Una nueva causa por espionaje ilegal involucra al macrismo y tiene como víctima, una vez más, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia apunta a que se realizaron actividades ilegales de inteligencia en su casa y en el Instituto Patria.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, realizó una presentación judicial para que se investigue al gobierno de Mauricio Macri por actividades de inteligencia clandestina contra la entonces senadora y el Instituto Patria. El caso se investiga en la justicia federal de Lomas de Zamora y no está relacionado a la causa que se inició con una confesión narco y destapó una red de espionaje ilegal en los últimos días. Es decir, se trata de otro expediente que complica al gobierno de Cambiemos. Y tiene por víctima, nuevamente, a la actual vicepresidenta de la Nación.
Los sucesos que se relatan en la denuncia que ahora toma estado público -y que se realizó con sigilo varios días atrás- se remontan a agosto de 2018, cuando el gobierno de Macri ya tenía claro que CFK era la principal dirigente de la oposición, tal como lo habían dejado en claro las elecciones legislativas de 2017, donde fue la dirigente política de la oposición con mayor cantidad de votos del país. La coartada que se sospecha que utilizó Cambiemos para hacer inteligencia ilegal sobre Cristina fue una causa abierta por el evento internacional del G-20.
La nueva denuncia tramita ante el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora a cargo de Juan Pablo Augé. La impulsa la fiscal Cecilia Incardona, quien tiene delegado el caso. En el marco de esta pesquisa, desde la fiscalía cursaron un oficio al Instituto Patria, que respondió aportando las grabaciones de las cámaras que registraron a un vehículo de la AFI estacionado en los alrededores del edificio, en agosto de 2018. Se trata del mismo material que en su momento el Patria acercó a los tribunales porteños donde se investigó el tema. La novedad en este caso es la presentación de la AFI actual, que bajo un fuerte hermetismo reunió los elementos suficientes para darle impulso a una nueva denuncia que se radicó en los tribunales de Lomas de Zamora.
El oficio que contestó el Instituto Patria, el 15 de mayo pasado, lleva la firma del abogado Fernando Castiglioni. Allí se afirma que “durante el mes de julio y agosto de 2018 personal de mi representada pudo advertir a escasos metros de la entrada la presencia de un vehículo sospechoso que se encontraba estacionado en forma aleatoria en diversos horarios”. Ante esta situación, “el personal encargado procedió a examinar las cámaras de seguridad y a copiar las imágenes en las cuales se advertía la presencia del móvil, para el supuesto que fuera menester en el futuro efectuar algún tipo de denuncia”. Las grabaciones de las puertas del Patria van del 27 de julio al 8 de agosto.
De acuerdo a las crónicas de agosto de 2018, el espacio político de la expresidenta informó que “se pudo corroborar cómo tres agentes de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizaban una guardia a metros” del instituto. Los tres espías “fueron reconocidos en una actitud sospechosa dentro de un automóvil marca Volkswagen Voyage de patente NNV 682, desde donde observaban el ingreso y la salida de personas al edificio. Ante el temor de que sean ladrones, se llamó al agente de policía de calle, quien a su vez contactó a otro efectivo de civil”, indicaron en su momento desde el Instituto Patria. “Al chequear las cámaras de seguridad del Instituto se pudo corroborar que el auto en cuestión había estado apostado, al menos, desde el día viernes 3 de agosto”, agregaron los integrantes de la entidad.
“Cuando hicimos la denuncia, declararon que se encontraban allí porque estaban haciendo un seguimiento a un narcotraficante que estaba en un hotel de enfrente. Pero no había una precausa, nada”, señalaron ante una consulta de este medio desde el Instituto Patria, donde no tienen dudas de que fueron víctimas de espionaje ilegal.
Según pudo reconstruir El Destape, a estas maniobras podrían estar vinculados dos exdirectivos de la AFI macrista, que prestaron servicios en las direcciones de Contrainteligencia y de Operaciones Especiales. Los mismos exagentes podrían aparecer relacionados también al otro expediente que tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde se investiga a una red de espionaje ilegal a gran escala y se analiza el desempeño de una decena de agentes relacionados a la exSIDE.
Entre otras cosas, en la presentación de la AFI por el espionaje a CFK se solicita una serie de declaraciones entre las que figura el pedido de testimonial del juez Federico Villena, quien estuvo a cargo de la causa del G-20 en Lomas de Zamora. Villena volvió a ganar notoriedad pública en estos días por impulsar la causa en la que quedó al descubierto una red de espionaje ilegal enquistada en el Estado donde aparecen como víctimas dirigentes políticos tanto del entonces oficialismo como de la oposición.
Espías, cámaras, acción
El 16 de noviembre de 2018, Cristina Fernández de Kirchner escribió en Twitter que “dos personas sin identificación alguna intentaron colocar 3 cámaras y un domo en la esquina de mi casa, aquí en Buenos Aires. Personal de la Policía Federal que integra la custodia advirtió esta situación y les consultó qué tipo de tareas estaban realizando”, relató.
Las personas se identificaron como “empleados de la empresa Donaide S.A.” y afirmaron que “iban a colocar las cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad”. Pero “no contaban con ninguna documentación que acreditara tales circunstancias”, explicó la entonces senadora. Tras “recibir un llamado, se subieron a su camioneta (sin inscripción alguna de la empresa a la que decían pertenecer) y se fueron. Raro, ¿no?”, señaló CFK en Twitter.
Tras esta situación, el jefe de la custodia de la ahora vicepresidenta presentó una denuncia. ¿Dónde recayó? En el juzgado que estaba a cargo de Claudio Bonadio. “¿A qué no adivinan qué hizo Bonadio? Bingo… NADA. La Secretaria del juzgado, Carolina Lores Arnaiz, ordenó desestimar la denuncia y no iniciar ningún tipo de investigación por estos hechos”, narró CFK.
“¿Quiénes eran estas personas? ¿Quién las mandó? ¿Hasta cuándo me van a seguir espiando? ¿Por qué Bonadio decidió no tomar la denuncia? ¿Está encubriendo a alguien? El gobierno es responsable y tiene que terminar con el espionaje, la persecución y el hostigamiento a los opositores”, sentenció entonces la actual vicepresidenta.
En el programa ADN que se emite por C5N, el 7 de mayo pasado, se revelaron intercambios de mensaje de texto donde se vinculó al exfuncionario del Ministerio de Seguridad y exAFI, Alan Ruiz, con una serie de tareas de inteligencia contra Cristina Fernández de Kirchner. Se expusieron chats donde constaba que Ruiz solicitaba direcciones y teléfonos de CFK. Incluso se mostraron chats donde se exponían fotografías de sus domicilios.
Cerrar sesión