Alan Ruiz, el primer agente de la banda de la AFI macrista procesado por espionaje ilegal

El juez Juan Pablo Augé dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Alan Ruiz, el director operativo de la banda de agentes de la AFI macrista que hacía espionaje ilegal sobre dirigentes de todo tipo. El magistrado lo resolvió este martes en la causa donde se investigan las tareas de inteligencia ilegal realizadas por la exSIDE sobre Cristina Fernández de Kirchner. Le prohibió salir del país y le trabó un embargo de 500 mil pesos. 

El juez Augé dio por acreditado que Ruiz “coordinó durante el año 2018, al menos, desde el mes de mayo y hasta diciembre de ese año, junto a otras personas, un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, dedicada a realizar tareas de inteligencia y espionajes ilegales, los cuales consistían en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”.

En ese marco, el magistrado le achaca haber ordenado “a agentes orgánicos de la Agencia, la realización de tareas de observación frente a la sede del ‘Instituto Patria’” y “el domicilio de la entonces Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner, actual Vicepresidenta de la Nación, y ex Presidenta de la Nación”. Se trata de la vivienda de CFK ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Pero eso no es todo. Augé acusa a Ruiz de haber falseado una cobertura legal para tapar los delitos que cometió: “Luego, al ser descubierto, Ruiz junto a otros imputados, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas que habían realizado y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes de investigación recibidas en causas judiciales. De ese modo, intentaron eludir su responsabilidad funcional y penal hasta la actualidad, por la manifiesta ilegalidad de las órdenes impartidas a sus subalternos, a quienes les aludía cierta cobertura judicial”. 

Para esa tarea, Ruiz contó con la colaboración clave del director general de la AFI macrista, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani. Por eso, los dos directivos de la exSIDE fueron citados a prestar declaración indagatoria en el marco de esta causa. Augé los convocó para el 12 y 13 de julio.

En un escrito de 97 páginas al que tuvo acceso El Destape, Augé remarcó que Ruiz no actuó “por la libre”. De acuerdo al juez de Lomas de Zamora, las órdenes de los operativos como el del espionaje al Patria “habrían sido impartidas a Alan Ruiz, en principio, por parte de Silvia Majdalani”. “Los informes confeccionados en los que se plasmaban los resultados de esos espionajes ilegales, eran remitidos al equipo de Alan Ruiz y, posteriormente, éste se los elevaba a Silvia Majdalani”, añadió el magistrado. De acuerdo a Augé,  la señora 8 “tenía un conocimiento actualizado y periódico sobre los avances de esos espionajes ilegales nutridos de los resultados de vigilancias y observaciones”.

El procesamiento

El juez adjudica a Ruiz la función de jefe operativo ya que era quien impartía “las ordenes de espionaje ilegal a distintos agentes que jerárquicamente se encontraban en los estratos inferiores” para “luego hacerse de la información lograda y elevarla a autoridades superiores”.

El accionar de Ruiz es descripto en “declaraciones testimoniales de los testigos de identidad reservada” que prestaron su testimonio en este expediente, que se inició con una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en febrero. Entre otras cosas, los testigos –vinculados a la agencia- señalaron que Ruiz “no respetaba la estructura jerárquica propia del organigrama” y que “en muchas ocasiones actuaba por encima de sus superiores, dado que tenía un vínculo directo con quien era en aquel momento la Subsecretaria de la AFI, Silvia Majdalani”.

“Si bien Alan Ruiz fue presentado desde su llegada como Director de Operaciones Especiales, en los hechos, éste se desenvolvía por encima de sus pares y actuaba de acuerdo a las órdenes que recibía por parte de Silvia Majdalani”, se puede leer en la resolución de Augé. En esa línea, para el juez no es un dato menor que el cargo que supuestamente ostentaba Ruiz no tenía lugar en el organigrama. De hecho, lo considera una “ilegalidad”.

Ruiz y su “banda” de espías

A partir del 2 de mayo de 2018, Ruiz comenzó a ejercer funciones con el cargo de Director de Operaciones Especiales dentro del área de la Dirección Operacional de Contrainteligencia. Sin embargo, “esa Dirección no se encontraba formalmente en el organigrama que en aquel momento tenía la AFI, como así no existió una designación administrativa que lo avale en dicho cargo”. 

No obstante lo cual, Ruiz cumplía funciones orgánicas en la AFI de Mauricio Macri. De hecho, cuando ingresó “fue presentado por Diego Dalmau Pereyra, quien tenía a cargo la Dirección Operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, hasta que dejó dicho puesto en el mes de junio de 2018 y fue reemplazado por Martín Coste, quien estuvo en ese cargo hasta el momento de la intervención decretada de la agencia”. Coste, al igual que Arribas y Majdalani, fue convocado por Augé a prestar indagatoria este viernes.

No es de sorprender esta situación. Ruiz respondía directamente a la cúspide de la AFI.

En forma paralela a las direcciones y áreas de la AFI “se desempeñaron varias personas orgánicas e inorgánicas (personas de la agencia, personas a comisión y policías) siendo que Alan Ruiz, era el encargado de ordenarles las tareas de inteligencia ilegales objeto de estudio”, señaló el juez en el procesamiento. Y agregó: “Ese grupo, estuvo conformado -al menos- por: Emiliano Matta Facundo Melo, Leandro Araque, Jorge Sáez, Mercedes Funes Silva, Buki, Belén. Dicho equipo de trabajo era llamado por el resto de los agentes orgánicos y de carrera, como ‘los externos’”. 

A este “grupo de los externos” se sumaron tres personas más, “identificadas como Andrea, Denise Astaris y Jorge Otamendi, quienes tenían como función confeccionar los informes en los que se veía reflejado el trabajo de campo que concretaban los agentes”. Estos tres agentes trabajaban en la sede 95 (CITEFA) y se encontraban en la estructura orgánica de la AFI.

“Con el transcurso del tiempo algunas de esas tareas que, inicialmente, realizaba el llamado ‘grupo de externos’ fueron asignadas por Alan Ruiz a otro grupo, esta vez agentes de carrera de la AFI, que estaban también bajo su órbita directa”, indicó Augé. Esto explica el grupo de espías más amplio que surge de la causa donde se investiga el espionaje ilegal a dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y empresarios. 

Se trata de la misma organización que es investigada en la causa más grande de espionaje ilegal que ahora también está en manos de Augé, luego de que la Cámara Federal de La Plata se la sacara a Federico Villena por “sospecha de parcialidad”. Como los protagonistas y los hechos que se investigan se repiten, la causa por el espionaje a CFK se anexó a aquella.

El espionaje a CFK

El magistrado remarcó que en los primeros días “de julio o agosto de 2018”, Ruiz ordenó al grupo de agentes orgánicos que le respondía “la realización de tareas de observación y vigilancia frente a la sede del Instituto Patria  y en el domicilio de CFK. Esas operaciones tenían “un objetivo que de ningún modo cuadraba con una actividad regular de la Agencia”.

Tal como se reconstruyó, “las tareas de espionaje ilegal durante el horario diurno eran desempeñadas por agentes de la AFI, mientras que en el horario nocturno éstos dejaban instalados en las cercanías de los inmuebles los llamados autos de técnica”. Estos autos, de acuerdo a la declaración de los testigos, tienen cámaras que no son visibles y filman todo de forma continua.

Pero algo salió mal. Entre el 6 y el 7 de agosto dos autos de la AFI fueron detectados por personal del Instituto Patria. Y el espionaje ilegal de la agencia que conducían Arribas y Majdalani quedó a la vista.

¿Desde cuándo espiaban a CFK? No está claro aún. “Algunos testigos estimaron que era probable que la actividad se hubiera estado desplegando con anterioridad por ‘los externos’”, consideró Augé. 

¿Y qué buscaba la AFI de Macri con estas tareas de inteligencia ilegal? “Los agentes de la AFI tenían que observar y vigilar en los lugares señalados por Alan Ruiz, con fin de detectar si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, como así también si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos o se desarrollaban esas actividades”, explicó el juez de Lomas de Zamora.

Quedó claro que esas tareas “nunca tuvieron como finalidad detectar posibles atentados o amenazas” contra Cristina, “ni fueron realizadas en el marco de tareas de prevención por los eventos denominados G 20 y los Juegos Olímpicos para la Juventud, tal como se intentó argumentar a través del informe N° 8409, y los siguientes informes que fueron presentados” en la Justicia, con los que la AFI buscó darle cobertura legal a sus ilegalidades.

De hecho, la AFI sumó a esa causa del G-20 documentos sobre las tareas de inteligencia sobre CFK casi tres meses después de realizadas. Nunca tuvieron una orden judicial.

Es que además de realizar tareas de espionaje ilegal, en la AFI macrista también idearon una cobertura jurídica para tapar los delitos que estaban cometiendo. Y Ruiz, como Arribas y Majdalani, también tuvo un papel protagónico en esta historia. 

“Por su parte Alan Ruiz, tuvo un rol esencial a la hora de construir informes falsos”, señaló Augé. De hecho, en su indagatoria, Ruiz mantuvo esa postura y dijo que los operativos habían sido legales. 

En un informe “fechado en Agosto de 2018 (sin fecha precisa), dirigido a la Subdirectora General de la Agencia Federal, Silvia Majdalani, rubricado por el nombre supuesto Augusto Rovero, pseudónimo utilizado por Alan Ruiz, también (se) señala falsamente que las tareas de investigación realizadas en la inmediaciones del Instituto Patria se habían ejecutadas en el marco de las tareas dispuestas por el Juez Federico Hernán Villena”, señaló Augé. Por estas razones, la denunciante, que es la interventora de la AFI Cristina Caamaño, había requerido que en el marco de este caso se citara a Villena a prestar declaración testimonial.