La AFIP fue un organismo clave para el espionaje y la persecución durante el gobierno de Mauricio Macri. Carlos Castagnetto, actual titular del organismo, denunció que se hicieron más de 35.000 consultas sobre 11.000 contribuyentes de exposición pública sin tener ningún respaldo. Eso significa una sola cosa: que se violó el secreto fiscal para contar con información sobre dirigentes políticos, empresarios y otras figuras públicas para tener información que sirva para presionarlas o armarles causas judiciales.
La demanda, a la que accedió El Destape, apunta contra Vicente Luis Magnaterra, que era supervisor de auditoría del Departamento de Riesgos, Planificación y Control. Dependía de la Subdireccion General de la AFIP que comandaba Néstor Abelardo Sosa, ya denunciado por tareas de espionaje desde el organismo. La denuncia formal es por violación de secreto oficial, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento por funcionario público para eludir las investigaciones. Se trata, en definitiva, del uso de la AFIP para el espionaje interno y la persecución.
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La causa recayó en el juzgado 11 de Comodoro Py. Se ve que aún no actualizaron la máquina de sorteos ya que es el antiguo reino del fallecido Claudio Bonadio, que atraía todos los casos sensibles para el macrismo o contra el kirchnerismo. Actualmente ese juzgado lo subroga Julián Ercolini, que justamente fue el magistrado que usó la información de la AFIP para otro caso de persecución, el de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa del Grupo Indalo. Ercolini delegó la investigación en el fiscal Ramiro González.
Es más que evidente que Magnaterra no actuó solo, no solo por su jefe Sosa sino por el rol de quien coordinó la persecución desde la AFIP, que fue Jaime Mecikovsky, y la jefatura del organismo por parte de Alberto Abad y Leonardo Cuccioli en la era Macri. Ni en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ni en la AFIP hubo cuentapropismo, sino planes sistemáticos de espionaje.
Esta nueva denuncia surgió a partir de una auditoría interna donde, detalla la presentación judicial, “se analizaron distintas consultas en los sistemas del organismo referidas a contribuyentes con exposición pública, pudiéndose detectar que superaban los 50.000 casos”. En detalle, entre el 1 de enero de 2017 y el 24 de octubre de 2019 hubo “56.864 registros de consultas realizadas, de los cuales carecerían del debido respaldo 35.439 (62,52%)”.
“Por la cantidad de ingresos indebidos la AFIP entendió necesario y urgente presentar la correspondiente denuncia penal, a los efectos de preservar la integridad de los datos de las personas humanas cuya intimidad pudo haber sido vulnerada, sumado al hecho de tratarse, en su gran mayoría, de contribuyentes que desempeñan actividades con alta exposición pública o cuyas decisiones incumben a terceros”, informaron desde el organismo.
No hay ninguna justificación para revisar los datos de más de 11.000 contribuyentes sin documentación que respalde esas consultas. La única explicación es la búsqueda de datos sensibles que se puedas usar para perseguir, extorsionar o armar causas.
“Una vez realizada la presentación, la AFIP se puso a disposición de la justicia para colaborar en lo que ésta requiera y repudió cualquier maniobra que en el pasado se haya pretendido realizar para transformar al organismo en una maquinaria de espionaje y persecución”, señalaron desde la oficina de Castagnetto.
Modus operandi
La maniobra no es novedad. Ya se sabe que Macri usó la AFIP para perseguir a CFK, con dos auditorías que revelaron miles de consultas de información fiscal sobre la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia, que se designaron funcionarios a dedo para investigarlos e incluso hubo grupos de seguimiento, que se actuó de manera coordinada y fuera de la ley con juzgados y fiscalías y que incluso se omitía notificar a la actual vicepresidenta de todos los procedimientos. También que el organismo fue utilizado para armar la causa contra Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, proceso en el cuál la AFIP le entregó a dedo más de 4 millones de pesos a Ricardo Gil Lavedra para que encabece la acusación.
La ex titular de la AFIP Mercedes Marcó Del Pont realizó una denuncia penal en febrero de 2020 a partir de una presentación ante el organismo de la propia CFK. La vicepresidenta planteaba que en la era Macri la AFIP la había perseguido. Recayó en el juzgado N° 11 de Comodoro Py, donde reinaba Claudio Bonadio y que ahora está a cargo de Ercolini. La nueva denuncia de la AFIP cayó en el mismo juzgado.
“Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del ‘hostigamiento fiscal’ experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri. De las auditorías internas se desprende la posible comisión de ciertos hechos, por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”, informaron desde AFIP en ese momento.
“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado... los hallazgos dan cuenta de una matriz de persecución desplegada en las gestiones del doctor Alberto Abad y del ingeniero Leandro Cuccioli, durante el gobierno que presidió el ingeniero Macri”, dice un documento interno de la AFIP firmado por Marcó del Pont el 12 de noviembre de 2019.
En ese momento el organismo también informó que “entre los años 2016 y 2019 se desplegaron en la AFIP acciones ilegales que han configurado un supuesto de aquello que podríamos denominar ‘hostigamiento fiscal’, compuesto por prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias –entre otros– del principio de igualdad, cumplidas con una finalidad de persecución contra la principal oponente política del entonces oficialismo, con una eventual afectación de derechos de difícil –sino imposible– reparación, tanto para ella como para sus hijos”.
Entre las irregularidades, prácticas arbitrarias y discriminadoras del “hostigamiento fiscal” contra CFK y sus hijos encontraron:
- La designación de funcionarios a dedo para llevar adelante los procedimientos contra CFK.
- Una “inusitada cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal” de CFK. Constataron miles de consultas sobre CFK, Máximo y Florencia, todo “sin fundamento legal siquiera aparente a cargo de un nutrido grupo de agentes del organismo. A esta situación debe sumarse la probable eliminación de rastros informáticos sobre otras consultas practicadas de manera presuntamente ilegal”. Marcó del Pont enfatizó que “semejante nivel de intromisión de una agencia estatal en la vida de una persona constituye un atropello institucional”.
- Que hubo actuación de funcionarios de AFIP en causas judiciales sin estar autorizados por parte del organismo.
- La creación de grupos de seguimiento y control de contribuyentes específicos.
- Actuación “coordinada (e irregular) con juzgados y fiscalías federales".
- La falta de notificación de una fiscalización, es decir, no le avisaron a CFK que iban a revisar de oficio sus obligaciones tributarias. Eso, dice el escrito de Marcó del Pont, pone “en entredicho la garantía del debido proceso".
- El envío de notificaciones a un domicilio que no era de CFK a propósito. Para la actual AFIP “se omitió deliberadamente y con indisimulable mala fe proceder de tal manera”.
- Irregularidades en la determinación de deuda de CFK y sus hijos.
El otro caso previo fue el del Grupo Indalo. Lo investiga la jueza María Romilda Servini. Es el caso en el cuál fue citado a indagatoria Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, prófugo hace 834 días. “Tal como surge de una auditoría interna de la AFIP, es ‘posible concluir que se había creado una herramienta que había surgido para monitorear en forma diaria el estado de dos grupos económicos específicos, distinguiendo su tratamiento del resto de los contribuyentes’. ¿Cuáles eran esos dos grupos? “El Grupo Indalo y el Grupo Báez”, publicó Franco Mizrahi en El Destape.
Servini resalto “que existió una discriminación de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos para con los grupos económicos denominados ‘Grupo Indalo’ y ‘Grupo Báez’, que determinó que sin motivo alguno fueran controlados/vigilados de una manera distinta del resto de los contribuyentes”.
Mizrahi también publicó que “una investigación que realizó el fiscal federal Franco Picardi expone que el macrismo también usó a la AFIP, entre otros organismos, para destituir al camarista Eduardo Freiler”.
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