Días atrás los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, sobreseyeron a los torturadores Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo, Santiago Affranchino Rumi y Jorge Ferrante.
Luego de conocerse el fallo desde el Centro de Ex Combatientes en La Plata (CECIM), y de diferentes organizaciones sociales, repudiaron el contenido del mismo. En diálogo con El Destape, Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM dijo que “el poder judicial está en falta hace 40 años” y agregó que “vamos a presentar un recursos Extraordinario Federal ante la Corte Suprema”.
El letrado detalló que muchos excombatientes “están con bronca y desánimo”, ya que “son cuestiones muy dolorosas”, pero que continuarán con el reclamo. “El Poder Judicial juega un partido por la impunidad”, afirmó.
“Quedan cuentas pendientes con la historia debido a que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de las violaciones a los derechos humanos que cometió la última dictadura militar. Las torturas no fueron hechos aislados, eran acciones deliberadas en las cadenas de mando y hay más de 176 testimonios y hay 95 militares denunciados. Al anular los procesamientos, se juega el partido de la impunidad”, señaló Guerrero Iraola.
El abogado afirmó además que si la investigación no avanza, eso constituirá “una nueva violación para los derechos humanos”. “Hubo una planificación del Estado para silenciar estos hechos. La justicia Argentina está omitiendo juzgar en esta causa por torturas en Malvinas”, aclaró el abogado al cumplirse 40 años de la rendición de la guarnición argentina en Malvinas que se enfrentó con las fuerzas británicas en la Guerra librada en 1982.
Vale remarcar que la Cámara de Apelaciones había denegado la extinción de la acción penal por considerar que “no era extensiva o aplicable la decisión de la Sala I de la Casación que, en septiembre de 2009 y con una integración distinta a la actual, había dispuesto que los hechos imputados no eran delitos de lesa humanidad”.
“Tenemos una causa similar que se encuentra en la Corte Suprema. Estamos esperando que se digne a fallar sobre esta cuestión. Casación sigue profundizando sus abordajes por la impunidad”, subrayó. “Lo que pretendemos es que la Corte Suprema abra el recurso y analice de una vez por todas el fondo del asunto. Queremos que se resuelva de una manera definitiva si los delitos investigados son de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de un ‘leading case’, del derecho internacional. Una situación única y difícilmente repetible”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen.
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