizar al Estado en favor de corporaciones vinculadas a la posible evasión fiscal y defraudación de créditos públicos, desde el actual Ejecutivo se busca que este tipo de empresas se ajusten a las necesidades de desarrollo del país, más allá de las herramientas que se utilicen para tal fin. De la misma forma, también muestra una repetición, dentro de la corta gestión del actual gobierno, en sus limitaciones para encarar muchas de las reformas planteadas, sea por el poco tiempo en el poder, por el contexto de pandemia, por la compleja construcción política económica e institucional legada del anterior gobierno, o bien por una falta de decisión política, todo lo cual se podrá evaluar más adelante.

En relación al primer punto, no existen dudas que, al margen del método de intervención, el Estado no podía quedar inerte frente a la situación de una de las empresas más grandes del país, que desde el 10 de febrero de este año, cuando inició su concurso preventivo, amenaza con dejar sin empleo a sus 2.000 trabajadores y profundizar la crisis de los 1.895 productores de granos de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Capital Federal, Buenos Aires y San Luis, incluyendo 98 cooperativas, con los que esta empresa posee pasivos de 25.657 millones de pesos, lo que representa más del 25 por ciento de sus deudas. Como tampoco frente a la potencial defraudación de 300 millones de dólares del dinero público otorgado por el Banco Nación en la gestión macrista, 100 millones de los cuales fueron girados en 72 créditos un mes antes de su anunció de default, por lo que días atrás fue pedida una inhibición de los bienes de su ex presidente Javier González Fraga y el ex vice, Lucas Llach.
Sospechas y repuestas

Un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda deja a las claras la pésima administración de la empresa, en perjuicio de los fondos públicos, los trabajadores, y las pymes y cooperativas proveedoras. Y es que pese a que la última facturación anual de Vicentín, de 3.500 millones de dólares, superó a la de años anteriores, en las que también habían tenido incrementos, en diciembre pasado este conglomerado se declaró imposibilitado de afrontar los 1.300 millones de dólares que adeuda,  20 por ciento de los cuales le corresponden al sector público a través del Banco Nación y Provincia.

Estos manejos, se vinculan con la política, siendo que Vicentin fue el mayor aportante de la campaña 2019 de la alianza Cambiemos que gestionó al Banco Nación, con cerca de 300.000 dólares, así como con la justicia, pues innumerables testimonios de productores daban cuenta de la inacción del titular del Juzgado Civil y Comercial 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, responsable de llevar adelante la Convocatoria de Acreedores de Vicentin, y quien además de respaldar a los once directores de la cerealera rechazando las intervenciones llevadas adelante en un principio por el gobierno nacional y luego por el provincial de Santa Fe, fue uno de los abogados y apoderados de la Sucursal de Reconquista del Banco Nación, justamente la que le facilitó buena parte de los créditos al Grupo Vicentin.

Como elemento concreto, hasta el momento el oficialismo solo pudo dar media sanción a la creación de una Comisión Bicameral que investigue la relación crediticia de Vicentin y el Banco de la Nación Argentina, la cual contó con la fuerte oposición de la alianza Cambiemos, lo que vuelve a exhibir la compleja relación entre las corporaciones y su representación política expresada en este partido.

Asimismo, frente al debate sobre si el inicial proyecto de expropiación era una avanzada contra la propiedad privada, cuestión que comenzaron a inducir los medios neoliberales subestimando los manejos de Vicentin, y que llevó a importantes convocatorias en medio de la cuarentena, vale está cita del propio Perón de 1953, incluida en el libro “La economía del peronismo”, del historiador Marcelo Rougier: “Nosotros no somos ni intervencionistas ni anti-intervencionistas; somos realistas. El que dice ‘intervencionista’ no sabe lo que dice; hay que ubicarse de acuerdo a lo que exigen las circunstancias. Las circunstancias imponen la solución. No hay sistemas ni métodos, ni reglas de economía en los tiempos actuales. Hay soluciones concretas frente a un problema también concreto. Resuelto ese problema se va a presentar otro quizás también diametralmente opuesto al anterior. A éste le daremos una solución contraria al anterior, pero no por sistema, sino por inteligente apreciación y reflexión del caso concreto”.

El propio Alberto Fernández reconoció en su momento que "La excepcionalidad de esta decisión es absoluta", agregando que “no estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra. Si estuviera funcionando normalmente, no hubiéramos pensado nada de esto”. Por cierto que para aplicar la doctrina citada, fue necesario tiempo de gobierno, la ausencia de una pandemia global, y una decisión política para atravesar el diseño económico e institucional de la derecha para proteger sus privilegios. Resta esperar.