El Conurbano bonaerense es el punto fuerte del peronismo, sobre todo la Tercera Sección electoral. Con ese dato de la realidad y frente a una contienda electoral como la del 2017, año que Cristina Kirchner fue candidata a senadora por Unidad Ciudadana en Buenos Aires, el macrismo desplegó todo lo que tenía a su alcance para ganar y llevó adelante espionaje ilegal contra espacios políticos y organizaciones sindicales opositoras.
Según se desprende de la investigación sobre espionaje ilegal durante el macrismo, la Agencia Federal de Inteligencia desplegó en varios municipios el Proyecto AMBA a cargo del director de Reunión Provincia de Buenos Aires Pablo Gonzalo Pinamonti, quien fue imputado en la causa.
El proyecto AMBA consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el Conurbano bonaerense, a cuya tarea se sumaron otras tres bases preexistentes ubicadas en las principales ciudades de la provincia. La fachada para instalar las bases de inteligencia fue el discurso de que se iba a investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, pero en realidad fueron utilizadas casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político.
Esas bases de inteligencia estuvieron instaladas específicamente en Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza, esta última a cargo del imputado Ricardo Oscar Bogoliuk. A ese dispositivo se le sumaron en aquel tiempo, además, las tres bases históricas con que contaba la Agencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires, con sedes en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.
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El trabajo de inteligencia ilegal se realizó sobre al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores. El espionaje incluyó relevamiento de sus locales, fotos y datos personales de sus referentes, infiltración en reuniones, instalación de cámaras, todo volcado en informes que luego se elevaban a las máximas autoridades del espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.
En ese año, la propuesta opositora de Unidad Ciudadana se había fortalecido en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Conurbano, área en el que el kirchnerismo potenció sus votos. No extraña que el trabajo de contrainteligencia se llevó adelante en el “talón de Aquiles” de Cambiemos, quien llevó como candidato a Senador a Esteban Bullrich.
La investigación que llevó adelante el juzgado federal de Dolores, se observó que la mayor parte de esos informes que elaboraron las “Bases AMBA” presentan “patrones prácticamente idénticos que permiten identificar una matriz sistemática dispuesta por la superioridad: abordan un tema prestablecido, con un objetivo particular, efectúan un desarrollo de las tareas de inteligencia realizadas y, por último, agregan una serie de archivos adjuntos”.
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“Entre las tareas desarrolladas, pudo advertirse la realización de labores de campo directas, con imágenes obtenidas por los agentes que integraban las bases. En otros casos, surge la utilización de técnicas de “ciberpatrullaje” (compulsa de perfiles de redes sociales de diferentes referentes políticos), con las capturas de pantalla correspondientes y la identificación de las personas que se observan en las fotografías obrantes en los perfiles compulsados. Además, se pudo comprobar la compulsa de bases abiertas y públicas, tales como medios de comunicación y sitios de internet, que también sirvieron de insumos para la producción de dichos informes”, se detalla en el informe.
Además, advierte que “la información producida por las BASES AMBA es particularmente sensible”. “Se advierte la consignación de datos personales de los militantes y referentes políticos (DNI, CUIL, domicilios, teléfonos, datos familiares, etc.), la identificación precisa de los locales partidarios o centros comunitarios”, indica.
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