La dirigente de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, reconoció en una entrevista que conoce los nombres de quienes le pasaron las escuchas ilegales para inventar la causa conocida como "Puf Puf". Es decir, no se trató de un anónimo. Hoy, en el marco de la causa por espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora, abogados que representan a víctimas del espionaje pidieron que se la cite a prestar declaración indagatoria por haberle dado “cobertura” al espía ilegal Marcelo D’Alessio y su banda paraestatal, justamente, a través de "Puf Puf", un expediente paradigmático de persecución judicial en el que articularon su accionar los servicios de inteligencia, medios de comunicación hegemónicos y jueces y fiscales del Lawfare.
"Las escuchas están, las que yo recibo, y no voy a dar las fuentes. Yo las recibo y les digo 'abran y lean'. Cuando digo esto digo puede ser una operación porque a mi me hicieron todas las operaciones posibles. Ahora se todo de contrainteligencia para defender, yo me divierto mucho", le dijo Carrió a Luis Majul sin ningún tipo de tapujos, el 6 de marzo de 2019. Hoy, sus palabras adquieren otra perspectiva. De acuerdo a sus dichos, la dirigente conocía a quienes le brindaron el contenido de las grabaciones ilegales.
En aquella entrevista, que no hay que descartar que pueda transformarse en un elemento a analizar en la pesquisa, la dirigente continuó con su cuento encubridor: "¿Entonces qué hice yo? Dije 'vamos a esperar si esto es mentira, si es cierto, si nos quieren embaucar pero, por si acaso, yo la voy a adelantar porque esta es una lección que todo el mundo tiene que saber'. Cuando está coaccionado o le van a hacer una operación, lo que uno tiene que hacer es anticipar porque uno la hace caer". Para ello, desde Punta del Este, publicó "un tuiter" (sic) para instalar el tema "porque a mi me cierran los datos, los conozco de memoria".
No fue la única referencia que hizo Carrió en aquel entonces. En diversas entrevistas relató que le entregaron en un sobre las transcripciones de las escuchas ilegales. Y que se las dieron antes de que escribiera el tuit del 7 de febrero de 2019, en el que adelantó la denuncia que haría con ese material. Esta confirmación de fechas, ratifica que la AFI macrista le pasó el contenido de las grabaciones apenas 24 horas después de hacerse con los cds en el que estaban los audios.
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Las escuchas, Carrió y la Operación Puf
El 6 de febrero de 2019 se produjo un hecho que activó todas las alarmas en el Gobierno de Mauricio Macri. Aquel día, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla allanó el domicilio del espía ilegal Marcelo D’Alessio, en el country Saint Thomas. El procedimiento se extendió hasta el día siguiente. Apenas unas horas después de que finalizara el operativo, el 7 de febrero del año pasado, Carrió subió un tuit en el que sostuvo que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”. Para ese entonces, la dirigente de la Coalición Cívica ya había recibido el material que la AFI macrista había recopilado de forma ilegal en la cárcel de Ezeiza. Eran las transcripciones de las escuchas ilegales que Carrió llevó al día siguiente a Comodoro Py –vía Mariana Zuvic y Paula Oliveto- para darle impulso a la causa que creó la exSIDE para derribar el caso D’Alessio.
Una serie de datos revelan la desesperación del macrismo en aquel momento: las transcripciones que utilizaron para esa presentación de Carrió incluían conversaciones del 5 de febrero. La AFI retiró de la Dajudeco el cd 539 con la grabación ilegal de esos diálogos el 6 de febrero a las 15.33. Es decir, en 24 horas el organismo de inteligencia se encargó de desgrabar el material y hacérselo llegar a la cofundadora de Cambiemos para activar un plan que obstaculizara el trabajo de Ramos Padilla. La AFI tuvo esa escucha en su poder apenas un día. Y nunca pasó por un juzgado. Era una escucha ilegal.
En la causa de los “Super Mario Bros” que tramita en Lomas de Zamora se comprobó que las escuchas que se utilizaron en Puf Puf fueron ilegales, las tenía la AFI y luego llegaron las transcripciones a manos de Stornelli y Carrió.
Este miércoles, como anticipó Franco Mizrahi en El Destape, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes representan a los querellantes Amado Boudou y Roberto Baratta, dos de los espiados en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, pidieron que “se cite a prestar declaración indagatoria a Elisa María Avelina Carrió”. Fue en el marco del capítulo penitenciario de esa causa de espionaje ilegal, que inicia este viernes una tanda de 25 indagatorias, que incluirá a las cúpulas del Servicio Penitenciario Federal y la AFI macristas.
Rúa y Peñafort le adjudican responsabilidad a Carrió “en la maniobra ilegal desplegada desde la Agencia Federal de Inteligencia con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban el espía D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.
El circuito de la escuchas
La columna vertebral de la Operación Puf fueron las escuchas ilegales que la AFI macrista en complicidad con el Servicio Penitenciario Federal realizó en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Tal como quedó claro en la Justicia, la excusa para grabar las conversaciones fue un expediente que se abrió en los tribunales de Lomas de Zamora contra el narco Mario Segovia, en el que se intervinieron los teléfonos de los pabellones donde se encontraban detenidos los dirigentes políticos kirchneristas.
Esas escuchas se utilizaron para presentar dos denuncias en Comodoro Py: una la realizó Stornelli pero como recayó en un juzgado que no era el deseado (el de Luis Rodríguez), Carrió se apuró a presentar vía Zuvic y Oliveto el mismo material en los tribunales de Retiro. Esa denuncia le tocó a Claudio Bonadío. En esa acusación de Carrió se dice claramente de dónde provenían las grabaciones: “En el material acompañado en el sobre enviado a la Dra. Carrió aparecen transcripciones de presuntas escuchas telefónicas ordenadas en la causa 41475/2016 por el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nro. 2 de Lomas de Zamora”. Ese número corresponde al caso Segovia, la coartada que usó la AFI macrista para escuchar de forma ilegal a los dirigentes políticos detenidos en la cárcel de Ezeiza.
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