Los vínculos del juez Villena con el espionaje ilegal por los que fue apartado

El juez Federico Villena fue apartado de la causa por espionaje ilegal a dirigentes políticos y sindicales. La decisión tuvo como fundamento los temores sobre la parcialidad del juez, ya que muchas de las maniobras ilegales desplegadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri fueron autorizadas por el propio Villena, tal como informó El Destape. Las tareas que autorizó Villena y que ahora se revelan como parte de esta trama van desde el espionaje a CFK y al Instituto Patria a las escuchas a presos políticos en el penal de Ezeiza pasando por el “acceso remoto e irrestricto y en tiempo real” a todas las cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, al monitoreo de las cámaras lectoras de patentes y al sistema 911.

El fondo de la decisión radica en que si Villena investigaba estas maniobras de espionaje ilegal era juez y parte. ¿Por qué? Porque ocurrieron en el marco de causas judiciales bajo su custodia y en las que autorizó “amplias tareas investigativas” que sirvieron de cobertura para espiar. Fuera engañado, como dejó trascender, o como parte de la operación, lo concreto es que Villena no podía investigar algo en lo que estuvo involucrado según los documentos que constan en el expediente. De hecho, la actual interventora de la AFI Cristian Caamaño pidió que se lo cite como testigo vinculado al espionaje al Instituto Patria y a CFK.

“Se encuentra suficientemente fundado el temor o sospecha de parcialidad invocado por las partes recusantes respecto a la intervención del juez Federico Hernán Villena en la presente causa” sentenció el juez Roberto Agustín Lemos Arias, de la Cámara Federal de La Plata, instancia superior a los juzgados de Lomas de Zamora. Las recusaciones las habían planteado Facundo Melo, Leandro Araque y Jorge “Turco” Sáez, espías investigados y ahora detenidos por el propio Villena, antes de que los privaran de su libertad. Pedían el apartamiento de Villena porque no lo consideraban imparcial, porque aseguraban que las tareas ilegales se hicieron con su autorización y porque no los dejaba acceder al expediente para defenderse.

Tal como reveló El Destape, los espías accedían de forma remota, irrestricta y en vivo a las cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, a las del Aeropuerto de Ezeiza, al de monitoreo de patentes y al sistema 911 por autorización del juez Villena. También confeccionaron informes rotulados como secretos con las tareas de espionaje en el marco de un supuesto escenario de ataques terroristas y que, según consta en el expediente y por las declaraciones de los propios espías, fueron escritos luego de hacer las tareas de espionaje ilegal para insertarlos en una causa judicial que tenía Villena y así obtener cobertura.

La causa por el espionaje masivo e ilegal a CFK, Horacio Rodriguez Larreta, Diego Santilli, los Moyano e incluso la hermana de Macri, entre otros, quedará a cargo del juez Juan Pablo Augé, que ya investiga los casos de seguimientos en el Instituto Patria y a CFK de los cuales se había excusado de intervenir Villena. La fiscala de ambos casos es Cecilia Incardona, por lo que no habrá problemas en la continuidad de la pesquisa. Es más: en el expediente que tenía Villena la fiscala había planteado que el juez no la dejaba acceder a los papeles. Ahora podrá.

En la recusación el juez Lemos Arias da por hecho que los causas de espionaje ilegal “estarían vinculadas directa o indirectamente a las medidas ordenadas por el juez Federico Villena” en dos causas judiciales. Una es la denominada “Causa G-20” que, tal como informó El Destape, es la clave para enmarcar las tareas de la banda nucleada en torno a Alan Ruiz y el grupo de Whatsapp “Super Mario Bros” donde espiaban a muchos dirigentes políticos. La otra el Caso Segovia, utilizado para escuchar a presos políticos.

La causa G-20 se inició el 27 de octubre de 2017 y Villena la cerró el 4 de febrero de 2019. La abrieron con “un informe de dos fojas presentado por el Director de Asuntos Judiciales de la Agencia Federal de Inteligencia, por disposición de su Director General”. El primero era Juan Sebastián “Enano” Di Stéfano, hombre de Daniel “Tano” Angelici; el segundo Gustavo Arribas. En ese informe la AFI decía que podían ocurrir “actividades que eventualmente podrían poner en riesgo la Seguridad Nacional y el Orden Constitucional” en distintos eventos internacionales que tendrían lugar en el país y, tal como informó El Destape, el juez Villena les encomendó “amplias tareas investigativas” por un tiempo que prorrogó varias veces. Entre ellas, tal como reveló este medio, el acceso irrestricto y en vivo a las cámaras de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, del Aeropuerto de Ezeiza, de seguimiento de patentes y al sistema 911. Ese fue el marco del espionaje ilegal.

La otra que se menciona es la “Causa Segovia”, iniciada el 14 de octubre de 2016 por una presentación del Ministerio de Seguridad comandado entonces por Patricia Bullrich. El objetivo inicial era Mario Roberto Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina”, pero fue utilizada para el cableado y las escucha de presos políticos en la cárcel de Ezeiza. En esa causa, Villena dio intervención a la AFI y a la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, a cargo de Cristian Suriano, y habilitó la intervención de los teléfonos del penal de Ezeiza, la escucha y la transcripción de las grabaciones obtenidas. Eso termino en la redacción de Clarín y en las manos de Luis Majul, entre otros, que la difudieron como el Operativo Puff y contaron con la complicidad del extinto juez Claudio Bonadio para intentar a partir de esas escuchas ilegales deslegitimar otra investigación por espionaje, la que el juez Alejo Ramos Padilla investiga en torno a Marcelo D'Alessio.

“El juez Federico Villena, como instructor de las causas referidas, era el encargado de controlar y evaluar la legitimidad y el alcance de las medidas ordenadas, por lo cual se encuentra justificado el temor de parcialidad alegado por los recusantes y el pedido de que no quede a cargo de la investigación de las actividades ilícitas derivadas -en parte- de las medidas que él mismo dispuso”, dice el documento que lo aparta y lleva la firma del juez Lemos Arias.

Hay una tercera causa en cuestión, que es la investigación que se inició el 20 de febrero de este año a partir de una denuncia de Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI, por el espionaje a CFK y al Instituto Patria. En su presentación, Caamaño planteó que “se intentó legalizar” el espionaje ilegal en el marco de la causa del G-20 y pidió la declaración testimonial del propio Villena. Como testigo no puede mentir. En un principio la denuncia fue al juzgado de Villena, pero este se excusó de investigarla porque estaba vinculada a medidas que él mismo adoptó.

Cuando se auto excluyó de ese tramo del espionaje ilegal, el propio Villena dijo: “teniendo en cuenta que los hechos denunciados tendrían vinculación con las circunstancias ventiladas en la causa N° FLP 82441/2017, en la cual intervine y adopté medidas de prueba, disponiendo finalmente su archivo, sumado a ello que entre las medidas sugeridas por la propia denunciante se encuentra la declaración testimonial de este magistrado, valorando especialmente todas las circunstancias en conjunto y a fin de evitar cualquier sospecha de parcialidad, habré de inhibirme”. Más aún, Villena reconoció: “las circunstancias descriptas me colocan en una situación de violencia moral, que condiciona irremediablemente mi situación como Juez en el presente legajo, lo cual me lleva a tomar la decisión de inhibirme de seguir entendiendo en él.”

Villena mismo reconoció que el espionaje ocurrió en causas a su cargo. Ahora tampoco lo investigará.