El Gobierno Nacional denunció este lunes al ex presidente Mauricio Macri y a una decena de funcionarios de su gestión por haber enviado material bélico a Bolivia en el momento en el que se consumó el golpe de Estado en el que fue derrocado Evo Morales. Con la firma de varios ministros, la denuncia apunta, entre otros, a Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad por el delito de contrabando.
La denuncia penal tiene la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la titular de la Administración Federal de Ingresos Público, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. La denuncia recae sobre el expresidente Mauricio Macri, pero también sobre ministros y funcionarios de su Gabinete.
En la denuncia penal se detalla que, en base a la información recolectada, se observa la posible comisión de los delitos de "contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos". Y también "abuso de autoridad (art. 248 C.P.) y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación".
En la denuncia apuntan que Mauricio Macri, Presidente de la Nación en funciones al momento de los hechos, tenía una "su función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas obligan a investigar su participación en estos hechos que, dada la magnitud de su relevancia institucional, razonablemente no pudieron haber sucedido sin su autorización, aval o impulso". Incluso, vale recordar que poco después de lo sucedido, Mauricio Macri, quien estaba muy cerca de dejar el cargo, llamó “presidenta a cargo” y “presidenta electa” a la flamante dictadora Añez
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En el texto se sostiene que Patricia Bullrich, que en ese momento era Ministra de Seguridad, firmó la resolución que autorizó la salida del país del Grupo Alacrán (grupo de elite de Gendarmería) por el cual se realizó el envio oculto de armas. Oscar Aguad, ministro de Defensa en ese momento, tenía a su cargo el avión Hércules en el cual se trasladó el armamento. Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores, era el superior jerárquico del Embajador argentino en Bolivia, que fue destinatario de la carta que permitió conocer los hechos.
Por otro lado, también se apunta al embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, Diego Jorge Dávila -director general de Aduanas- y Eugenio Cozzi -Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados ANMAC-. También la denuncia recayó sobre Gerardo José Otero y Ruben Yavorski, Director Nacional de Gendarmería y Comandante Mayor Director de Logística, respectivamente. Finalmente, Carlos Miguel Recalde, director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina, quien emitió una de las notas de traslados.
En el texto de la denuncia, se sostiene, además que: "más allá de la contundente prueba que significa la carta de agradecimiento y constancia de recepción de material suscripta por el entonces comandante de la fuerza aérea boliviana –hoy detenido por su participación activa en el golpe de estado-, escapa a cualquier lógica creer que un grupo de 10 agentes del Grupo Especial “Alacrán” de la Gendarmería Nacional, podría utilizar 70.000 cartuchos Anti tumultos y la cantidad de granadas que fueron trasladas a Bolivia".
¿Cuánto fue el cargamento supuestamente enviado?
En la primera carta que salió a la luz por parte del Gobierno de Bolivia, se evidenció la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógeno en spray MK-9, 5 gases lacrimógeno en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC que llegaron desde Argentina.
Por otro lado, en la documentación aportada se observó que se añadieron 70.000 municiones antitumulto a las 3.600 informadas en un primer momento. Además, en esa ampliación al pedido, se evidencias las irregularidades en las documentación que fue presentada por Gendarmería en la Aduana. Mientras que, por otro lado, también se ve que falta un pedido de autorización de armamento presentado por la Embajada ante la Policía Boliviana en la que no figuran las 70.000 municiones antitumulto, las granadas ni el gas lacrimógeno. Estos últimos serían el material desviado.
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