En octubre de 2018, Pablo “Bebote” Álvarez requirió una entrevista personal con el fiscal General Adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, para hablar con él “extraoficialmente” porque los dos tenían un “mismo objetivo en común”. El pedido tuvo lugar días antes de que el juez Luis Carzoglio rechazara el pedido de detención de Pablo Moyano por una presunta asociación ilícita con la barra brava de Independiente. El magistrado denunció, posteriormente, aprietes de la Agencia Federal de Inteligencia macrista para detener al camionero.
El documento surge de una nueva denuncia contra el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, por ser parte “de una intrincada maquinaria diseñada para el logro de espurios fines” junto a Scalera, Mariano Leguiza Capristo, titular de la UFI Nro. 1 de Lanus, Jorge Bettini Sansoni, Fiscal de Juicio ante el Tribunal en lo Criminal número 10 de dicho departamento judicial y Susana Silvestrini, Jueza de dicho Tribunal.
El escrito, de puño y letra, fue adjuntado como prueba en la denuncia presentada por el abogado Daniel Trava, a la que tuvo acceso El Destape. El 11 de octubre de 2018, Álvarez envió una nota a Scalera desde la Alcaldía N° 3 de Melchor Romero, el penal cableado ilegalmente por las fuerzas de inteligencia macristas. En él, pidió la ampliación de su declaración indagatoria.
A ese pedido se adjuntó como prueba una carta dirigida al “sr. Sebastián” por parte de Álvarez. En ella pidió un encuentro extraoficial. “Me enteré que los dos tenemos un mismo objetivo en común y me encantaría poder ayudarlo sin pedirle nada que me beneficie a mi persona pero sí llegar a un acuerdo para que se aga justicia y vengan los responsables a hacerme compañía el tiempo que yo tenga que estar acá y los inocentes que se vallan” (sic).
Según la prueba, Bebote afirmó ser una “persona de palabra” y prometió que “si nos ponemos de acuerdo jamás le fallaría” por lo que le pidió la reunión para mostrarle quién es el “salvaje”. En el borrador del pedido de detención de Moyano, facilitado por dos agentes de la AFI macrista, se hizo especial énfasis en que ese era el apodo de Pablo. Solidario, Álvarez le ofreció su ayuda para “traer a los responsables” de la presunta asociación ilícita.
La denuncia que presenta la prueba aclara que “la fecha de tan particular pedido es el 11 de octubre de 2018, recordando que el juez Carzoglio rechaza la detención el día 17 de octubre del mismo año, es decir seis días después”.
Hace menos de dos semanas, uno de los exespías que declaró ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, Facundo Melo, afirmó que Alan Ruiz, director de Operaciones Especiales de la AFI macrista, le ordenó direccionar el testimonio de uno de sus defendidos para inculpar a Pablo Moyano en la causa Independiente. Se trata del barrabrava del club de Avellaneda, Damián Langaronne.
De puño y letra, en cinco hojas, en 2018 el barra relató que el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, le ofreció ser “imputado colaborador” con la condición de declarar contra el camionero. Según la declaración a la que accedió El Destape, su abogado en ese entonces, Melo, le confesó que “la intención del fiscal era que involucre en forma directa a Pablo Moyano con algún hecho de corrupción dentro del club o en relación directa con la barra”, pero el barra dijo que “no tenía nada que declarar en contra de Pablo Moyano”.
En reuniones posteriores Langaronne aseguró que lo presionaron “con mi libertad a cambio de decir cosas que no eran ciertas y si podía hacer algún plano de los lugares que conocía y describir que en alguno de esos lugares tuve un encuentro con Pablo Moyano” y aseguró que “todo el tiempo que duró la reunión se hacía hincapié en poder ensuciar” al camionero. Finalizado este encuentro, el detenido accedió al pedido del fiscal para lograr encuadrarse bajo la figura de imputado colaborador y hacer las declaraciones falsas.
Langaronne contó que preparó “un ayuda memoria consistente en 10 carillas contando hechos reales y situaciones falsas creadas para vincular a Pablo Moyano, siempre a pedido del fiscal Scalera”.
Según detalló, en un primer momento el fiscal le aseguró que iban a grabar su declaración, pero él le mostró su “ayuda memoria”, Scalera tomó los papeles y expresó que “él armaría la declaración”, en base a sus escritos, “que yo debería firmar a cambio de concederme la baja de la pena de 1/3 del mínimo de cinco años y una vez homologado por el juez de Garantías me otorgaría la morigeración en forma inmediata y un juicio abreviado de tres años de cumplimiento efectivo”.
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