“El Estado mafioso”. Así se titula el dictamen que presentó hoy la Comisión Bicameral de Inteligencia junto con un compendio de casi 400 páginas donde reunió información sobre las distintas causas donde se investiga el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, las declaraciones en el Congreso de espías y víctimas, el modus operandi del armado de causas judiciales y la filtración a medios de comunicación para operaciones contra opositores. El informe, al que accedió El Destape, arroja este dato: el macrismo espió al menos a 354 personas y 171 organizaciones. También plantea la necesidad de una nueva Bicameral que siga el trabajo e investigue el accionar de parte del Poder Judicial durante los últimos años.
La Comisión Bicameral de Inteligencia también encontró que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) participó en 85 expedientes de intervención de teléfonos, la mayoría en 2016, y que en 17 casos lo hicieron por iniciativa propia o precausas, que es el truco que tenían para darle una falsa pátina de legalidad a las pinchaduras.
“Se persiguió y espió a la ciudadanía exclusivamente por su pertenencia política, de manera sistemática y casi masiva, en pos de los intereses particulares de la conducción política de turno”, es decir de Macri, señala el informe de la Comisión. También propusieron que “debe analizarse e investigarse si ex integrantes de la AFI poseen aún hoy un poder residual y paralelo”.
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“¿Quién es el receptor último de una información de inteligencia? El presidente de la Nación” dice la Comisión en sus conclusiones. Si esa información fue obtenida de manera ilegal, fue Macri el que la usufructuó. Que lo afirme el Congreso no es menor. Al contrario: es de gran relevancia institucional.
Un nuevo Nunca Más
El dictamen que elaboró la Comisión que preside el diputado Leopoldo Moreau tiene un párrafo sobresaliente. Dice:
“Durante el gobierno que abarcó el período 2015-2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa. Fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos. No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 170 organizaciones política, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Estos son solo algunos de los datos que surgen de la descripción minuciosa de los delitos señalados en esta investigación, que resulta clave para que la sociedad argentina pueda separa del Estado a las cloacas por las que tiraron a nuestra democracia. Se impone así un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado en la República Argentina”.
Se detalla también la “retroalimentación permanente, circular y perversa” entre medios, jueces y servicios de inteligencia para sostener el “círculo ominoso de la persecución política”.
El método quedó detallado en el informe en 3 pasos:
- Producir información para incidir en procesos judiciales en trámite
- Facilitar dicha información a los medios de comunicación para su eventual difusión, de acuerdo con las necesidades del plan
- Neutralizar, estigmatizar, suprimir civilmente, desprestigiar, hostigar, extorsionar y perseguir a opositores políticos. Ello en un proceso de realimentación sistemático.
Los actores estatales involucrados en el espionaje ilegal, detalla la Comisión, fueron:
- La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani
- El Servicio Penitenciario Federal (SPF)
- El ministerio de Seguridad que comandaba Patricia Bullrich
- “Un nicho de magistrados de la justicia federal”, según describió el informe de la Comisión.
El documento describe el modus operandi del lawfare, destaca que el espionaje se distingue del de épocas anterior ya que ahora “se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales”. Las sentencias mediáticas por sobre el Código Penal.
La investigación de la Comisión Bicameral concluye que “este espionaje ilegal se produjo a través de células armadas específicamente para ese objetivo”, que “se creó una estructura estatal paralela y clandestina; una verdadera organización mafiosa” y que esas células paralelas “era una serpiente de varias cabezas que luego se fundía en la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”.
“Ablandar, es decir extorsionar moralmente -en su buen nombre y honor- a personas a través de publicaciones, fake news y testimonios armados para que luego declaren en contra de otras, era una de las tantas tareas de las células, coordinadas con ciertos enclaves en el Poder Judicial y sectores del periodismo. Uno de esos modus operandi era la detención preventiva de familiares para negocias su libertad a través de confesiones bajo extorsión”, dice la Comisión. Fue el caso del ex secretario de CFK Pablo Barreiro, por ejemplo.
Otra cuestión clave que destacan es que toda esta operación mafiosa no hubiera sido posible sin financiamiento y que eso provino de la decisión de Macri de devolverle los fondos reservados a la casa de los espías.
Los espiados que son figuras públicas están mencionados en el informe. Pero no son los únicos, y cualquier persona que sospeche que fue espiada en la era Macri puede acercarse tanto a la Comisión de Inteligencia como a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y consultar si figura su nombre en las listas.
Índice
El mero índice del informe de la Comisión de Inteligencia ya genera escalofríos. La enumeración, luego desarrollada en el texto, ya da cuenta de la magnitud de la política de espionaje ilegal en la era Macri.
Algunas son:
- La operación Pablo Barreiro, ex secretario de CFK al que le ofrecían arrepentirse y apuntar contra la ex presidenta a cambio de la libertad de su padre
- La causa GNL, armada entre Claudio Bonadio, el operador mediático Daniel Santoro y el espía ilegal Marcelo D’Alessio
- La carpeta de inteligencia que Santoro armó sobre Alejandro Fantino y demás compañeros de andanzas en el programa Animales Sueldos
- Las presiones contra Giselle Robles, ex abogada de Leonardo Fariña, para que no revelara su rol en el armado de causas
- El espionaje sobre Oscar Parrilli, cuyo teléfono estuvo pinchado 209 días a través del armado de una “precausa” y sus conversaciones con CFK terminaban en los estudios de TV.
- La célula de espionaje que funcionaba en “La Cueva”, conocida como los Super Mario Bros, que comandaba Alan Ruiz y dependía directo de la cúpula de la AFI
- El espionaje al Instituto Patria y al departamento de CFK
- El espionaje a presos políticos, que incluyó el cableado de unidades penitenciarias e incluso escuchas cuando estaban con sus abogados
- El entramado de las Bases de la AFI en el conurbano para el espionaje masivo de dirigentes políticos, sociales, sindicatos y hasta comedores comunitarios
- El caso de la mega red de espionaje ilegal articulada en torno a Marcelo D’Alessio en la que está procesado el fiscal Carlos Stornelli.
En el informe se desarrolla cada caso con la información de los expedientes judiciales junto con la propia actividad de la Comisión, que citó a declarar a víctimas y espías.
Una Bicameral del Poder Judicial
“En el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores de otro poder del Estado: el judicial”, remarca el informe de la Comisión de Inteligencia. Eso, plantean, excede sus facultades, pero proponen “la creación de una Comisión Bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales”.
Esto es lo que propuso Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas. La Bicameral de Inteligencia no puede investigar al Poder Judicial; una Bicameral específica sí. De hecho existe una que realiza un seguimiento del Ministerio Público Fiscal. ¿Los jueces no pueden ser controlados por el Congreso? Si pueden, y el material de la Bicameral de Inteligencia justifica la creación de una nueva Bicameral que se involucre en la arena judicial.
“Este documento servirá para profundizar la investigación parlamentaria respecto de las complicidades judiciales como parte de un plan sistemático, escenario que excede la competencia de esta Comisión Bicameral de Inteligencia”, dice el informe.
Precausas
Un capítulo clave del informe de la Comisión de Inteligencia es el que enumera la participación de la AFI directamente en expedientes judiciales, precausas, filtración de escuchas y manejos con el Poder Judicial.
Uno de los trabajos de la Comisión durante estos meses consistió en una auditoría de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), la mini SIDE que depende de la Corte Suprema gracias a que Macri les traspasó la oficina de escuchas.
La Dajudeco dependía de la Corte, no de la AFI. Pero la Comisión de Inteligencia encontró que los espías que manejaban Arribas y Majdalani participaron en 85 expedientes de intervención de teléfonos, la mayoría en 2016, y que en 17 casos lo hicieron por iniciativa propia o precausas, que es el truco que tenían para darle una falsa pátina de legalidad a las pinchaduras.
“Para iniciar una precausa -detalla el informe- el director de la AFI, Gustavo Arribas o alguno de sus principales funcionarios, presentaban al al juez la solicitud de intervención con la excusa de estar frente a una hipótesis de investigación en el marco de la Ley Nacional de Intelignencia. Con la información producto de la escucha se la utilizaba con fines de espionaje interno, pero también, con fines de incidir con acción psicológica en el ánimo e imagen de los afectados, y en la opinión pública por su grado de representación política”.
La Comisión destaca que las escuchas fueron publicadas por Luis Majul pero replicadas y diseminadas por Télam, la agencia pública de noticias, que dependía de Hernán Lombardi. Y que todo fue parte de un entramado en el que intervinieron los jueces Claudio Bonadio, Martín Doctrina Irurzun y Federico Villena.
Los casos de escuchas son varios, entre ellos:
- A Oscar Parrilli y sus conversaciones con CFK
- A María Florencia Coccuci, una testigo en la causa Nisman
- El espionaje a presos políticos en el penal de Ezeiza, entre ellos Amado Boudou, Cristóbal López y Fabián De Sousa
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