El gobierno de Mauricio Macri utilizó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a la ANSES y a la AFIP para espiar a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y a una de sus hijas. El dato confirma las amenazas del actual prófugo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón acerca de que renunciaba o irían por sus hijas. El espionaje ilegal incluyó también la jueza Ana María Figueroa y a otros magistrados del fuero civil y laboral, víctimas de las presiones de la Mesa Judicial macrista. Desde la propia casa de los espías se hicieron búsquedas en la Dirección de Migraciones y en la plataforma Nosis, algo que viola la ley de inteligencia.
La información surge de varias presentaciones del fiscal Franco Picardi, que tiene a su cargo la investigación sobre el accionar de la Mesa Judicial que se dedicó a la persecución de jueces, fiscales y opositores durante el gobierno de Macri. El fiscal Picardi dio cuenta de la existencia de búsqueda de información de ingresos y egresos del país y de datos fiscales a varias personas y desde organismos públicos.
Lo más evidente es que desde todos los organismos se buscó información sobre Gils Carbó. No es casual: Macri quería su cargo a toda costa y no escatimó esfuerzos. Puso al Estado en función de hostigar a la entonces Procuradora, todo coordinado con el Grupo Clarín y los estudios de abogados de grandes empresas nucleados en el Colegio de la calle Montevideo. Todos se la tenían jurada: Clarín porque Gils Carbó intentó frenar su reestructuración de deuda fraudulenta; el Colegio de la calle Montevideo porque sus miembros, abogados de grandes empresas, chocaban una y otra vez con la negativa de Gils Carbó de avalar concursos y quiebras truchas cuando era fiscal del fuero Comercial; Macri porque le frenó su intento de convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal y no le hubiera dado cobertura a los fiscales que se sumaran al lawfare desplegado desde su llegada a la Presidencia.
Para apartar a Gils Carbó le inventaron causas judiciales a ella y a sus hijas, en el típico esquema de retroalimentación entre Comodoro Py-Clarín-AFI. ¿Parte de los datos que utilizaban surgía de este espionaje ilegal desde la AFI, la AFIP y ANSES?
El listado de espiados desde la AFI son:
- Alejandra Gils Carbó, procuradora general
- Damiana Alonso, hija de Gils Carbó
- Marcela Pérez Pardo, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Los espiados desde la AFIP son:
- Alejandra Gils Carbó, procuradora general
- Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Los espiados desde la ANSES:
- Alejandra Gils Carbó, procuradora general
- Ana María Figueroa, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal
- Marcela Pérez Pardo, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
- Mirta González Brudbrige, jueza laboral
En una nota que el fiscal Picardi le envió a Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI, le solicita “se informen las razones y/o justificaciones que motivaron las búsquedas (...) por parte de agentes el organismo, a través de las plataformas de la Dirección Nacional de Migraciones y de NOSIS”.
Desde la AFI buscó información de Gils Carbó, una de sus hijas y la jueza Pérez Pardo en el sistema Nosis, que provee antecedentes fiscales y comerciales. El fiscal tiene identificada a Ana María Polero como la persona que hizo la tarea de espionaje. En otra causa, el juez Alejo Ramos Padilla identificó a Polero como contratada por la AFI a partir de la resolución 219 firmada por la subdirectora de la agencia Silvia Majdalani. Estaba en la Dirección Operacional de Inteligencia sobre Crimen Organizado bajo las órdenes de Eduardo Miragaya, un espía disfrazado de fiscal que participó entre otras en la operación sobre el falso encuentro de CFK con el juez Sebastián Casanello en Olivos.
Polero ya fue identificada como agente de la AFI en otro caso de mucha trascendencia mediática. Fue la persona que acompañó a la hoy fallecida Natacha Jaitt al programa de Mirtha Legrand el día que denunció, textualmente, la existencia de una “banda de los servicios de inteligencia que reporta a Jaime Stiusso que es una banda que sigue operando institucional y parainstitucionalmente, o sea en relaciones promiscuas con (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani y también por fuera con sus propias empresas, haciendo inteligencias paralelas para servicios extranjeros y para su propio provecho”. Las crónicas la ubican a Polero detrás de cámara con la excusa de ser la vestuarista de Jaitt.
Otro dato: Polero figura como empleada de Infobae de junio de 2017 a agosto de 2018. El espionaje ilegal a Gils Carbó, su hija y Pérez Pardo lo hizo desde la AFI en septiembre de 2016 y febrero de 2017, es decir antes de su desembarco en ese medio. Ahí ofició de "correctora"
Desde la AFI también revisaron consultas en Migraciones sobre la jueza Pérez Pardo. Eso lo hizo Lorena Lencina, según la información que consta en el expediente.
El fiscal Picardi, en su escrito a Caamaño, le indica que “también deberá indicarse qué autoridades dieron las directivas de búsqueda, en qué áreas cumplieron funciones los usuarios del organismo que figuran como responsables de cada consulta, en qué marco u organigrama de responsables jerárquicos, y todas aquellas informaciones afines al contenido de este requerimiento” Y pidió que “se acompañen copias digitales de los legajos personales de las agentes que realizaron las búsquedas mencionadas y de toda la documentación respaldatoria pertinente”.
El artículo 4 de la ley de Inteligencia establece que la AFI no puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Revisar en Nosis o en Migraciones viola expresamente este artículo.
El fiscal Picardi mandó notas similares a Mercedes Marcó del Ponto, titular de AFIP, y Fernanda Raverta, de ANSES.
En el caso de AFIP, no es novedad que lo utilizaran para la persecución a opositores. La propia CFK denunció que Macri usó la AFIP para hostigarla. La actual conducción del organismo encontró que la AFIP de Macri realizó miles de consultas de información fiscal sobre CFK y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, que se designaron funcionarios a dedo para investigarlos e incluso que hubo grupos de seguimiento, que se actuó de manera coordinada y fuera de la ley con juzgados y fiscalías y que se omitía notificar a la actual vicepresidenta de todos los procedimientos.
Ahora el fiscal Picardi encontró que desde la AFIP se buscó información en la plataforma de Migraciones sobre Gils Carbó y sobre el juez Néstor Miguel Rodríguez Lucero. Tiene identificados a los empleados que hicieron la búsqueda pero al igual que en la AFI el fiscal quiere saber si hubo órdenes de realizarla, quien la dio, a quién se le remitía la información y los legajos de los involucrados.
Desde ANSES el macrismo hizo búsquedas en la plataforma de Migraciones. Las espiadas fueron Gils Carbó, la jueza de Casación Ana María Figueroa (que ya denunció presiones de la Mesaa Judicial macrista) y las juezas Pérez Pardo y Mirta González Brunbridge. El fiscal también tiene identificadas a las personas que hicieron los rastreos y le reclamó a Raverta que informe su hubo directivas de búsqueda, quien dio las órdenes y copia del legajo de todas.
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