El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, firmó una resolución para que el Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería, ya no pueda ser alquilado como salón de eventos. Una normativa dispuesta por la gestión macrista lo había habilitado.
La decisión fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y revoca a la Resolución 330/19 firmada por el excanciller Jorge Faurie, que "se contraponía con lo dispuesto por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)".
En ese sentido, en la nueva normativa se fundamentó que la AABE "establece que no está permitido otorgar concesiones de uso ni realizar contratos con carácter oneroso o gratuito sobre inmuebles propiedad del Estado nacional". De esta forma, la Cancillería "revocó y dejó sin efecto la resolución de 2019 que permitía el alquiler de las instalaciones del Palacio San Martín a personas jurídicas o humanas, públicas o privadas, incluso con fines no relacionados a las competencias de esa cartera".
Por otra parte, en un comunicado oficial se resaltó que la Resolución 330/19 "fue observada severamente por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, que recomendó no continuar con su aplicación".
Asimismo, el Gobierno explicó que el Palacio San Martín fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997 en virtud de su valor arquitectónico, material y simbólico, así como por su uso para fines relacionados con la política exterior.
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