El fiscal Daniel Adler impulsó el caso y ordenó varias medidas de prueba luego de que se conozca la denuncia penal de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, por presunto espionaje ilegal a familiares de la víctimas del ARA San Juan. La imputación recae sobre el ex presidente, Mauricio Macri, el ex director generar de la AFI Gustavo Arriba y Silvia Majdalani, ex subdirectora de la AFI.
El fiscal sostuvo que tiene que investigarse el presunto desarrollo y producción de inteligencia ilegal del que habrían sido víctimas varios familiares y allegados de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Todos ellos perdieron la vida como consecuencia de su hundimiento en 2017. También esta investigación incluirá a los familiares del buque pesquero Rigel, quienes murieron por un naufragio el 9 de junio de 2018.
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La imputación recae sobre el ex presidente de la Nación quien es responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional. También están incluidos Arribas, Majdalani y otros agentes de inteligencia.
La investigación indica que parte del personal de la AFI habría realizado el seguimiento y la recopilación de información vinculada a los familiares y allegados de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan. Allí sostiene que estos eventos ocurrieron entre 2018 y 2019, pero ninguna de esas actividades habían sido ordenadas por autoridades judiciales.
Vale recordar que la "Ley Nacional de Inteligencia" prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política". También el mismo texto especifica que se prohíbe producir inteligencia sobre personas por su "adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
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