Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, jerarca del área de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, habló por teléfono con el juez Federico Villena el 26 de octubre de 2017. Conversaron poco menos de 2 minutos. Al día siguiente, el 27, el juez Villena abrió la causa judicial G-20 a partir de un documento que le acercó De Stéfano. Ese mismo día el directivo de la casa de espías recibió un llamado del ministro de Justicia Germán Garavano y hablaron casi 7 minutos. No era cualquier expediente: la causa G-20 utilizó supuestas amenazas terroristas de cara a ese evento con líderes de varios países como paraguas legal para el espionaje a CFK y otros dirigentes políticos. El Destape ya reveló los documentos que prueban cómo la AFI pedía y el juez Villena autorizaba tareas de espionaje de esa forma: ahora se corrobora que De Stéfano y Villena hablaban por teléfono esos días clave y el interés del ministro Garavano. Nada de cuentapropismo.
El área que dirigía De Stéfano se llama Asuntos Jurídicos pero su función durante la era Macri fue el armado de causas. Era el tercero en el escalafón de la AFI, apenas por debajo de sus jefes Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Por eso, sus comunicaciones con jueces y funcionarios de alto rango del gobierno de Macri son cruciales para desentrañar el mapa de la persecución judicial.
Las llamadas de De Stéfano con el juez Villena y el ministro Garavano constan en el expediente que tiene el juez Ernesto Kreplak en La Plata. No buscaba eso, sino el entramado de la persecución a sindicalistas que quedó a la vista en el video de la reunión en la sede del Banco Provincia entre altos cargos de la AFI, funcionarios de María Eugenia Vidal y empresarios de la construcción bonaerenses. Pero lo que muestra el informe de llamadas entrantes y salientes de De Stéfano que aportó la empresa Claro es mucho más amplio.
Esa llamada entre De Stéfano y Villena el día previo al armado de la causa G-20 es una de las tres entre ellos que aparecen en el registro. Otra de las llamadas coincide con el cableado de la cárcel de Ezeiza para el espionaje de presos políticos, otra maniobra entre la AFI y el juez Villena esta vez bajo la excusa de investigar al narco Mario Segovia. Por esas maniobras, De Stefano estuvo procesado en una megacausa de espionaje ilegal que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y fue beneficiado cuando ese caso pasó a los tribunales de Comodoro Py, donde lo favorecieron dos jueces designados por Macri. ¿El argumento? Que los espías comunes de la AFI eran cuentapropistas, argumento que queda demolido con estos llamados que hoy revela El Destape.
De Stéfano era el director de Asuntos Jurídicos, el ariete de la persecución judicial dentro de la AFI macrista. Villena es el juez de Lomas de Zamora que tuvo a su cargo la causa de espionaje masivo desplegado desde la AFI hasta que fue apartado porque se comprobó que esas tareas de inteligencia ocurrían bajo su órbita, en el marco de la causa G-20. Garavano fue el ministro de Justicia en la era del lawfare. Ahora El Destape revela que De Stéfano y Villena hablaron por teléfono el día anterior al inicio de ese expediente clave para el espionaje de CFK. Y que Garavano habló con De Stéfano el día que se inició. Demasiadas coincidencias.
Hay que aclarar 2 cosas: una, que el registro de llamadas que pidió la Justicia va del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2017, por lo que puede haber contactos fuera de esas fechas; dos, que el registro de llamadas que envió la empresa Claro incluye sólo las que hicieron por la línea del teléfono, no capta las conversaciones por Whatsapp, Telegram o alguna otra aplicación. Obviamente tampoco incluye intercambios por ninguna de esas apps. Para eso el juez debería pedirle a esas empresas los registros de llamadas y mensajes en cada una de sus aplicaciones. Que hablaran por teléfono de línea, llamadas más fáciles de pinchar y rastrear, revela tanto amateurismo como percepción de impunidad.
Las llamadas
En las 3 comunicaciones por la línea celular entre De Stéfano y el juez Villena el que llama es el directivo de la AFI. Es probable que el juez Villena fuera más precavido y se comunicara por Whatsapp o Telegram, pero aún así atendió a De Stéfano cuando éste lo llamó por línea. En el caso de Garavano era él quien llamaba al directivo de la casa de espías en los 2 contactos que figuran en registro de llamadas de De Stéfano.
Las llamadas entre el director de Asuntos Jurídicos de la AFI, el juez a cargo de la causa que se usó para espiar a CFK y el ministro de Justicia de Macri fueron:
1) 25 de agosto de 2017
De Stéfano llamó a Villena a las 21.17 horas y hablaron 91 segundos.
Pocos días antes, el 17 de agosto, un informe de la AFI ya planteaba el escenario de supuestas amenazas a dirigentes políticos. Y el 11 de agosto Villena había intervenido los teléfonos del penal de Ezeiza con la excusa de investigar al narco Mario Segovia, pero en realidad era para escuchar a los presos políticos. La escucha y la transcripción de esos audios quedó a cargo de la AFI.
2) 26 de octubre de 2017
De Stéfano llamó a Villena a las 17.05 horas y hablaron 108 segundos. Es el día previo al inicio de la causa G-20. A los pocos días, el 31 de octubre, el juez Villena encomendó a la AFI que realizara “amplias tareas de inteligencia” para corroborar o descartar las supuestas amenazas de cara al G-20. No había ninguna amenaza: fue la cobertura para espiar a CFK. Era por 30 días, pero juez prorrogó el encargo varias veces hasta finales de 2018.
3) 27 de octubre de 2017
El ministro de Justicia Garavano llamó al espía De Stéfano a las 12.27 horas y hablaron 406 segundos, casi 7 minutos.
Ese día se inició la causa G-20, que el Gobierno de Macri utilizó para espiar a CFK y a otros dirigentes políticos, sociales, periodistas y académicos.
4) 15 de noviembre de 2017
Fue a las 15.57 horas. De Stéfano llamó a Villena pero la llamada duró 3 segundos, lo que indica que atendió el contestador o el juez cortó de inmediato para comunicarse por un medio más seguro.
El paraguas G-20
La causa G-20 se inició el 27 de octubre de 2017, el día después de la segunda conversación registrada entre De Stéfano y el juez Villena y el día de la charla telefónica entre el ministro de Justicia de Macri y el directivo de la AFI. De nuevo, aclaración: comunicaciones por teléfono de línea, no hay que descartar otras por Whatsapp u otra aplicación.
La causa G-20 la abrieron, según consta en el expediente, con “un informe de dos fojas presentado por el Director de Asuntos Judiciales de la Agencia Federal de Inteligencia, por disposición de su Director General”. El primero era el “Enano” Di Stéfano, hombre de Daniel “Tano” Angelici; el segundo Gustavo Arribas. Nada de cuentapropismo.
En ese informe de la AFI que el juez Villena usó para iniciar el expediente De Stéfano decía que podían ocurrir “actividades que eventualmente podrían poner en riesgo la Seguridad Nacional y el Orden Constitucional” en distintos eventos internacionales que tendrían lugar en el país. Tal como informó El Destape, el juez Villena les encomendó “amplias tareas investigativas” por un tiempo que prorrogó varias veces. Entre ellas, tal como reveló este medio, el acceso irrestricto y en vivo a las cámaras de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, del Aeropuerto de Ezeiza, de seguimiento de patentes y al sistema 911.
La AFI dejó por escrito las pruebas de como espió a CFK y el rol de la causa G-20 para darle cobertura legal a esas tareas a todas luces ilegales. Varios informes con el rótulo de “Secreto”, a los que accedió El Destape, muestran como incluyeron a CFK en medio de supuestas investigaciones por atentados terroristas de los que no había más prueba que la intención de espiarla. Todos los informes iban dirigidos al juez Villena y pasaban indefectiblemente por las manos de De Stéfano, a cargo del área de (i)legales.
En una investigación que se abrió cuando Macri dejó la Casa Rosada, De Stéfano fue procesado por darle cobertura con una fachada legal al espionaje ilegal contra la actual vicepresidenta. Su procesamiento lo dictó el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, quien tomó esa decisión tras una investigación que realizaron los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Cuando el macrismo logró sacar esa causa de Lomas de Zamora y pasarla a Comodoro Py, los jueces de la Cámara Federal porteña Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens beneficiaron a la mayoría de los acusados, entre ellos, De Stéfano. Los dos magistrados nombrados por Macri en esa instancia estratégica de los tribunales de Retiro (Bertuzzi fue puesto a dedo) consideraron que no hubo una estructura en el Poder Ejecutivo dedicada a realizar tareas ilegales de inteligencia sino que se trató de meros “cuentapropistas”. Una tesis insostenible a la luz de las pruebas que salen a la luz.
La causa G-20 fue clave. Los espías de Macri construyeron un escenario de supuestas amenazas terroristas en torno a eventos internacionales que sucederían en Argentina en 2018 como el G-20, una reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o los Juegos Olímpicos de la Juventud. Todo para justificar el espionaje a CFK y a otros dirigentes políticos. Los informes no tienen fecha pero en base a las referencias temporales que hacen se puede reconstruir que fueron realizados entre septiembre de 2017 y agosto de 2018. Y varios remiten a otros informes producidos desde principios de 2017.
Los informes AFI tienen rotulado un número. En un apartado del informe 8224 dice: “se ha podido determinar la existencia de distintas y variadas amenazas y/o potenciales riesgos respecto de diversos funcionario y ex funcionarios nacionales, establecimientos públicos y/o personas de interés público (ej. el Sr. Presidente Mauricio MACRI, la Sra. Gobernadora María Eugenia VIDAL, la ex presidenta Sra. Cristina FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, el Vice Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Sr. Diego SANTILLI)”.
Este es el punto de partida del espionaje a CFK, basado en supuestas amenazas de las cuales no dan cuenta ni prueba. Decían que era para protección a CFK cuando en realidad buscaban espiarla. Y lo hicieron.
En el informe donde se detalló el espionaje a CFK, el número 8409, la AFI dice que amplia uno presentado el 17 de agosto de 2017. Es pocos días antes de la primera conversación registrada entre De Stéfano y el juez Villena. Detallan “algunas de las actuaciones llevadas adelante por este Organismo en función de las variadas alertas y potenciales riesgos que llegaron a nuestro conocimiento vinculados a funcionarios y ex funcionarios nacionales, que podrían ser generados por grupos antisistémicos o contrarios a los intereses nacionales”.
Para las tareas de espionaje, la AFI solicitó acceso remoto e irrestricto a las cámaras de seguridad primero de los accesos y luego de toda la Ciudad de Buenos Aires, a las del Aeropuerto de Ezeiza, a los controles de patentes y al sistema 911. El juez Villena autorizó los pedidos y los prorrogó en varias oportunidades.
El 7 de diciembre de 2017 la AFI fue autorizada por Villena a tener “acceso remoto, irrestricto y en tiempo real al sistema 911”, es decir, al sistema de emergencias que funciona bajo la órbita de la Policía Federal. Unos días después, el 18 de diciembre, “acceso al monitoreo de las ‘cámaras lectoras de patentes’” en la ciudad de Buenos Aires. El combo completo. Todos los que transitaron por la ciudad quedaron bajo la potencial lupa de los espías.
La última fecha que pudo reconstruir El Destape es que hubo una prórroga el 23 y 24 de julio de 2018 y que luego de eso la casa de espías volvió a pedir que se prorroguen las “amplias tareas investigativas” y “acceso remoto e irrestricto y en tiempo real a las cámaras instaladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Villena cerró esta causa el 4 de febrero de 2019, más de un año después. No hubo ninguna amenaza terrorista. Era todo un ardid para justificar el espionaje ilegal, la cobertura diseñada para darle una pátina de supuesta legalidad a las tareas de inteligencia sobre opositores políticos al gobierno de Macri. Ya estaban los documentos; ahora quedan en evidencia las conversaciones entre el espía que lo armó, De Stéfano, el juez que lo permitió, Villena, y el ministro de Justicia que lo amparó, Garavano.
El juez Villena fue apartado de la causa por espionaje ilegal a dirigentes políticos y sindicales. La decisión tuvo como fundamento los temores sobre la parcialidad del juez, ya que muchas de las maniobras ilegales desplegadas por la AFI durante el gobierno de Macri fueron autorizadas por el propio Villena, tal como informó El Destape. Ahora quedan al descubierto las llamadas entre De Stéfano, el espía que armaba esto desde la AFI, el juez Villena, que las autorizaba, y el ministro Garavano.
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