Los sindicalistas del gremio de Camioneros Hugo y Pablo Moyano reclamaron a la Justicia que la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri sea considerada como “delito de lesa humanidad”.
Según los Moyano, los hechos de espionaje ilegal y armado de causas respondieron a “órdenes impartidas por el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional, Mauricio Macri, en la tarea ilegal de ordenar y conducir la inteligencia ilegal y el armado de causas mediante prevaricato”.
Se considera un delito de lesa humanidad cuando "el perjuicio se ocasiona como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella, o por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos inaceptables (políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional). Todo con “la intención de mantener ese régimen".
“En virtud de la extrema gravedad de los sucesos que aquí se investigan, esta querella solicita, se evalúe la posible calificación de determinadas conductas (prisiones ilegales y tormentos o coacciones a detenidos) como de delitos de lesa humanidad”, sostuvo el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos.
El letrado consideró que “poner los recursos del Estado al servicio de prácticas asociadas al espionaje ilegal y la persecución política no es una novedad: se trata de una maquinaria que en Argentina se consolidó en tiempos de dictadura y terrorismo de Estado”.
“Actualmente se investigan innumerables hechos de inteligencia ilegal cometidos entre 2016 y 2019, que dan cuenta de la sistematicidad de estas prácticas, decididas desde las máximas autoridades de gobierno y con la participación de empresarios”, añadió Llermanos.
Asimismo, el abogado pidió la “nulidad” del fallo de la Cámara Federal porteña que desprocesó a Arribas y Majdalani y consideró que los hechos bajo investigación fueron obra de agentes marginales de la AFI que actuaron como “cuentapropistas” de la inteligencia. “Se encuentra acreditado de manera plena que los gravísimos delitos investigados no podían de ninguna manera haberse construido sin la decisión de los máximos responsables del funcionamiento de la AFI”, insistió en el escrito de apelación.
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