Malas noticias para Elisa Carrió. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal adhirió al pedido de que se allane su domicilio por la utilización de escuchas ilegales a presos políticos. Se trata de un material que, como reveló El Destape, le llegó a Carrió a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y con el cuál hizo una maniobra para encubrir el entramado de espionaje ilegal en torno a Marcelo D’Alessio, el procesado fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.
El pedido original que apunta a Carrió lo realizaron los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes representan Amado Boudou y Roberto Baratta. Son dos de los espiados en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, los propios letrados fueron víctimas de las maniobras ilegales que desplegaron la AFI y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Tal como informó El Destape, Rúa y Peñafort solicitaron que se cite a indagatoria a Carrió en el marco del capítulo penitenciario del espionaje ilegal que investigan los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide en los tribunales de Lomas de Zamora. Y requirieron además que se hagan allanamientos en sus domicilios “con destino al secuestro de ese material que ha ocultado y con que se concretara parte de la maniobra que aquí se investiga”. La maniobra es la utilización de escuchas a presos para torcer el rumbo de las investigaciones por espionaje ilegal. Es que con esos audios, que Carrió llevó a Comodoro Py en febrero de 2019, se dio origen a la "Operación Puf", la causa con la que la exSIDE buscó derribar el D'Alessiogate.
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Rúa y Peñafort le adjudican responsabilidad a Carrió “en la maniobra ilegal desplegada desde la Agencia Federal de Inteligencia con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban el espía D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.
“Este Colegio Público de Abogados comparte en todos sus términos la lograda fundamentación de los Matriculados” dice el escrito presentado por Eduardo Awad, presidente de la institución que reúne a todos los abogados con matrícula en la ciudad de Buenos Aires.
No es un dato menor, ya que la gestión Macri no solo espió a los presos sino incluso las conversaciones de estos con sus abogados, un vínculo que tiene una protección especial. Para el Colegio de Abogados porteño el espionaje en las cárceles “se agrava cuando abogados con la connivencia de funcionarios en quienes se confiaba la seguridad ciudadana contrariando la Carta Magna y las mandas elementales de la profesión, violaron el secreto profesional, esencial para la defensa en juicio o el juicio justo”.
El rol de Carrió para encubrir el espionaje ilegal es cada vez más evidente. Tal como reconstruyó El Destape, el mismo día que el juez Alejo Ramos Padilla allanó el domicilio del espía ilegal D’Alessio, la AFI retiró el CD 539 de las grabaciones a los presos políticos y se lo hizo llegar a Carrió. Al día siguiente, el 7 de febrero de 2019, Carrió tuiteó que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”. Pero era al revés: ella puso a funcionar una maquinaria para encubrir a Stornelli, hoy procesado y con pedido de elevación a juicio por su participación en al menos 8 casos de espionaje ilegal.
Esta maniobra de Carrió es lo que justifica el pedido de indagatoria que hicieron Rúa y Peñafort así como el de que se realicen allanamientos en sus domicilios, que cuenta ahora con el apoyo del Colegio Público de Abogados de la ciudad.
La jugada de Carrió, bautizada como Operación Puf, fue cerrada por inexistencia de delito, pero Stornelli apeló. El procesado fiscal pretende que se reabra la pesquisa que cerró el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del juzgado donde operaba Bonadio.
Lo insólito es que el caso debe resolverlo la Cámara Federal porteña y podrían intervenir los recientemente repuestos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron puestos a dedo por Macri y habilitados por la Corte a seguir en esos puestos hasta que culmine el concurso para ocupar esos cargos. O sea, los jueces de Macri para definir una maniobra de Carrió. Y Macri esta semana se ocupó de manifestar públicamente el apoyo a Carrió.
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