Aceptan al CELS como amigo del tribunal en el caso del ARA San Juan: por qué la decisión complica a Macri

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue aceptado como amigo del tribunal (amicus curiae) en el caso del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. La noticia no será del agrado de Mauricio Macri, involucrado en la causa. ¿Por qué? La Cámara Federal porteña sobreseyó al expresidente y a los jefes de inteligencia de su gobierno con la excusa de que las tareas de inteligencia que se practicaron contra los familiares de los submarinistas estuvieron justificadas, es decir, fueron legales porque estaba en riesgo la seguridad del Presidente. Algo insólito. El CELS, que sostiene que hacer inteligencia a quienes protestan es ilegal, ahora podrá llevar su opinión jurídica sobre ese tema a la Casación, que es la que debe revisar lo resuelto por los tres camaristas porteños designados por Macri en la instancia revisora de Comodoro Py. Es decir, aportará argumentos sobre estándares y criterios de aplicación de la Ley de Inteligencia que complicarán a los acusados de hacer el espionaje.  

La decisión respecto a la participación del CELS en la causa del espionaje al ARA San Juan –en la que no es parte- fue tomada por los jueces Cámara Federal de la Casación Ángela Ledesma y Mariano Borinsky luego de un planteo de revisión planteado por Paula Litvachky, directora ejecutiva de la organización. Es que en una primera instancia, el pedido de ser amigo del tribunal había sido rechazado por otros dos jueces de la misma cámara (el huemul Carlos Mahiques –luego apartado del caso- y Guillermo Yacobucci). Yacobucci volvió a votar en esta ocasión y nuevamente se manifestó en contra. La diferencia es que esta vez quedó en minoría.

La novedad se conoció este viernes cuando Ledesma y Borinsky hicieron lugar a un escrito que presentaron Litvachky, en derecho propio y como directora ejecutiva del CELS, y Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), ambos con el patrocinio de los letrados Diego Morales, Pablo Lachener, Luciano Pastrana y Tomás Griffay.

“Entiendo que corresponde hacer lugar a la petición efectuada por Paula Litvachky –en su doble carácter- y por Alberto Binder para ser tenidos como amicus curiae”, escribió Ledesma en la resolución de 5 páginas a la que accedió El Destape. Borinsky –el visitante de Macri que fue recusado en este caso por sus encuentros con el expresidente pero logró permanecer en la causa- dijo que Litvachky y Binder “brindaron consideraciones acerca del objeto procesal de las presentes actuaciones, como también, del interés sobre la cuestión debatida, aportando argumentos jurídicos sobre el asunto que se debate. Por ello, y toda vez que los presentantes han aportado argumentos jurídicos acerca de la cuestión que se examina en las presentes actuaciones, expresando su competencia en la materia que es objeto del recurso de casación que viene a estudio en esta instancia, corresponde tenerlos por presentados en el carácter de amicus curiae”. Yacobucci, por su parte, se manifestó en contra de esta decisión pero no abundó en argumentación porque la votación ya estaba resuelta.

En la misma resolución, Ledesma y Borinsky declararon inoficioso el recurso extraordinario que había planteado el CELS en pos de que se revierta en la Corte el rechazo para ser amicus que la Casación, con otra integración, había resuelto el 14 de noviembre del año pasado.

La decisión de Ledesma y Borinsky se dio luego de que Litvachky presentara un pedido de revisión el 12 de julio pasado. Allí resaltó que la anterior decisión había sido tomada por el huemul Carlos Mahiques quien terminó siendo recusado en esta causa. Y que ahora la sala tenía otra integración. El CELS planteó que “los argumentos del amicus apoyaban el planteo de las partes acusadoras, es decir, de quienes vieron peligrar la garantía de imparcialidad por parte de uno de los jueces de la sala. En consecuencia, la decisión tomada por Mahiques respecto a la admisibilidad de nuestra presentación se torna inválida pues también estaba afectada por la parcialidad que advirtieron las partes y frente a lo cual esta Sala hizo lugar. En este orden de ideas, cabe advertir que no hubo una verdadera mayoría, pues uno de los votos estaba afectado por el temor de parcialidad que se comprobó luego de la decisión”. Finalmente, Casación hizo lugar a la revisión. Y el CELS fue aceptado este viernes como amigo del tribunal.

¿Por qué esta decisión no es favorable a Macri? Porque como amigos del tribunal tanto el CELS como Litvachky y Binder aportarán su óptica como especialistas en la materia y apoyarán la postura de los acusadores. Ya en su pedido del año pasado para ser tenido por amicus curiae en esta causa, el CELS había remarcado que la Cámara Federal porteña había incurrido en un grosero error cuando sobreseyó a Macri bajo la tesis de que el espionaje a los familiares del ARA San Juan estuvo justificado porque estaba en riesgo la seguridad del jefe de Estado.

Tal como informó el 7 de noviembre del año pasado, el CELS explicó que se presentaba como amicus ante la Casación Penal para “que revierta el fallo de la Cámara de Apelaciones que sostuvo que no es delito el espionaje que le hicieron a las familias porque estaba involucrada la seguridad presidencial.” Se trata del fallo con el que Comodoro Py sobreseyó a Macri y la cúpula de la AFI macrista (Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y otros agentes), quienes habían sido procesados en primera instancia, en justicia federal de Dolores.

En esa primera presentación, el CELS cuestionó el fallo de la cámara porteña que firmaron tres jueces puestos por Macri en ese tribunal: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. “El fallo puede tener consecuencias graves sobre el derecho a la protesta”, se explicó desde el CELS en aquel entonces. Bruglia, Bertuzzi y Llorens “confirmaron que el seguimiento, las fotografías y los informes sobre les familiares existieron, pero dicen que no constituyeron un delito porque estaban amparados por la ley nacional de inteligencia. De esta manera, la Cámara habilita a la AFI a realizar seguimientos sobre cualquiera que pretenda afectar la rutina presidencial con reclamos. Es decir, convierte a la ley en letra muerta” había cuestionado la organización. “Para que revierta esta decisión, nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Casación Penal”, explicaban.

En noviembre del año pasado, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales remarcaban que “el artículo 4 de la ley 25.520 establece cuándo las acciones de inteligencia son ilegales. Allí se señala que está prohibido ‘obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción’. El seguimiento a les familiares que protestaban por la desaparición del submarino se enmarca en esta prohibición: se dirigió a hacer inteligencia sobre un grupo de personas por el solo hecho de reunirse, reclamar y peticionar a las autoridades. Ejercer el derecho a la protesta nunca puede ser vinculado a un riesgo para la seguridad presidencial que habilite la intervención de la AFI”.

Esa línea argumentativa es la que ahora podrá esgrimir el CELS en el marco de esta causa como amigo del tribunal. Si bien su posición no es vinculante es una opinión que puede tener peso en el desarrollo del proceso.

“No estamos frente a un caso de persecución política sino que estamos frente a un caso de protección política a través de la justicia. Estamos frente a la otra cara del lawfare”, señaló la abogada querellante Valeria Carreras a El Destape al referirse a la protección de Comodoro Py a Macri en esta causa. “Por eso, la intervención de organismos nacionales como el CELS, la Bicameral de inteligencia o de los organismo internacionales como la Relatoría de la ONU, sumado a visibilizar el caso ante la ciudadanía, son los única garantía de mis representadas, quienes están huérfanas frente a la embestida de poder que soportan desde 2017 a la fecha”, añadió.

Macri había sido procesado por el juez de primera instancia Martín Bava, que tuvo el caso cuando tramitó en los tribunales de Dolores. Bava había considerado a Macri responsable del espionaje ilegal que se hizo desde la AFI sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan cuando estos acudían ante el jefe de Estado para pedirle explicaciones por lo sucedido. Luego, el exmandatario fue beneficiado por la Cámara Federal porteña cuando la causa pasó de Dolores a Comodoro Py. Los tres jueces que nombró Macri en ese tribunal legitimaron las tareas de inteligencia con la insólita excusa de que se estaba cuidando la seguridad presidencial y la del país. Ese sobreseimiento es el que tiene que resolver la Cámara de Casación Penal.