Las ramificaciones del espionaje ilegal macrista no se detienen. Surgen hallazgos diarios. Este jueves se conoció que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al mando de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani montó bases en la provincia Buenos Aires para hacer espionaje político, sobre todo, en el marco de la campaña electoral de 2017. Constan operativos en actos de CFK, infiltraciones en movimientos sociales y tareas de inteligencia sobre el Frente de Izquierda y otras organizaciones políticas, sociales y gremiales. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, reveló todo este entramado a partir de profundizar en un legajo que involucraba a un alto directivo de la AFI en el D’Alessiogate.
“Se hallaron documentos e informes de inteligencia que dan cuenta de la utilización de las denominadas ‘BASES AMBA’ de la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante espionaje político”, escribió Ramos Padilla en una resolución de 342 páginas. “En efecto, de una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”, agregó.
De acuerdo a la pesquisa, la AFI macrista expandió de 3 a 9 sus bases de operaciones en la provincia de Buenos Aires y desde allí realizó el “monitoreo de las actividades de campaña electoral de los partidos políticos opositores, en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, con miras a las elecciones desarrolladas en el año 2017”. Se trata de los comicios legislativos en los que participó Cristina Fernández de Kirchner como candidata a senadora.
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El jefe del proyecto AMBA –que funcionó de manera oficial entre abril y diciembre de 2017- fue Pablo Pinamonti, quien había sido indagado en el marco del D’Alessiogate. Al profundizar sobre su rol, Ramos Padilla solicitó información a la intervención de la agencia de inteligencia y se encontró con todo este entramado ilegal.
“Se pudo observar que las actividades de inteligencia desplegadas por las bases dependientes de Pablo Pinamonti, se enfocaron en obtener información personal de los ciudadanos que convocaban a actividades proselitistas, la identidad de las personas que asistían a dichos eventos, los vehículos en los que se trasladaban y los perfiles de redes sociales desde los que se convocaban a estas actividades o actos políticos”, describió el magistrado.
Y apuntó directamente contra la jefatura de la exSIDE: “Resulta lógico deducir la existencia de órdenes generales y programáticas directas recibidas desde la superioridad para coordinar estas tareas de inteligencia con objetivos electorales”. Es más: “Se produjeron informes de inteligencia dirigidos en forma directa a la Subdirección de la Agencia en los que se informaban, con una periodicidad diaria, las actividades de campaña que se desarrollaban en los diferentes distritos electorales del Gran Buenos Aires”. La subdirectora de la agencia era Majdalani.
Ramos Padilla también resaltó que la “duración del Proyecto AMBA coincidió precisamente con aquel en que se desarrollaron la campaña electoral y las elecciones de medio término del año 2017”. Un dato que a la luz de los documentos que ahora se hicieron públicos no parece una coincidencia azarosa. Por ejemplo, “se destaca una serie de informes que comienzan en agosto de 2017, en las semanas previas a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y atraviesan toda la campaña, hasta las elecciones generales de octubre de ese año”.
“Teniendo en cuenta estos objetivos de reunión de información de interés político–electoral, no resulta casual que a la estructura histórica de la AFI en el territorio bonaerense (Bases La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca) se le sumaran hacia finales de 2016 y comienzos de 2017, las seis BASES AMBA, dispuestas estratégicamente a lo largo del territorio más densamente poblado del país y que representa el 38% de la masa electoral nacional”, consideró el juez. Esas bases se desplegaron por: Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Esta última estuvo a cargo del imputado Ricardo Bogoliuk, procesado en el marco del D’Alessiogate. Era el jefe del espía ilegal Marcelo D’Alessio, quien también operaba por la zona de Ezeiza.
La excusa que entonces dio el macrismo fue que se instalaban para combatir delitos federales complejos como el narcotráfico. Lo mismo dijo Pinamonti en su indagatoria pero “se ha podido constatar que, como consecuencia de esas labores de inteligencia criminal puestas de resalto por Pinamonti, únicamente se formalizaron escasas causas penales en el Poder Judicial, las que en su mayoría no arribaron a resultados positivos y fueron archivadas y en las que, además, la Agencia Federal de Inteligencia realizó limitados aportes durante las investigaciones”.
“Si bien para el discurso público se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, como veremos, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político”, indicó Ramos Padilla, quien no dudó en hacer un paralelismo entre esta estructura de la AFI, que contó con expolicías bonaerenses, y la DIPPBA.
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Acto de CFK
En el marco del espionaje electoral “se observa un documento de la Base Ezeiza de fecha 23 de septiembre de 2017, en el que se realiza un análisis sobre el acto encabezado ese mismo día por la entonces candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Canning”, indicó el juez de Dolores.
En el informe se especifica quiénes fueron las oradoras del acto, el número de asistentes y hasta se realiza un detalle de las diferentes patentes de los micros que se usaron para trasladar a los asistentes al evento.
“En este caso, se puede observar el seguimiento a las actividades de campaña de la principal candidata opositora en la provincia de Buenos Aires. El informe fue elaborado y reportado con posterioridad a la realización del acto, con la clara finalidad de exponer su contenido político y no para alertar acerca de posibles riesgos para la seguridad pública”, escribió el juez
Encuestas de opinión
En las bases AMBA se encontraron hasta “encuestas de opinión vinculadas a la imagen de las diferentes autoridades, tanto a nivel municipal, como provincial y nacional”. “El interés específico en las elecciones legislativas del 2017 se confirma a partir de los informes en los que se realizaron análisis políticos de los resultados electorales, llegando incluso a avizorar eventuales proyecciones”, señaló Ramos Padilla.
“Por ejemplo, dentro de los archivos obrantes en la Base Pilar se encontró una hoja de cálculo –Excel–, en la que efectúa una reseña de los candidatos a concejales por el Frente Renovador”, se precisó a modo de muestra.
Mientras que en la Base Quilmes “se halló otra encuesta de opinión en la que se relevó la imagen de los gobiernos nacional, provincial y los municipales de los distritos de la zona sur del Gran Buenos Aires”.
“No puede determinarse si estas encuestas fueron producidas desde la propia Base Quilmes, si fueron encomendadas a empresas privadas específicamente dedicadas a ello o si les fueron proporcionadas como fuente de información que servía de nuevo insumo para la producción de inteligencia de tipo político–partidaria sobre los referentes de su ámbito territorial de incumbencia”, remarcó el juez. “Lo que resulta evidente, sin embargo, es que no guarda relación con ninguno de los fines lícitos específicos que la ley prevé para la producción de Inteligencia Nacional”, sentenció.
Corte de boletas en Ezeiza y espionaje al FIT
En un informe de la Base Ezeiza “se informa a la superioridad que en domicilios del distrito” se “entregaron boletas de las alianzas partidarias 1 País y Cambiemos a las que les habían sido recortadas las listas de candidatos a concejales y reemplazadas por las correspondientes al partido Unidad Ciudadana”.
“Otro de los documentos relevados en poder de la Base Ezeiza, analiza las tareas de campaña efectuadas por referentes locales del Frente de Izquierda y de los Trabajadores”. Allí se identificó a Fabián Cañete, candidato a primer concejal por el Frente de Izquierda en esa jurisdicción, y “las tareas de difusión” que efectuó “junto con otros militantes en diferentes conflictos gremiales que tuvieron lugar para esa fecha en el ámbito de actuación territorial de la Delegación Ezeiza”.
Caso Maldonado
“Otro de los ejes recurrentemente abordados en los informes de inteligencia producidos por todas las BASES AMBA se vincula con las tareas de seguimiento a las convocatorias a manifestaciones públicas para peticionar a las autoridades por la desaparición de Santiago Maldonado, un tema que para ese momento era central en la agenda política nacional”, aseguró Ramos Padilla.
“La desaparición del joven ocurrió tres semanas antes de la realización de las primarias abiertas y fue un tema que adquirió muchísima relevancia tanto a nivel nacional como internacional”, recordó el magistrado.
El circuito de la información
Ramos Padilla detalló cómo era el circuito de la información que era recabada de forma ilegal en la provincia de Buenos Aires: “En forma cotidiana y permanente, las BASES AMBA reunían información vinculada a las actividades políticas de la oposición en los diferentes distritos del Gran Buenos Aires, la cual luego era procesada y analizada en informes semanales y reportados a la superioridad, la que culminaba con el ciclo de inteligencia a través de la planificación y toma de decisiones teniendo como base aquella información de inteligencia prohibida”.
Ante este marco, el juez de Dolores dictó el procesamiento de los exagentes de inteligencia Pinamoni y Bogoliuk y citó a prestar declaración indagatoria los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. También convocó a los policías retirados Daniel Salcedo y Vicente Melito, quienes coordinaron el proyecto AMBA y asesoraban a Pinamonti. Y a Pedro García, Alicia Nocquet, Andrés Maisano y Gustavo Carreiras.
A todos se les trabó un embargo millonario y prohibió salir del país así como contactarse entre sí y con personal de la agencia.
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