El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, avanza en el capítulo carcelario del espionaje ilegal. Este lunes, el magistrado convocó a prestar declaración indagatoria a 25 personas. Incluyó a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el macrismo, a nuevos agentes de inteligencia y volvió a citar a los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes prestarán testimonio el 9 y 10 de diciembre, respectivamente. También apuntó contra el área de Jurídicos de la exSIDE. Todos por videoconferencia.
Augé hizo lugar al pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y convocó por primera vez a 16 personas a declarar. A su vez, volverá a indagar a otros 9 imputados. En el primer lote aparecen ex integrantes del SPF e importantes figuras de la AFI:
- Emiliano Blanco. Fue el director del Servicio Penitenciario Federal hasta mayo de este año. Declarará el 30 de noviembre.
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- Cristian Suriano. Estuvo al frente de inteligencia penitenciaria. Fue convocado para el 26 de noviembre.
- Fernando Carra. Fue asesor de Blanco y luego cabeza de la Oficina de Promoción de Derechos Humanos. Fue citado para el 27 de noviembre junto a Miguel Ángel Perrota, ex jefe de Asuntos Internos.
Entre los nuevos imputados también figura la primera plana de la dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI macrista, que estuvo comandada por Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, un hombre vinculado a Daniel “Tano” Angelici. Esta dirección funcionó como una mini SIDE adentro de la agencia, tal como relató este medio. El juez espera escuchar a De Stéfano el 30 de noviembre, a las 12, dos horas después que Blanco. Este ex funcionario de la agencia fue especialmente apuntado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que se presentó en la causa y pidió que se investigue a De Stéfano por las escuchas a los abogados y sus clientes. Jurídicos era el área de la AFI encargada de contactarse con los juzgados.
Otros integrantes de Jurídicos como Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens (exempleado del juzgado de Bonadío) fueron llamados a indagatoria el 1º de diciembre.
Entre los agentes de la AFI que deberán declarar nuevamente en el marco de esta causa figuran los integrantes del grupo de chat “Super Mario Bros”. Se trata de Jorge Sáez, Facundo Melo, Leandro Araque, Alan Ruiz y Mercedes Funes Silva (alias Mecha), entre otros. Desfilarán ante Augé entre el 9 y el 12 de diciembre. Recientemente, en el celular de Funes Silva se hallaron 40 fichas de personas detenidas con detalles del espionaje ilegal que practicó la AFI en sociedad con el SPF.
“Los imputados, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y de la Agencia Federal de Inteligencia practicaron acciones de inteligencia ilegal respecto de las personas privadas de su libertad imputadas de haber cometido actos de corrupción; pero también sobre sus abogados, familiares, allegados y organizaciones políticas y sociales con que las que ellos se vinculaba”, indicaron los fiscales Incardona y Eyherabide en el dictamen en el que pidieron las 25 indagatorias que ahora ordenó el magistrado de Lomas de Zamora. Hubo escuchas telefónicas y seguimientos de todo tipo.
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Entre las víctimas que surgen del legajo carcelario figuran: Carlos Zannini, Amado Boudou, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Chueco, Víctor Manzanares, Fernando Esteche y Fabián de Sousa, entre tantos otros detenidos. En los chats que mantuvieron los acusados y se recabaron como prueba aparece hasta un dossier de los abogados de los detenidos.
Los fiscales, quienes tienen delegada la investigación, dieron por probado que el material que surgía del espionaje en el SPF se giraba a la AFI. Entre otras cosas, desde la exSIDE “se valieron de causas judiciales en las cuales, en función de un determinado objeto, habían obtenido acceso a medios de vigilancia, monitoreo y/o escucha que utilizaron para fines ajenos a tal objeto, aprovechándolos para desplegar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas del legajo 9”. Ese legajo es el que aborda el capítulo carcelario del espionaje ilegal. Es decir, los fiscales comprobaron que se escuchó ilegalmente a los detenidos. Uno de los ejemplos que citaron Incardona y Eyherabide es el de la operación Puf Puf con la que se buscó desacreditar el D’Alessiogate, apenas explotó en los medios. Quienes impulsaron ese expediente fueron el fiscal procesado Carlos Stornelli y Elisa Carrió, quienes hicieron dos presentaciones distintas en Comodoro Py en 2019 basadas en las mismas escuchas “anónimas”. En esas denuncias “se transcriben conversaciones que obran en los discos compactos a los que, para esa fecha, sólo pudo acceder el área de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia”.
Ahora los acusados deberán responder por los delitos que les imputan.