El espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri no tenía límites. En el mismo marco en el cuál la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espiaba a dirigentes políticos logró tener “acceso remoto e irrestricto y en tiempo real” a todas las cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, al monitoreo de las cámaras lectoras de patentes y al sistema 911. El dato es clave: significa que podían espiar a cualquiera, que su área de influencia no se limitó a dirigentes políticos tanto opositores como del propio del propio macrismo sino que tenía herramientas para obtener información sobre cualquier ciudadano.
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En los informes secretos de la AFI a los que accedió El Destape se leen los pedidos para acceder a las cámaras de seguridad y al 911 y como lo justificaron en el marco de “amplias tareas investigativas” que llevaban adelante. Era el eufemismo del espionaje ilegal.
Los espías lograron “acceso remoto e irrestricto, en tiempo real y con usuario propio, a las cámaras de seguridad instaladas e los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que pertenecen a la empresa Danadie. Luego ampliaron esto a todas las cámaras de la ciudad. El dato de la empresa es clave: fue la misma que denunció CFK cuando descubrió la instalación de cámaras frente a su departamento.
Los informes de la AFI revelan que además del acceso a las cámaras las movieron en función de sus intereses. Uno de los documentos a los que accedió El Destape informa: “Se están analizando los emplazamientos actuales y direccionamientos de las cámaras de video de la Ciudad y sus accesos, con el ánimo de re-orirentar o incluso re-localizar algunas de ellas en función de la determinación de probabilidades de riesgos y amenazas existentes”. ¿Será eso lo que hacían con las cámaras en frente del departamento de CFK? Por lo pronto, eran de la misma empresa, Danadie, a la cuál tenían acceso autorizado. La AFI informó además que realizó esas tareas de inteligencia junto a al Ministerio de Seguridad porteño, que conducía Martín Ocampo, el de Nación a cargo de Patricia “Pum Pum” Bullrich y el Ministerio de Defensa que comandaba Oscar Aguad y donde revistaba José Luis Vila, que hoy aparece como supuesta víctima. También reconocen que hicieron “acciones de reunión de información por fuentes humanas (HUMINT)”, o sea, seguimientos.
El 7 de diciembre de 2017 la AFI también fue autorizada a tener “acceso remoto, irrestricto y en tiempo real al sistema 911”, es decir, al sistema de emergencias que funciona bajo la órbita de la Policía Federal. Unos días después, el 18 de diciembre, “acceso al monitoreo de las ‘cámaras lectoras de patentes’” en la ciudad de Buenos Aires. El combo completo. Todos los que transitaron por la ciudad quedaron bajo la potencial lupa de los espías.
El relato de la AFI para tener acceso a todas esas fuentes de información fue el siguiente. El informe secreto 7247 de la AFI enumera los eventos internacionales que tendrían como sede a la Argentina, como el G-20, el II Congreso Nacional de Diálogo Intercultural e Interreligioso, la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, la XI Conferencia Ministerial de la OMC y los Juegos Olímpicos de la Juventud. Al menos en el G20 y en la reunión de la OMC hubo espionaje ilegal a 403 periodistas y a un buen número de académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales, tal como informó El Destape.
En ese informe, la AFI enumera casos de eventos similares donde hubo manifestaciones en contra y pide, “considerando que en el presente contexto internacional los grupos terroristas y antisistémicos se constituyen en la mayor amenaza a la seguridad nacional y a la integridad y la vida de los distintos líderes mundiales”, que la autoricen a monitorear “en tiempo real” las cámaras del Aeropuerto de Ezeiza, de los accesos a la ciudad de Buenos Aires y el sistema 911.
“En virtud de diversos eventos internacionales por los cuales nuestro país oficia como anfitrión, nuestro territorio podría estar en el foco de interés internacional, lo que consecuentemente podría traer aparejado que, en dicho contexto, se pueda presentar como hipótesis ser blanco de interés de algún tipo de hecho terrorista, razón por la cuál resulta pertinente solicitar diversas medidas rrelacionadas a las tareas propias de la especialidad de esta Agencia Federal de Inteligencia” dice el informe 7453 que le enviaron al juez Federico Villena, que es a quien están dirigidos y quien autorizaba las medidas y las prorrogaba. La AFI trabajó en todo esto junto a la Policía de la Ciudad, o sea, coordinado con la fuerza bajo la órbita del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
El informe secreto 7762 repasa las medidas otorgadas, que eran la realización de “amplias tareas investigativas” y los accesos remotos, irrestrictos y en tiempo real a las cámaras de los accesos a la ciudad, del Aeropuerto de Ezeiza, al sistema 911 y al de monitoreo de cámaras de patentes y piden una prórroga. Informaron que “no es técnicamente posible conectar la Central de Tráfico del 911 debido al volumen de tráfico involucrado” pero aclararon que ya lo habían resuelto con la empresa que provee el servicio, que tenían usuario y clave y que “se podrán monitorear las llamadas referidas a delitos federales y amenazas de bombas, pidiéndose luego ampliar la transmisión de otros protocolos del 911 referido a otros delitos”. No aclaran qué otros.
En este informe secreto es que piden además “acceso remoto e irrestricto y en tiempo real a las cámaras instaladas en la Ciudad de Buenos Aires, a fin de poder complementar la información de utilidad obtenida por las restantes medidas otorgadas”. La excusa es siempre la misma: gracias a todo lo que les dieron se pudieron hacer los eventos “sin lamentar hechos indeseados”. Y así pasaron de controlar las cámaras de los accesos a la ciudad a controlar todas las que están en territorio porteño.
El informe secreto 7857 pide la prórroga de la medidas obtenidas el 28 de marzo de 2018, lo que da una pauta temporal de que se produjo luego de esa fecha. El 2 de mayo el juez Villena prorrogó las tareas de inteligencia “que le fueran oportunamente encomendadas” a la AFI.
La AFI solicitó en reiterados informes que se prorroguen los accesos a las cámaras de la ciudad, los controles de patentes y el 911. La última fecha que pudo reconstruir El Destape es que hubo una prórroga el 23 y 24 de julio de 2018 y que luego de eso la casa de espías volvió a pedir que se prorroguen las “amplias tareas investigativas” y “acceso remoto e irrestricto y en tiempo real a las cámaras instaladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Otro informe secreto, el 8140, hace un repaso de 8 casos de hallazgos de bombas de fabricación casera para reiterar la prórroga de las medidas de cara a la cumbre del G-20. Este informe es posterior al 4 de junio de 2018, ya que remite a un oficio de esa fecha. Nunca explican la relación entre esos hallazgos y posibles atentados terroristas que justificaran sus “amplias tareas investigativas”.
El tenor de los informes es de una vaguedad que cuesta imaginar en un servicio de inteligencia profesional. Es más un cúmulo de datos de fácil obtención en Internet y artículos periodísticos. En el informe secreto 7325, por ejemplo, la AFI anotó las “Organizaciones violentas en el marco de la OMC” y las describió con información que se puede encontrar en Wikipedia. Incluyó a Daesh-Hezbollah, a Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, al FAI/FRI italiano, a Cruz Negra Anarquista de Buenos Aires, el Espacio Social Anarquista de Córdoba, Ateneo Anarquista de la calle Pavón y a los Amigxs de la Tierra, una ONG ecologista tan peligrosa que toda su actividad es pública.
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