El fiscal Franco Picardi planteó por tercera vez que tiene que investigarse el rol de Mauricio Macri en torno al espionaje a Cristina Fernández de Kirchner tanto en su domicilio como en el Instituto Patria. Por esa causa ya fueron procesados los jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz y Martin Coste y el propio fiscal Picardi pidió que se eleve ese tramo del caso a juicio oral. Pero en paralelo Picardi quiere que se profundice la pesquisa para establecer si todo fue bajo órdenes de Macri. Hay motivos para sostener esa hipótesis: la ley marca que la AFI depende del Presidente y los espiados eran de interés de Macri.
“Impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, así como de las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”, planteó el fiscal Picardi en un dictamen el 11 de abril pasado, al que accedió El Destape. Ya lo había hecho el 31 de octubre de 2022, cuando pidió elevar el caso a juicio, algo que el juez Marcelo Martínez de Giorgi demora en resolver desde entonces. Picardi reiteró el planteo en diciembre y de nuevo ahora.
¿Es posible que Macri no supiera del espionaje ilegal durante su gobierno? No: ya hay un cúmulo de evidencia de que todo fue ordenado por Arribas y Majdalani y ambos reportaban directo al ex Presidente. De hecho en otra causa donde se denunció el espionaje a los familiares del ARA San Juan, los camaristas Mariano Llorens (que se juntó con Macri en Olivos), Leopoldo Bruglia (puesto a dedo por Macri) y Pablo Bertuzzi (también puesto a dedo por Macri) confirmaron las tareas de inteligencia ilegal pero las justificaron con que un grupo de familiares ponía en riesgo la seguridad nacional ¿Hay posibilidad de que el espionaje a CFK se tratara de cuentapropismo, como también dijeron los camaristas Llorens y Bertuzzi? Imposible. La clave está en donde se corte la investigación, si en los agentes, en sus jefes, en los capos de la AFI o si, como insiste el fiscal Picardi, se llegue hasta Macri.
El espionaje a CFK en su casa y el Instituto Patria es uno de los que quedó al descubierto en la investigación que comenzó en los tribunales de Lomas de Zamora pero fue absorbida por Comodoro Py. En concreto, tal como reveló El Destape, una serie de informes secretos de la AFI construyeron un escenario de supuestas amenazas terroristas en torno a eventos internacionales que sucederían en Argentina como el G20, una reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o los Juegos Olímpicos de la Juventud. Todo fue para justificar el espionaje a CFK y a otros dirigentes políticos. La cobertura de aparente legalidad se las dio el juez Federico Villena. Por este caso fueron procesados Arribas y Majdalani, capos de la AFI, junton con el ex director de Contrainteligencia Martin Coste y Alan Ruiz, que comandaba el grupo de tareas que compartía un grupo de Whatsapp llamado “Super Mario Bros”.
En noviembre de 2022 el mismo fiscal Picardi enumeró 28 expedientes en los cuales se investigan distintos casos de tareas de inteligencia ilegal, afirmó que hubo “un plan sistemático y organizado” que fue coordinado para lograr un objetivo puntual y que tanto la ley como las relaciones entre sus ejecutores muestran que la cabeza de este entramado fue Macri.
Hay 11 de estos casos que fueron acumulados en el juzgado de Martínez De Giorgi y le toca intervenir como fiscal al propio Picardi. Otros 17 expedientes que están en otros juzgados. Para el fiscal Picardi, “el análisis integral de esos casos da cuenta de elementos que, aunados, permiten establecer una sospecha razonable de que las prácticas de inteligencia realizadas sobrepasando el marco legal vigente tanto a nivel nacional como convencional durante la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional, fueron configurativas de un plan sistemático y organizado desde altas esferas del Estado para lograr objetivos políticos y personales; ciertamente, alejados de un interés estatal legítimo o convincente”.
Es evidente que no fueron casos aislados y la ley de Inteligencia dice que “el Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. Si se usó a los organismos de inteligencia para espionaje interno de manera sistemática y organizada no hay mucho margen para decir que eso no lo ordenó Macri.
En este caso en particular, el espionaje a CFK en su departamento y el Instituto Patria, el fiscal Picardi ya le había pedido al juez Martínez de Giorgi una batería de medidas que apuntaban a reconstruir los llamados y reuniones que mantuvieron el entonces presidente Macri y los jefes de la AFI Arribas y Majdalani entre junio y noviembre de 2018.
Martínez de Giorgi ordenó algunas de las medidas de prueba. Por ejemplo, le requirió a la AFI y a las empresas de telefonía que comuniquen los números asignados a Macri, Arribas y Majdalani entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluyó también al ex número 3 de la agencia, Juan Sebastián "Enano" De Stéfano, que era el director de Jurídicos y cuya agenda de llamados vinculados al lawfare reveló El Destape; al ex espía Alan Ruiz, jefe de los Super Mario Bros; y a Bernardo Miguens, un ex agente de inteligencia que trabajó en el juzgado de Claudio Bonadío antes de ingresar al organismo. El magistrado también solicitó a la Jefatura de Gabinete que entregue todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada que se dieron en el mismo período: junio-noviembre de 2018.
Ahora el fiscal Picardi presentó un nuevo dictamen donde, por un lado, muestra que ya tiene los números de celular de todos los investigados y pide profundizar la pesquisa con el entrecruzamiento de llamados entre ellos y también un análisis de sus principales contactos. Plantea que la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) haga el entrecruzamiento de llamadas y detalle los contactos frecuentes de todos los involucrados entre junio y noviembre de 2018
Por el otro, solicita que se cite a declaración testimonial a José Padilla y Ruben Areso, ex funcionarios del área de Asuntos Jurídicos de la AFI comandada por “el Petiso” De Stéfano, para indagar sobre la cobertura de falsa legalidad que se le daba a los operativos de espionaje. También reclama Jefatura de Gabinete envíe los registros de ingresos y egreso de la quinta de Olivos y Casa Rosada de Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens y que la AFI brinde información sobre las líneas telefónicas asignadas a Macri, Arribas, Majdalani, Ruiz, De Stéfano y Miguens.
“Las diligencias descriptas se imponen como la única vía de conocimiento disponible para reconstruir interacciones posiblemente demostrativas de la intervención en el hecho de superiores jerárquicos de las personas implicadas hasta el momento”, plantea el fiscal Picardi. Los “superiores jerárquicos” son Macri y, detalla el fiscal, “las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”.
La pelota está en el juzgado de Martínez Di Giorgi, que debe resolver si eleva el caso a juicio oral y si quiere investigar en serio el rol de Macri.
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