Arribas y Majdalani se negaron a declarar por el espionaje: qué dicen las imputaciones en su contra

Los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, desfilaron este martes y miércoles, respectivamente, por el juzgado federal de Dolores. Ambos están acusados de ordenar un masivo espionaje ilegal a través de las bases AMBA que la agencia desplegó en la provincia de Buenos Aires, en 2017. Entre las víctimas figuran 32 organizaciones sociales, 16 partidos políticos y 23 sindicatos, todas espiadas en el marco de un año electoral. Tanto el exseñor 5 como la exseñora 8 se negaron a declarar y tuvieron que dejar sus pasaportes. Cuál fue la acusación que les leyó el juez Alejo Ramos Padilla.

La imputación para Arribas y Majdalani -a la que tuvo acceso El Destape- tuvo pasajes similares, pero también particularidades por el rol que la Justicia le adjudica a cada uno en el espionaje ilegal que se desplegó desde el proyecto AMBA. 

Tanto al director general como a la subdirectora de la AFI macrista se les imputa, al menos en 2017, haber “ordenado, permitido y organizado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520”, es decir, la Ley de Inteligencia Nacional.  Entre otras cosas, se les achaca “la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política, su actividad o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias o asistenciales”. 

Según sostuvo el magistrado en la lectura de la acusación, “esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país y en los partidos políticos, conocer sus actividades, los lugares donde se situaban sus locales partidarios, los datos personales de sus militantes y la identificación de sus referentes, las actividades que realizaban, la identificación de las personas que asistían a actos políticos y los vehículos en los que se trasladaban”. 

“Todas estas acciones se realizaban además con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y agrupaciones, y en el normal desenvolvimiento de las actividades políticas”, añadió.

Ramos Padilla también les leyó que “similares tareas de espionaje se realizaron sobre organizaciones comunitarias detallando los lugares donde funcionaban comedores asistenciales, identificando a sus referentes y las actividades que realizaban”. Y señaló que “se investigó a organizaciones sociales y gremiales, como así también los actos proselitistas y de protesta que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión de gobierno”. 

Luego detalló el despliegue de las bases en territorio bonaerense: “Para desarrollar este espionaje político, social, gremial y comunitario prohibido por la ley, se establecieron en la provincia de Buenos Aires, al menos durante el año 2017, las denominadas ‘bases AMBA’ – Delegaciones Provinciales de Ezeiza, Haedo (Morón), San Martín, Quilmes, Pilar y La Matanza–, como así también las ubicadas en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, las cuales pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires –en ese entonces a cargo de Pablo Gonzalo Pinamonti–, de la Agencia Federal de Inteligencia”. Justamente, fue la indagatoria de Pinamonti en el marco del D’Alessiogate lo que destapó este nuevo caso de espionaje.

En lo que hace a la imputación que este miércoles el juez le leyó a Majdalani, se precisó que la subdirectora de la agencia recibía “periódicamente” la información que se producía de manera ilegal en esas bases. “En este contexto, la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia no sólo tuvo conocimiento de las acciones ilegales llevadas adelante por las delegaciones mencionadas, sino que, atento a las funciones asignadas mediante resolución 558/17, participó de la definición de la planificación y la organización de la reunión, obtención, sistematización y análisis de esa información”. 

“En consecuencia, a partir del análisis de la información que le remitía la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, la imputada planificó y dirigió las tareas de espionaje prohibidas e impartió las directivas generales, al menos, a los imputados Pablo Pinamonti, Daniel Salcedo y Vicente Antonio Melito”. Se trata de los tres agentes encargados de dirigir y coordinar el proyecto AMBA. Salcedo y Melito también fueron convocados a prestar declaración indagatoria en esta causa. Se los espera el 6 y 7 de octubre.

El martes, cuando Ramos Padilla le leyó la imputación a Arribas, remarcó que “entre las resoluciones que dispuso para llevar adelante este espionaje ilegal, a partir de su cargo de Director General, se destaca la Nº 558/2017 mediante la cual modificó la estructura orgánica de la Agencia a su cargo, y le asignó funciones específicas a la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”.

Mediante esa resolución Arribas “blanqueó” el espionaje ilegal al asignarle a esa dirección la función de “Planificar, dirigir y supervisar las actividades de reunión de información que se requieran sobre los factores de poder político económico, psicosocial y en el componente científico tecnológico”, algo vedado por la Ley de Inteligencia Nacional.

No contestaron preguntas

A la hora de ser consultada por el juez, este miércoles, Majdalani dijo que no iba a declarar. “No tengo conocimiento de nada, no he tenido ni el tiempo ni los medios necesarios para conocer esta causa, y entiendo que es mi derecho tener todo eso para poder venir a defenderme. Hoy todo esto para mi es una sorpresa”, afirmó. También aseguró que le “gustaría mucho declarar porque creo que es lo que corresponde” y que jamás dio ni recibió “una orden para efectuar ninguna tarea ilegal”. Destacó que pasó por Comisión de Fiscalización y Control de los Organismos de Inteligencia por lo que dijo conocer “perfectamente bien la ley”. “Cuando yo tenga el tiempo necesario y los medios necesarios, voy a venir gustosa a declarar”, cerró.

Un día antes, Arribas había avanzado con la misma estrategia defensiva: “Por consejo de mis abogados, y haciendo uso de mi derecho constitucional no voy a declarar hasta tanto tenga un conocimiento acabado y suficiente de esta causa”.

Lo cierto es que a la luz de la resolución del 23 de septiembre, en la que Ramos Padilla detalló el caso y procesó a Pinamonti y al jefe de la base de Ezeiza Ricardo Bogoliuk, el caudal probatorio es abrumador. Hay fotos y videos comprometedores para los acusados.

Tal como surge de la resolución de Ramos Padilla hay más de 50.000 archivos entre imágenes, videos y documentos en formato Office (Word o Excel) y PDF que recopilaron las bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, Pilar, Quilmes, La Matanza y San Martin. El material surge de dos discos rígidos que acercó la intervención de la AFI a pedido del magistrado. Aún no fue analizado toda esa información.

Según pudo reconstruir este medio, todos los imputados en el expediente ya mantuvieron contacto con el juzgado. Quienes se presentaron en Dolores se comprometieron a no hablar con otros agentes de la AFI como lo había dispuesto el juez. También brindaron sus domicilios, incluso los que poseen en el exterior, y entregaron sus armas en las comisarias más cercanas. En lo que hace a las víctimas, aún no se presentaron pero según pudo saber este medio es inminente que muchas empiecen a hacerlo a la brevedad.