De estafa a negociaciones incompatibles: la multiplicidad de delitos que le adjudican a Milei en el escándalo cripto

Este lunes fue el primer día hábil en tribunales luego del Criptogate y las denuncias contra el presidente de la Nación, Javier Milei, se multiplicaron en Comodoro Py por su rol en el caso $Libra. Los denunciantes le adjudican al jefe de Estado distintos tipos de delitos que van desde estafa o defraudación a negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de poder e incumplimiento de deberes. No faltan quienes creen que debe investigarse también una posible asociación ilícita entre privados y funcionarios públicos. Las presentaciones llegaron también a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) del país del Norte recibió al menos una denuncia por este fraude masivo. Y hay más bufetes de abogados que analizan realizar presentaciones en EE.UU lo que evidencia que el escándalo continuará.

El Destape analizó diversas denuncias presentadas contra el Presidente este lunes, se contactó con abogados penalistas y docentes de Derecho Penal y halló antecedentes en Estados Unidos que sirven de comparación para evaluar la conducta del jefe de Estado, quien tuvo un rol central en la estafa que se realizó con una criptomoneda. Se trata de la memecoin $Libra, que tras un tuit presidencial se valorizó sustancialmente movilizando millones de dólares en unas pocas horas, provocó ganancias extraordinarias a unas muy pocas personas que vendieron rápidamente sus activos y luego se desplomó, provocando así una estafa a miles de personas tanto de Argentina como de otros países como los Estados Unidos.

Mieli adujo no estar interiorizado en el tema de las criptomonedas para defender su accionar en el caso y este lunes por la noche, en una entrevista con TN, cargó contra quienes invirtieron en $Libra al decir que sabían que se prestaban a las reglas del Casino y que eran plenamente conscientes de que podían perder dinero. Todo una farsa. Quedó de manifiesto, como publicó Ari Lijalad en El Destape, que Milei y su hermana Karina se reunieron en diversas oportunidades tanto en Casa Rosada como en la Quinta de Olivos con quienes impulsaron esta memecoin por lo que el presidente estaba absolutamente interiorizado en el tema. Y quienes aparecen detrás de la criptomoneda $Libra reconocieron que están vinculados a Milei.

Una de las presentaciones contra Milei que ingresó en Comodoro Py este lunes la realizó el diputado nacional Itai Hagman con el patrocinio de Juan Grabois. “Promover a una empresa privada -que además se evidencia operando como si fuera un esquema Ponzi- viola notoriamente lo que establece la ley Nº25.188 de ética pública y constituye un hecho gravísimo institucionalmente: Javier Milei debe obrar como un presidente de la Nación, no como un influencer”, escribieron los denunciantes. Y añadieron: “Pero además, como veremos, la conducta desplegada puede configurar también el delito reprimido por el artículo 265 del Código Penal, concurriendo tal accionar con una maniobra defraudatoria que tuvo por víctimas a los confiados inversores, para quienes las palabras, los conocimientos y la información privilegiada del presidente pudo resultar determinante”. Según Hagman y Grabois, Milei también pudo haber vulnerado la Ley de Entidades Financieras, “particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos”.

Otro de los abogados que denunció a Milei, a su hermana Karina y a quienes aparecen detrás de la criptomoneda $Libra, Julian Peh, dueño de la compañía KIP PROTOCOL, y Hayden Davis, dueño de la compañía KELSIER VENTURES, fue Gregorio Dalbón. Para Dalbón, el Presidente pudo incurrir en los delitos de estafa, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la ley de Ética Pública, “debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican”.

De acuerdo a Dalbón, “nos encontramos frente a una maniobra de estafa denominada comúnmente en el circuito de los criptoactivos, sobre todo en proyectos DeFi (finanzas descentralizadas), como ‘RUG PULL' (en español, tirón de alfombra). Un modelo de estafa que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para que aumente su valor, para luego repentinamente retirar los fondos y llevarse el dinero. Cuando los estafadores vacían el proyecto de liquidez el precio del criptoactivo cae a cero y los inversores pierden la capacidad de intercambiar los tokens por otros más estables o dinero de curso legal”. “En la maniobra aquí denunciada, esta modalidad de estafa toma mayor relevancia ya que, los desarrolladores del proyecto contaron con la influencia del Presidente Javier Milei, quien, valiéndose de su investidura presidencial, promocionó la criptomoneda $LIBRA, con el objetivo de que una mayor cantidad de inversores compraran el token y así generar mayor ganancia para los estafadores”, precisó Dalbón, quien pidió la indagatoria de Milei y otros integrantes del Ejecutivo y su entorno por estos hechos.

Elisa Carrió fue otra de las denunciantes junto a integrantes de la Coalición Cívica. En su escrito, que lleva la firma también de los diputados nacionales Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli, se requiere que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de estafa, cohecho o dádivas promovidos desde el Poder Ejecutivo. Piden que se investigue si “los organizadores del Proyecto $LIBRA  y/o de la criptomoneda actuaron al mismo tiempo como ‘asesores presidenciales’; si se pactaron y abonaron ‘retornos’, si hubo pagos para acceder a la participación presidencial en tal caso, cuánto y quién lo percibió, si se favorecieron con estos pagos el propio presidente o personas de su entorno laboral, profesional, social y/o familiar (…)”. 

La abogada y activista de los Derechos Humanos Victoria Donda fue otra de las denunciantes del presidente. Donda apuntó contra Milei por “negocios incompatibles con la función pública (art. 265 C.P.) efectuado en violación del art. 2 de la Ley de Ética Pública y/u otro delito que pudiera configurarse con motivo de la investigación que se realice”. El abogado Javier Adrián Garín cargó contra el Presidente por delitos similares: “defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La primera denuncia que se realizó por este caso quedó radicada en lo de la jueza María Romilda Servini por lo que ese juzgado hará de foro de atracción de todas las presentaciones que se hagan por este caso. El fiscal interviniente es Eduardo Taiano.

Según pudo reconstruir El Destape, entre los delitos en los que podría haber incurrido Miel también figuran:

• El de Defraudación por abuso de confianza (Art. 173, inc. 7). Se sanciona a quien, teniendo administración o disposición de bienes ajenos, los usa en perjuicio del titular. Si Milei usó su cargo público o influencia para beneficiar económicamente a terceros (o a sí mismo), podría haber una defraudación especial.
• El de Fraudes al comercio o a la industria (Art. 300, inc. 2). Se aplica a quienes promocionan públicamente productos financieros con datos falsos o engañosos. Si la promoción de $Libra incluyó afirmaciones no veraces o que indujeron a error sobre su seguridad o rendimiento, podría encuadrar en esta figura.
• Uso de información privilegiada. Aunque en Argentina no hay una norma penal específica sobre “insider trading”, el abuso de información privilegiada puede ser sancionado bajo normas administrativas y, en ciertos casos, como fraude o abuso de confianza.

A esto se suma una presentación en los Estados Unidos que realizó el abogado Mariano Moyano Rodríguez del estudio Moyano & Asociados, especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros. Moyano interpeló al Departamento de Justicia de los EEUU para que tome cartas en el asunto. En su presentación, a la que accedió El Destape, el letrado dice representar a 40 inversores y pide se investigue a quienes están detrás de la memecoin $Libra pero también a Mieli por su rol en toda esta estafa.

El Destape se contactó con Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Justicia y exjuez de la Corte Interamericana de DDHH. Este prestigioso jurista no recuerda un caso similar en la Argentina y resalta que “un Presidente no puede promocionar a ninguna empresa privada. Esto es un motivo claro de destitución por juicio político”.

“Si mañana sale Mileil desnudo al balcón de la casa de gobierno, no podemos centrarnos todos en  averiguar si eso es una exhibición obscena o no, es una causa de mal desempeño. No me imagino a Alfonsín,  Duhalde,  a nadie promoviendo la compra de acciones de la ‘Pañalera de Villa Ortuzar’. ¿Qué hubiéramos dicho frente a una cosa así? El escándalo está en la propia conducta de promocionar una empresa, más allá de que lo que promocionó fue una estafa gigantesca”, graficó el exministro de la Corte Suprema.

La estafa

“Es bastante claro que en los sujetos que hicieron el emprendimiento virtual podrían ser investigados como autores de una defraudación, una estafa”, señala a El Destape el abogado Maximiliano Rusconi, Doctor en Derecho, ex Fiscal General y Profesor titular de Derecho Penal (UBA). “Montaron un sistema especulativo con el apoyo del presidente argentino”, señaló Rusconi. “Tenían previsto hacer subir el valor de la criptomoneda con su intervención y luego irse. Con lo cual hubo un perjuicio de 90 millones de dólares de los inversionistas que se convirtió en ganancias para ellos. Ahí hay una estafa. A partir de ahí hay que investigar si Milei fue partícipe necesario de esa defraudación”, agregó el letrado. Y aclaró: “Ser partícipe necesario implica una pena similar a la de los autores de la estafa. Si es la estafa clásica la pena es 6 años de máxima”.

Según Rusconi, Milei fue clave en todo el proceso porque prestó una colaboración sin la cual el delito no se podía cometer. A su vez, “decidió hacer ese aporte con el conocimiento que tiene dado su especialidad. Recomendó un instrumento financiero que no tiene por qué hacerlo ya que es una violación a la ética pública”.

“Es raro que un presidente especializado en esto desconociera la maniobra”, consideró Rusconi. Y luego preguntó: “¿Desconocía a los autores? No, se reunió varias veces con ellos- respondió-". "A esto se suma que hubo un oportunismo de su aporte: tuiteó a los minutos de que salga el producto. Y mantuvo el tuit lo suficiente para que la inversión y el crecimiento de la memecoin llegue a un momento determinado y lo borró cuando empieza la debacle. Hay muchos elementos de prueba que comprometen al Presidente”, agregó el abogado. “En principio hay elemento para creer que hubo una participación necesaria de una defraudación”, analizó.

De acuerdo a Rusconi es posible que a la par del delito de estafa se considere que también existió una negociación incompatible con la función pública “porque se prohíbe que un funcionario en su función pública se interese en un negocio particular. Hay que ver y discutir si este negocio se interesó en calidad de presidente o no. Hay discusiones técnicas por dar”, señaló el letrado.

“Hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público porque el presidente no puede introducirse en una cuestión privada”, agregó el Profesor titular de Derecho Penal de la UBA. Y sumó que la Justicia argentina podría considerar que existió una asociación ilícita de “privados y públicos para cometer delitos indeterminados. Los jueces han interpretado muy extensivamente esta figura. Si no hay doble vara deberían investigar en esa línea”. “Puede haber más figuras. Pero con esas alcanzan para conformar una imputación formal y que el presidente se defienda”, concluyó.

Por su parte, el abogado Marcos Aldazabal, profesor de derecho penal en la universidad Di Tella, afirmó que hay diferentes escenarios según lo que surja de la prueba que se recabe en la investigación. “Evidentemente una alternativa es que Milei haya cobrado parte de la plata de $Libra. En ese caso, sería coautor de la estafa porque habría tenido un rol central en el delito. Si ese fuera el caso, también habría incurrido en funciones incompatibles con la función pública. Está acreditado que actuó como funcionario. Si bien tuiteó desde su cuenta personal es la cuenta a través de la que comunica cuestiones de presidencia. El propio comunicado del gobierno sobre el tema dice que las reuniones con la gente de $Libra constan en actas públicas y las tuvo como Presidente. Y el proyecto de $Libra lo presentó como para la Argentina. En eso no hay mucha discusión”, consideró Aldazabal.

“Otra hipótesis es que haya cobrado no plata de la estafa en sí sino plata por publicar ese tuit o promocionarlo. Si ese fue el caso, el delito principal sería el de tráfico de influencias. Ahí se abren dos posibilidades: que él supiera de la estafa, sin ser el autor; en ese caso sería participe necesario de la estafa. Otra posibilidad es que no supiera de la estafa. En ese caso, por lo evidente que era la estafa también se podría considerar que hubo dolo. En ese supuesto también habría tráfico de influencia y participación en la estafa por ignorancia deliberada o ceguera ante los hechos”, agregó el abogado y docente.

Aldazabal también suma que si el Presidente “obtuvo ganancias por la información privilegiada que tuvo pudo haber enriquecimiento ilícito”.

Aldazabal también menciona la posibilidad de que la maniobra encuadre en el articúlo 309 del Código Penal que se aplica al que alterare el precio de valores negociables o instrumentos financieros valiéndose de noticias falsas.

De acuerdo a ese artículo, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que:

a)  Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio;

b)  Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas.

“La situación actual amerita investigar todas esas posibilidades. Luego los hechos nos irán cuál pasó”, concluyó Aldazabal.

Antecedente

La modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian fue multada en 2022 por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) por promocionar una criptomoneda sin revelar que había recibido un pago por hacerlo. La maniobra fue parecida a  la que se le adjudica a Javier Milei. Básicamente, se la acusó de ayudar a inflar el precio de una criptomoneda.

¿Qué hizo Kardashian?

• Promocionó en su cuenta de Instagram la criptomoneda EthereumMax (EMAX).
• No informó que le habían pagado $250,000 dólares por la publicación.
• Según la BBC News, “en la acción legal se les señalaba de haber colaborado para ‘promocionar y vender engañosamente’ la criptomoneda en un esquema de ‘bomba y descarga’ diseñado para inflar el precio antes de venderlo a los inversores”.

La SEC consideró que esto violaba las reglas sobre promoción de valores financieros. Kardashian acordó pagar una multa de US$1,26 millones con la SEC por su accionar.

Según fuentes judiciales, una comparación con el caso Milei es posible. “Si Milei promovió $Libra sin aclarar si tenía un interés económico, podría haber una situación similar. La diferencia es que en Argentina no hay una regulación específica como la de la SEC, pero podría analizarse bajo fraude, estafa o abuso de confianza. Si el tuit de Milei indujo a error a inversores o generó beneficios indebidos, se podría argumentar un caso similar al de Kim Kardashian, aunque con un marco legal diferente”, especificaron desde tribunales.

A pesar de que el gobierno busca dar vuelta la página del caso $Libra cuanto antes, a la luz de las presentaciones que hubo en tribunales nacionales y en el exterior, el Criptogate promete seguir dando que hablar. Razones sobran.