Carzoglio quiere saber si fue espiado ilegalmente y pidió la declaración de Arribas y Majdalani

La compleja causa que investiga una red de espionaje ilegal durante el macrismo, perpetrada desde la Agencia Federal de Inteligencia comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sumó un nuevo capítulo. El juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, pidió saber si fue víctima de estas actividades y pidió que se cite a declaración indagatoria al “señor 5” y la “señora 8”. Además, requirió la misma medida para los espías Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale, encargados de apretarlo para intentar que ordene el encarcelamiento de Hugo y Pablo Moyano a pedido de Mauricio Macri. El primero de ellos fue señalado por varios de los investigados como el encargado de armar documentos falsos para darle un visto de legalidad a actividades desarrolladas por fuera de toda normativa.

Como reveló El Destape, el 31 de agosto de 2018 Carzoglio recibió la visita de De Stéfano y Di Pasquale en su despacho. Le dijeron, según declaró el magistrado, que “el Presidente estaba interesado en la detención de Pablo Moyano y le llevaron dos borradores con el pedido de la orden de detención” del camionero. Al ver los documentos, el juez notó que también figuraba Hugo. Todo en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita entre la Dirección del Club Atlético Independiente y la barra brava de esa entidad.

En la visita, uno de los agentes le preguntó, incluso, qué quería a cambio de obedecer la orden de Macri, producto de la “obsesión” del hombre PRO con los Moyano. Ese encuentro fue confirmado poco después por Arribas y Majdalani ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. Dado que uno de los sujetos fue señalado por varios espías como el encargado de crear documentos judiciales para darle marco de legalidad a actividades ilegales, y que la AFI macrista está investigada por espionaje, la defensa del magistrado le solicitó al juez Juan Pablo Augé conocer si Carzoglio fue “ilegítimamente espiado” por ese entramado M.

En caso de obtener respuesta afirmativa, la defensa solicitó que se acumule la causa que investiga esos aprietes a la del espionaje iliegal, pese al sobreseimiento dictado por el juez Ariel Lijo el 27 de noviembre de 2019. Decisión que fue confirmada por la Cámara Federal.

Según pudo saber El Destape, en esa investigación la exSIDE argumentó que “los funcionarios se presentaron en la mesa de entradas del tribunal, se identificaron correctamente, tuvieron una reunión formal con el magistrado, ‘sin suspicacias, dobles mensajes ni malos entendidos’, e inmediatamente elevaron el informe correspondiente al Director de la Agencia” y que “el reconocimiento efectuado por los integrantes de la AFI sobre la existencia de la reunión siempre se encontró enmarcado dentro de las facultades de actuaciones legalmente conferidas al organismo y con el único objetivo de anticiparse a las consecuencias de la reacción social que podría haber producido la detención de dos importantes miembros del movimiento sindical de nuestro país”. Para la defensa de Carzoglio, ésto “es absolutamente falso” a la luz de los hechos investigados en la actualidad por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

La corriente pesquisa “pone en crisis el infundado sobreseimiento” por lo que pidieron dejar sin efecto el sobreseimiento al entender que la investigación no buscó la verdad sino que optó por “rescatar” a quien fue objeto de la hipótesis delictiva. Por eso, se solicitó la declaración indagatoria a Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Juan Sebastián De Stéfano, Fernando Di Pasquale y a los demás autores ideológicos, investigadores o encubridores de lo denunciado por Carzoglio.

Además, se pidió el testimonio del Dr. Mariano Albanese, empleado judicial del Juzgado de Carzoglio, quien contó que en agosto de 2018 recibió un llamado telefónico de parte de Mariano Leguiza, fiscal en Lanús, para charlar. El encuentro tuvo lugar en el auto y éste le dijo: “Mirá, Mariano, te la voy a hacer corta, mirá que no te estoy grabando. Yo tengo llegada a miembros de la AFI y esta gente se enteró que ustedes manejan la causa de Moyano y el número 1 quiere hablar con vos y con Carzoglio”. Según declaró, el “número 1” era Mauricio Macri.

En el escrito, los defensores de Carzoglio argumentaron que “existió un aparato estatal dedicado a iniciar, con la complicidad del Procurador Julio Conte Grand y otros funcionarios bonaerenses, expedientes judiciales con fines políticos o generar causas para perseguir a funcionarios, sindicalistas, magistrados y funcionarios judiciales”.

En este caso puntual, destacaron, está acreditada “la existencia de una red de plan de espionaje de la AFI dirigida por Arribas y Majdalini –con la colaboración de Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale – destinada a influir sobre el Dr. Carzoglio y al no haber logrado con éxito su finalidad espuria, se lo apartó, injustamente, de su rol de Magistrado a través del restante engranaje judicial que está en cabeza del Fiscal General (Julio) Conte Grand y sus dependientes”. También denunciado ante la Justicia en otro expediente.