Los aprietes de la AFI a un barrabrava para detener a los Moyano

Uno de los exespías que declaró ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, Facundo Melo, afirmó que Alan Ruiz, director de Operaciones Especiales de la AFI macrista, le ordenó direccionar el testimonio de uno de sus defendidos para inculpar a Pablo Moyano en la causa Independiente y, de este modo, meterlos presos. Se trata del barrabrava del club de Avellaneda, Damián Langaronne.

De puño y letra, en cinco hojas, en 2018 el barra relató que el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, le ofreció ser “imputado colaborador” con la condición de declarar contra el camionero. Según relató Langaronne, los hechos comenzaron el 30 de noviembre del 2017, previo al pedido de detención de Moyano. En aquél entonces, allanaron su domicilio con orden de detención y la causa quedó cajoneada, negando su excarcelación por peligro de fuga. Por diversos motivos, la investigación recayó en el juzgado de Luis Carzoglio, que le prometió una “morigeración con pulsera electrónica”, lo que no ocurrió, según denunció.

Luego, fue citado por Scalera para declaración indagatoria. Sin embargo, esa “supuesta declaración indagatoria” era una propuesta del fiscal para ofrecerle “el beneficio de imputado colaborador con la condición que debía declarar contra Pablo Moyano”. Frente a ese ofrecimiento, Langaronne aseguró que “no tenía relación alguna” con el dirigente de Independiente “y que solamente lo había visto dos veces en mi vida: una en Asunción de Paraguay y otra en Bogotá, siempre en partidos” del club de Avellaneda.

Según la declaración a la que accedió El Destape, su abogado en ese entonces, Facundo Melo, le confesó que “la intención del fiscal era que involucre en forma directa a Pablo Moyano con algún hecho de corrupción dentro del club o en relación directa con la barra”, pero el barra dijo que “no tenía nada que declarar en contra de Pablo Moyano”.

En reuniones posteriores Langaronne aseguró que lo presionaron “con mi libertad a cambio de decir cosas que no eran ciertas y si podía hacer algún plano de los lugares que conocía y describir que en alguno de esos lugares tuve un encuentro con Pablo Moyano” y aseguró que “todo el tiempo que duró la reunión se hacía hincapié en poder ensuciar” al camionero. Finalizado este encuentro, el detenido accedió al pedido del fiscal para lograr encuadrarse bajo la figura de imputado colaborador y hacer las declaraciones falsas.

Langaronne contó que preparó “un ayuda memoria consistente en 10 carillas contando hechos reales y situaciones falsas creadas para vincular a Pablo Moyano, siempre a pedido del fiscal Scalera”.

Según detalló, en un primer momento el fiscal le aseguró que iban a grabar su declaración, pero él le mostró su “ayuda memoria”, Scalera tomó los papeles y expresó que “él armaría la declaración”, en base a sus escritos, “que yo debería firmar a cambio de concederme la baja de la pena de 1/3 del mínimo de cinco años y una vez homologado por el juez de Garantías me otorgaría la morigeración en forma inmediata y un juicio abreviado de tres años de cumplimiento efectivo”.

El barra aseguró que su intención era atravesar el proceso judicial en libertad y que “de ninguna manera imputaré a nadie de un delito que no cometió como así tampoco me haré cargo de ningún delito no cometido por mí”.

Durante el conflicto, Melo dejó de ser el abogado defensor de Langaronne, lugar que fue ocupado por Víctor Hortel quien presentó un Hábeas Corpus para garantizar la integridad física de su defendido ante la negativa de colaborar. En ese momento, el letrado le dijo a El Destape que “existe una persecución política contra el dirigente sindical” y remarcó que su defendido lleva 375 días preso por lo que “es un rehén del fiscal” Scalera ya que “él tiene la llave de su libertad”.

El Hábeas Corpus se resolvió cuatro días después de su presentación, lo que implica mucho tiempo ya que se supone que la persona que lo presenta está en riesgo. Durante ese período, denunciaron, el barra sufrió una golpiza y cambió de representación legal.  "Sólo puede haber cambiado bajo mucha presión", le dijo a este medio Víctor Hortel en ese entonces. 

En ese momento, Scalera negó las acusaciones y las adjudicó a una “estrategia de la defensa” pero aseguró que “es falsa cualquier estimación en cuanto a un accionar extorsivo” de su parte.