El fiscal general interino de Comodoro Py José Luis Agüero Iturbe pidió que se anule el sobreseimiento a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Ese fallo lo firmaron 3 jueces nombrados por el ex presidente: Mariano Llorens (que se juntó con Macri en Olivos), Leopoldo Bruglia (puesto a dedo por Macri) y Pablo Bertuzzi (también puesto a dedo por Macri) Los jueces no dijeron que el espionaje no existió sino que lo justificaron y legitimaron como parte de las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Para los jueces macristas los familiares de los tripulantes del ARA San Juan podían poner en riesgo la seguridad presidencial con una movilización, un pedido de reunión o la entrega de una carta.
El fiscal Agüero Iturbe dice que “los señores magistrados corren el eje de la discusión y de la investigación” y que los familiares del ARA San Juan espiados “no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse” y que “se trataban de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos”. Concluye que “considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.
No se puede calificar al fiscal interino Agüero Iturbe de kirchenrista y menos de anti macrista. De hecho, al contrario que en esta causa, Agüero Iturbe desistió de impulsar la investigación por las reuniones de Macri con los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y con eso sepultó el caso. Para enterrar la Operación Olivos el fiscal Agüero Iturbe dijo que no hay que investigar más porque “no arribaríamos a ningún puerto y solo profundizaríamos la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial”. Sic. Ahora, por el contrario, insiste en investigar el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan, misma causa donde también se pronunció a favor de que se anule el procesamiento de Macri. El fiscal de Schrödinger.
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Agüero Iturbe dictaminó en agosto pasado a favor de que se anule el procesamiento de Macri en esta causa. Siguió los planteos de Pablo Lanusse, abogado de Macri, que alegó que hubo un defecto formal su procesamiento. ¿Cuál? Que cuando el juez Martín Bava lo citó a indagatoria lo hizo por “haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan” pero que cuando lo procesó escribió: “Se encuentra acreditado en autos que, por lo menos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 el imputado Mauricio Macri, desde su rol de Presidente de la República Argentina, posibilitó la realización de las tareas ilegales, generó las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenó parte de ese producido y utilizó esa información de inteligencia ilegal”. Según el abogado de Macri no hubo “congruencia” entre la indagatoria y el procesamiento (en el segundo hay más elementos) y por eso no pudo defenderse adecuadamente. Un truco formalista, nada más.
Ahora Agüero Iturbe va en contra de lo que resolvieron los camarista Llorens, Bruglia y Bertuzzi. ¿Qué sostuvieron los jueces macristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi? Que las tareas de inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan fueron avanzadas de la seguridad Presidencial y que no se cometió delito alguno: “Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, afirmaron. El contorsionismo judicial llegó al punto de justificar las tareas de inteligencia ilegal sobre un grupo de familiares como si pudieran poner en riesgo la seguridad presidencial o la del país. Este fallo de los jueces macristas beneficia también a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y a otros 8 exespías de la agencia.
“Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”, festejó Macri apenas se conocieron los fallos de sus jueces. Habrá que ver que dice ahora del fiscal interino Agüero Iturbe, que opina que “una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosimilitud no puede ser cerrada caprichosamente”.
Es más: Agüero Iturbe fue muy duro con los camaristas federales. Escribió: “advierto que la parafernalia argumental, asimilable a una pirotecnia verbalista de relumbrón; solo apunta a uno de los extremos del pragma conflictivo (enfocado en las autoridades imputadas) obviando analizar adecuadamente el avasallamiento del derecho de las víctimas”.
Y dictaminó que “una denuncia como esta debe ser investigada, respetándose todas las garantías constitucionales que amparan tanto a las víctimas como a los presuntos imputados y por eso, dictaminé como lo hice en anterior oportunidad, no obstante, las denuncias de esta gravedad institucional deben ser investigadas no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”.
Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria de familiares, afirmó que ven “como un gesto positivo que por parte del ministerio público fiscal se hayan expuesto los argumentos que contra este fallo escandaloso veníamos gritando a los 4 vientos en esta feria judicial. El fiscal apela el sobreseimiento masivo de los procesados pero también insta a seguir con la investigación”. La abogada dijo también que “en su recurso plantea la aberración de haber revictimiza do a las victimas de espionaje ilegal, cuestiona la legalización de las tareas de inteligencia montados sobre la equiparación de las victimas a las de terroristas, justamente lo que más indignó a las familias”.
En su dictamen, el fiscal interino Agüero Iturbe detalló que “se le atribuyó al encartado Macri cuestiones concernientes al Decreto n° 1311/15, por el cual no fuera indagado, lo que motivó precisamente la petición de esta parte de nulificar el procesamiento para ampliar la declaración indagatoria”. Luego señala que la Cámara Federal no tuvo en cuenta esto y directamente lo sobreseyó alegando que todo el espionaje fue legal, en base a ese decreto por el cuál Macri modificó la doctrina de inteligencia nacional.
“De esta manera, los señores magistrados corren el eje de la discusión y de la investigación”, insiste Agüero Iturbe. Y agrega que “Por así se omite considerar que ciudadanos comunes y corrientes (sin que ello importe consideración peyorativa alguna) que habían perdido a un ser querido en alguno de los luctuosos acontecimientos que ya se mencionaron a lo largo de la investigación, no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse. Se trataban de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”. En síntesis, que los familiares del ARA San Juan no eran un riesgo para Macri que ameritara espiarlos.
“En ningún momento las víctimas en estas investigaciones manifestaron, indicaron, insinuaron, etc., ni si quiera de modo potencial acción alguna o exteriorización de pensamiento que ponga en peligro la seguridad del máximo mandatario de la república, a no ser que la intención de acercarle una carta a quien nos gobierna a todos los argentinos sea considerada un atentado magnicida, consideración -creo y espero- que ninguno estamos dispuesto a sostener”, describió el fiscal.
El fiscal también ratificó (como si hiciera falta) la vigencia del derecho de protesta: “Las manifestaciones frente a determinadas instituciones institucionales de nuestro país, son una moneda corriente, una costumbre aceptada por nuestras prácticas institucionales cuando ellas son pacíficas, circunstancias que se aplican a las que aquí pretenden justificar la intervención del organismo de inteligencia”.
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