Espionaje ilegal M: duro comunicado del Consejo de la Magistratura y tenso cruce entre Camaño y Tonelli

El Consejo de la Magistratura votó este jueves un duro comunicado en el que manifestó su “enérgico rechazo a las acciones de espionaje” ilegal que se practicaron (también) contra jueces durante el gobierno de Mauricio Macri. El escrito tuvo la adhesión de ocho consejeros porque los que responden al macrismo y aliados pretendían un documento más “lavado” y no acompañaron la moción de la mayoría. El abanderado del cuestionamiento fue el diputado del PRO y consejero, Pablo Tonelli. El debate fue tenso. La diputada y consejera Graciela Camaño, una de las espiadas por el macrismo, salió al cruce de quienes buscaron alivianar los términos del comunicado: contó detalles de las operaciones que sufrió. Y relató que a su secretaria “le chuparon el correo” y a su “letrado hasta lo persiguieron en un viaje que hizo al exterior”. “Yo lo entiendo al doctor Tonelli porque fue su gobierno el que hizo esto”, le enrostró al dirigente macrista.

El Comunicado

En el comunicado que votó el plenario del consejo se expresa el “enérgico rechazo a las acciones de espionaje e intrusión en ámbitos privados a diferentes magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación, de las que se ha tenido noticia a partir de sendos comunicados de entidades que nuclean en el plano asociativo a jueces y juezas de este poder del Estado”. La referencia fue a la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF) y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que emitieron documentos en los  que mostraron su repudio al “espionaje ilegal” contra jueces.

En el documento de JUTOF, por ejemplo, se mencionó como víctimas a los jueces del tribunal de  la Rioja Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Enrique Lilljedahl, quienes tenían a su cargo el caso de César Milani. Los llamaban “Tribunal Milani” tal como se desprende de la causa donde se investiga el espionaje ilegal macrista que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora (allí está procesada la cúpula de la AFI macrista, entre otros agentes), y que este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que pase a los tribunales de Comodoro Py.

En el comunicado del Consejo de la Magistratura también se destaca que “el Cuerpo ha tomado conocimiento, en ejercicio de sus competencias, de la consistencia de tales conductas ilegales que se investigan en los tribunales federales de Lomas de Zamora, y en ese ámbito se expresa la imperiosa  necesidad de que se provea a su cabal dilucidación y juzgamiento, puesto que se trata de acciones evidentemente enderezadas a anticipar con fines espurios el conocimiento de los posibles modos de resolver de los/as magistrados/as en causas de notable trascendencia política e institucional”.

“Finalmente, corresponde expresar el absoluto compromiso de este Cuerpo en la defensa de la independencia e imparcialidad de los/las magistrados/as, al tiempo que se solidariza con los afectados y se pone a disposición para la recepción y trámite de cualquier petitorio o requerimiento que puedan formular en procura del mejor desempeño de la noble  tarea que la Constitución Nacional les ha confiado”.

Votaron este documento 8 consejeros: Vanesa Siley (diputada por el FdT), Mariano Recalde (Senador por el FdT), Gerónimo Ustarroz (representante del Ejecutivo), Diego Molea (académico), María Inés Pilatti Vergara (senadora por el FdT), Graciela Camaño (diputada por Consenso Federal), Alberto Lugones (juez), Juan Manuel Cullota (juez, que suele votar como aliado de Cambiemos).

No respaldaron el comunicado: Tonelli (diputado PRO), Silvia Giacoppo (senadora por el Frente Jujeño Cambiemos), Ricardo Recondo (juez) y los abogados vinculados al radicalismo Carlos Matterson y Diego Marías.

Tensos cruces

A la hora de debatir el documento, el diputado PRO Pablo Tonelli expuso “diferencias en cuanto a la redacción del comunicado”. En pos de intentar reducir el impacto del espionaje ilegal macrista, por el que fueron procesados desde los jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani a decenas de espías y una empleada de la Casa Rosada como Susana Martinengo, Tonelli sostuvo: “De la causa judicial donde se están investigando estas conductas, lo que surge es que hubo una orden de un funcionario de la AFI a otros dos funcionarios o empleados de la misma agencia para que realizaran un perfil de los jueces de un tribunal oral. Los términos ‘espionaje’ e ‘intrusión’ no se condicen con lo que efectivamente está acreditado en la causa”. “Para no salirse de lo que está acreditado propongo que expresemos: ‘Rechazo a las tareas de inteligencia’. Propongo que no hablemos de ‘espionaje’ porque eso no está acreditado ni probado en la causa”. Como se ve, un recorte parcial e interesado que no se condice en verdad con lo que surge del expediente.

El presidente del Consejo, Diego Molea, que fue quien escribió el comunicado, le respondió: “Lo mío no fue un exabrupto sino que nos encontramos con algunas cuestiones como cuando los espías mencionan al ‘Tribunal Milani’. Nos encontramos con mensajes en un grupo de Whatsapp donde decían que tenían que analizar si los jueces eran K o de Justicia Legitima. En una parte del dictamen fiscal surge información sobre la doctora Zunilda Niremperger, a quien la custodia le informaba a personal de la AFI qué hacia la jueza”. 

Luego, Molea dijo que si por él fuera hubiera sido más duro en el comunicado pero que buscó un consenso para intentar que sea respaldado por unanimidad. “A título personal, yo sería mucho más duro porque es de una gravedad institucional tremenda”, dijo. Y recordó que las asociaciones de magistrados que emitieron comunicados hablaron de “espionaje ilegal”. Aún así, no logró que la oposición sumara su apoyo al texto.

A su turno, el consejero Lugones, vicepresidente del órgano que selecciona y sanciona jueces, señaló: “El consejo tiene que ser fuerte en esto y sin duda repudiar lo que corresponde repudiar. Tenemos que ser contundentes. ¿Qué querían saber al hacer los perfiles de los magistrados?”. Y añadió: “¿Qué duda hay de que hubo un espionaje ilegal? Llamemos a las  cosas por su nombre”. 

El abogado Marías, cercano a Cambiemos, se sumó a Tonelli: “Estamos todos de acuerdo que la expresión tiene que ser contundente. El doctor Tonelli dice de ajustar un texto a lo resuelto por Augé”. El juez Recondo concordó con él.

Fue entonces que intervino la consejera espiada, Graciela Camaño: “Como a mí me 'perfilaron' en esa causa les puedo contar qué hicieron”, les dijo a sus pares. “No solo tomaron fotos de todas mis actuaciones políticas sino que también apostaron personas frente al domicilio particular donde vivo con mi familia y le tomaron fotos a toda a mi familia”, agregó. Y relató los seguimientos que le hicieron. “Me pregunto: si eso no es espiar mi vida, mi privacidad, ¿qué es?”.

Pero Tonelli, un macrista de la primera hora, se mostró firme en su posicionamiento político: “No podemos condenar cosas que no han ocurrido”, insistió sin temor a la vergüenza.

Luego se produjo la votación. Mientras votaban, Camaño tomó la palabra: “Me olvidé de contarles que también espiaron a mi secretaria, a quien le chuparon el correo, y a mi letrado que hasta lo persiguieron en un viaje que hizo al exterior”. “Yo lo entiendo al doctor Tonelli porque fue su gobierno el que hizo esto”, remató la diputada y consejera.

Tonelli ensayó una respuesta para no quedarse en silencio: “No es un problema de gobiernos sino de ser precisos”. Camaño, a la par, desaprobaba a su coleta y movía la cabeza levemente de izquierda a derecha y viceversa. La votación terminó 8 a 5.