Escándalo: Bordet y Etchevehere también espiados por el macrismo

Fue a través de la Dirección Nacional de Migraciones y tanto el gobernador entrerriano, como los hombres de Juntos por el Cambio,  Luis Miguel Etchevehere y Rogelio Frigerio, fueron investigados a través de alertas silenciosas.

12 de marzo, 2021 | 17.10

El gobernador Entre Ríos, Gustavo Bordet, su vicegobernadora, Laura Stratta, miembros del Gabinete de la Casa Gris, exintendentes, presidentes municipales actuales y jueces del Superior Tribunal de Justicia, entre otros, fueron espiados ilegalmente por el gobierno de Mauricio Macri, entre agosto y octubre de 2019. Fue a través de la Dirección Nacional de Migraciones, que abrió ahora, de la mano de su titular, Florencia Carignano, una investigación interna para conocer cómo fue que más de 58 mil personas de todo el país fueron perseguidas a través de la repartición, con alertas silenciosas que daban cuenta de sus movimientos dentro y fuera del país. El escándalo salpica, además, a los propios: Rogelio Frigerio y Luis Miguel Etchevehere, hombres del riñón más cercano del exjefe de Estado, también fueron víctimas de la maniobra.

La noticia se conoció el último lunes al mediodía, cuando Carignano reveló que, luego de su arribo al organismo, se había descubierto que en la gestión que la precedió había utilizado personal con fines estrictamente políticos: conocer información sobre determinadas personas. Para eso se valió del sistema Halcón, legal pero creado con el fin de que se arrojaran alertas silenciosas sobre personas con oficios judiciales. El macrismo fue más allá y extendió esas alertas sobre todo aquel que considerara relevante espiar.

"Cuando nos hicimos cargo de Migraciones, nos dimos cuenta de que la mayoría de los 58 mil nombres que figuraban no tenían un oficio judicial, sino que había un interés particular sobre ellos. Saber así quién entraba, quién salía. Así fue como las claves se usaron para espiar y fijarse los movimientos migratorios" explicó la titular de la repartición en contacto con Telediario -Canal Nueve Litoral-. Carignano contó además que, al lado de los nombres, había anotaciones que daban cuenta de que existía una orden para seguirlos: "Avisar a la AFI, fijarse a dónde viaja tal, mirar con quién viaja cuál, y así".

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Las nuevas autoridades de Migraciones dieron aviso inmediato a la Justicia: "Todo ha sido denunciado y esperamos que las cusas avancen. A la par, abrimos sumarios sobre aquellos empleados que estuvieron involucrados". Para finalizar, la nueva titular del área apuntó a las responsabilidades políticas: "Acá había un director, había un ministro, y sabían lo que pasaba".

Destapada la olla, surgieron los nombres. A Bordet -en aquel momento en su primera gestión y reelecto- y a Stratta -ministra de Desarrollo Social electa vice del Poder Ejecutivo- se le sumaron la ministra de Gobierno -actualmente en el cargo- Rosario Romero; el exministro de Planeamiento y actual titular de la Comisión Técnica Mixta -CTM- de Salto Grande, Luis Benedetto; el director del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Enrique Cresto; el intendente de Gualeguaychú -reelecto para el cargo- Martín Piaggio y el exsecretario General de la Gobernación y actual senador nacional, Edgardo Kueider.

Cresto fue el primero en hablar. El concordiense anticipó que se constituirá como querellante en el caso y dijo que no le parecía raro lo denunciado. Recordó, en ese sentido, que pocos días antes de las elecciones de 2019 se publicaron sus viajes al exterior, en el marco de su trabajo como intendente de Concordia. Le siguió Piaggio, aunque con más cautela: el jefe comunal de Gualeguaychú primero aguardará información de Migraciones y luego analizará los pasos a seguir. Hasta este jueves a la tarde no había respuestas desde el organismo, confirmaron desde su entorno a El Destape.

Ayer rompió el silencio Bordet y dijo que tomará cartas en el asunto, desde lo legal: “a por espionaje ilegal: "Es un hecho aberrante". Esta mañana, en contacto con Cara y Ceca (Radio UNER), la ministra de Gobierno, Rosario Romero, calificó de “escandaloso” lo sucedido, apuntando además al ocultamiento que se le da en los medios hegemónicos. Asimismo, fue cauta a la hora de opinar sobre las responsabilidades y señaló que debe aguardarse la continuidad del expediente judicial.

Fuentes del Superior Tribunal de Justicia –STJ- afirmaron a El Destape que Carbonell también analiza constituirse como querellante, aunque por el momento no habrá declaraciones oficiales. Este jueves, además, se sumaron dos nuevos nombres: el juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró; y el empresario Joaquín De Grazia, dueño de una importante compañía avícola de la costa del río Uruguay.

Pero a la par, se supo, dirigentes cercanos a Macri también fueron espiados. Al igual que –en otros casos- el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CABA-, Horacio Rodríguez Larreta; y la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; los tentáculos de la AFI tocaron ahora a dos dirigentes de peso del PRO que tienen arraigo en Entre Ríos: Rogelio Frigerio y Luis Miguel Etchevehere.

Desde el entorno del exministro del Interior confirmaron a El Destape que él también fue víctima del espionaje. “Está en lista y ya se constituyó como querellante en la Justicia Federal”, indicaron a este medio. El exministro de Agroindustria, por su lado, prefirió el silencio en un primer momento, pero finalmente este jueves habló y dijo que la Justicia debe investigar la denuncia. Asimismo, le otorgó una lectura más “política” al hecho: “Veo en esta denuncia una intencionalidad electoral para perjudicar a exfuncionarios de la gestión Macri”.

Desde el PJ entrerriano salieron al cruce directamente de Frigerio. En un comunicado, el espacio –que preside Bordet- indicó que el responsable de lo sucedido es el exministro del Interior, habida cuenta de que Migraciones es una repartición de la cartera que él conducía: “Lejos de poder victimizarse, como intentó hacerlo en las últimas horas, Frigerio deberá dar explicaciones ante la justicia de por qué desde su ministerio se implementó el seguimiento ilegal, sin orden judicial”.

Desde el círculo más cercano al dirigente del PRO remarcaron que ven una intención más electoral en el documento: Frigerio viene levantando su perfil y está trabajando políticamente en el armado de una plataforma que lo tenga como candidato, ya sea para las Legislativas de este año o las Ejecutivas de 2023.

Y si de clima electoral hablamos, la diputada nacional del Frente de Todos Blanca Osuna también salió al cruce y presentó ante la Cámara de Diputados "un proyecto de Declaración de repudio al espionaje ilegal y las tareas de inteligencia, sin intervención judicial, utilizadas por el sistema de alertas de la Dirección Nacional de Migraciones que dependía de la cartera a cargo de Frigerio". Sobre esto, afirmó: "Estos hechos constituyen la ratificación del uso de un cobarde e ilícito accionar, cuyo formato de espionaje ilegal constituyó una estrategia política repulsiva, que signó la gestión de  Cambiemos". Y aseguró que " se certifica una vez más la utilización de un modus operandi de la alianza PRO-UCR-CC, para usar el Estado  al servicio de la persecución y el espionaje ilegal contra opositores, periodistas, sindicalistas, gobernadores y familiares de las 44 víctimas del hundimiento del ARA San Juan", afirmó O

Todos los nombrados se suman a Leticia Angerosa, exdiputada provincial justicialista y referente de Derechos Humanos, cuya persecución a través de métodos ilícitos durante la era Cambiemos se hizo conocida –y fue oportunamente publicada por El Destape- en mayo de 2020. Su nombre surgió en las computadoras de la AFI, en el marco de una auditoría ordenada por su interventora, Graciela Camaño.

Se abre así una nueva línea investigativa en el megacaso de espionaje ilegal que tiene procesados al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas; y a su segunda, Silvia Majdalani. Ahora, con la información de que dirigentes políticos, magistrados, artistas, periodistas y sindicalistas fueron espiados a través de Migraciones, que se suma a las escuchas ilegales en cárceles, los espías en el Instituto Patria y la connivencia política-judicial-mediática en torno a causas que apuntan al gobierno de Cristina Fernández.