Silvia Majdalani, la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, activó un plan para lograr su impunidad por el espionaje ilegal al Instituto Patria. El mismo día que el juez Juan Pablo Augé la citó a indagatoria, Majdalani presentó un escrito en Comodoro Py con dos objetivos: mudar la causa desde Lomas de Zamora a esos tribunales y que no se la investigue por el espionaje al Instituto Patria alegando que ya fue sobreseída por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Es cierto que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Tanto como que existen documentos que revelan que Majdalani y Gustavo Arribas falsearon informes oficiales para obtener ese sobreseimiento y que fueron parte de maniobras de espionaje ilegal que exceden al Instituto Patria. Y que por eso fueron citados a indagatoria por el juez Augé, tal como informó El Destape.
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El propio juez Augé detalló que el juez Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Arribas y Majdalani basado en documentos fraudulentos. Dice, textual: “el sobreseimiento que los mentados Arribas y Majdalani lograron por los espionajes de los primeros días de agosto en el domicilio del Instituto Patria en el marco de la causa 13.066/2018, y que el magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 8 de CABA fundara en una más que ligera certificación Actuarial, efectuada sobre la causa 82.441/2017 (la causa G-20 que manejaba el juez Federico Villena), donde las falsedades documentales habían confluido y dado forma, con el único fin de lograr un sobreseimiento por esos hechos”.
En síntesis: Majdalani alega que fue sobreseída cuando lo que figura en el expedientes es que lo logró en base a informes falsos. En la denuncia original del espionaje al Instituto Patria y a CFK, la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño había remarcado que era un “sobreseimiento express”. Un sobreseimiento que no fue apelado.
Llevar las causas sensibles a Comodoro Py es una estrategia constante del macrismo. Es la misma que intentaron con otro caso de espionaje ilegal, el que investiga el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores. Son los tribunales donde se sienten más cómodos, donde tienen influencia sobre el mayor número de jueces y fiscales y donde el propio Macri hizo una limpieza en la Cámara Federal (que revisa todas las causas) y colocó allí a dos jueces por decreto, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. En campaña, Alberto Fernández planteó que esas designaciones eran irregulares pero aún no las revirtió. Lo cierto es que entre Bruglia, Bertuzzi y el eterno Martín Doctrina Irurzun tienen control sobre el destino de los expedientes en Comodoro Py. Macri lo sabe, Majdalani y Arribas también.
El escrito presentado por Majdalani lo firmó Juan Pablo Vigliero, uno de sus abogados. Se trata, tal como informó El Destape, de los mismos abogados de la familia Nisman.
Majdalani asegura que hizo esta maniobra “previamente y sin tener conocimiento” de que la iban a citar a indagatoria. El dato de que los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían pedido la indagatoria de Arribas y Majdalani trascendió públicamente el lunes pero fue realizado el sábado. Los fiscales Incardona y Eyherabide, a diferencia de muchos de sus colegas, intentan instalar una metodología por la cuál los involucrados en la causa se enteren antes que la prensa. Difícil que lo logren: los tribunales suelen ser un colador. Pero lo que es poco creíble es que Majdalani se enterara del pedido de su indagatoria por la prensa y luego de hacer su jugada.
El escrito fue presentado ante el juez Martínez de Giorgi, que también la investiga en otras dos causas, por el robo de mails y por el espinonaje ilegal a 403 periodistas y decenas de dirigentes políticos, miembros de ONGs y académicos. Dice que el juez Augé tiene “incompetencia territorial” y pidió su inhibitoria.