Cuando ya estaba claro que el presidente Javier Milei había promocionado en sus redes oficiales una criptomoneda que terminó siendo una estafa e hizo perder mucha plata a mucha gente en sólo unas horas, el repudio se contagió del mundo virtual, al financiero hasta llegar al político y judicial. Primero, se difundió un pedido de convocatoria al jefe de gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara de Diputados para expliqué el accionar del mandatario, luego el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, exigió una auditoría y planteó la posibilidad de un delito penal, que luego se concretó en una primera denuncia de un ciudadano privado ante la justicia penal.
Pero no terminó allí. El socialismo también anunció que el lunes a primera hora presentarán un pedido de juicio político a Milei por "el mal desempeño y eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones", según adelantó en sus redes el diputado Esteban Paulón. Y minutos después, la bancada de Unión por la Patria de la Cámara Baja adelantó que hará lo mismo. "La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados Nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación", informaron.
Además, el dirigente social Juan Grabois adelantó que la próxima semana presentarán una denuncia colectiva junto al diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman. "La semana que entra, Itai Hagman, con patrocinio mío, va a presentar la correspondiente denuncia penal contra los estafadores y el partícipe necesario que además fue visto violar el artículo 249 del Código Penal infraganti por millones de personas", tuiteó y además abrió un formulario para que los damnificados se puedan sumar".
En plena madrugada, los diputados socialistas Paulón y Mónica Fein ya habían preparado una convocatoria para Francos para garantizar que este nuevo escándalo que tiene en el centro al presidente alcanzara una dimensión político-institucional adecuada. Pidieron la presencia del jefe de gabinete "para que brinde explicaciones detalladas en relación a la promoción por parte del sr Presidente de la Nación, licenciado Javier Gerardo Milei, de la subscripción de una memecoin denominada $Libra".
Poco después, se sumó el radicalismo al repudio. El senador y titular del partido, Martín Lousteau, tuiteó: "Es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado? Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente."
Y no fue una crítica aislada. El diputado, también radical, Martín Tetaz, salió a criticar antes de que Milei finalmente reconociera que el tuit promocional había sido de él, que no hubo hackeo como deslizaban algunos referentes del microclima libertario de las redes y que lo hizo porque "no estaba interiorizado del proyecto" que estaba apoyando. "Lo grave a esta altura ya no es la promoción de un negocio privado, ni siquiera la recomendación de una shitcoin. Lo grave es la falta de reacción oficial; van 4 horas y no lo borran. Francamente, creo que alcanzaba con una disculpa, pero cada minuto que pasa complica más todo".
Finalmente, Milei borró el tuit original, pero ya era muy tarde.
Un ciudadano privado ya había presentado una denuncia penal contra el presidente por los delitos de "exacciones ilegales, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos, estafa y defraudaciones.
Más tarde, Grabois anunció el inicio de una acción colectiva contra "los estafadores y el partícipe necesario", este último en una clara referencia al mandatario. Invitó a todos los damnificados a sumarse a través de un formulario.
La diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, también alertó sobre la dimensión judicial que puede tener este escándalo. "Si esto es cierto, el presidente está cometiendo un grave abuso de autoridad: hacer negocios privados desde su función pública, justo lo que la ley de ética pública prohibe. Pero además, en cuestión de minutos todos los que pusieron la plata se quedaron sin nada. ¿El presidente detrás de una estafa? Todo ilegal", tuiteó.
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