La investigación por el envío ilegal de armas a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri en noviembre de 2019 para respaldar a los golpistas que derrocaron a Evo Morales quedó a cargo del juez en lo Penal Económico Alejandro Catania. Lo decisión la tomó este miércoles la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico luego de un conflicto de competencia. La denuncia del gobierno de Alberto Fernández por “contrabando agravado” estaba en manos del magistrado Javier López Biscayart mientras que Catania tenía una similar presentada por el excamarista Eduardo Freiler. Es decir, había dos expedientes por los mismos hechos que ahora se unificaron y quedaron en manos del titular del juzgado federal N° 4.
La camarista Carolina Robiglio resolvió que el caso que involucra a Macri, Patricia Bullrich, Marcos Peña y otros exfuncionarios cambiemitas se sustancie en el juzgado de Catania, luego de que se produjera un “conflicto negativo de competencia”, esto es que ninguno de los magistrados consideraba que debía quedarse con el caso. López Biscayart sostenía que por una cuestión de horas, la primera denuncia que se radicó por el envío de armas a Bolivia fue la de Freiler, es decir, la que tenía Catania, y por ende debía ser el juzgado que primero previno el que se quedase con los dos expedientes.
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Catania, por el contario, consideraba que la investigación de su colega estaba más avanzada –es la que realizó el gobierno nacional vía los ministerios de Justicia y Seguridad y de la AFIP, que presentó mucha documentación- , por lo que era López Biscayart quien debía quedarse con todo el caso. Entre otras cosas, mencionó que estaba de licencia cuando el caso recayó en su juzgado.
La camarista Robiglio coincidió con López Biscayart y no siguió la línea que planteó el fiscal ante la Cámara, Gabriel Pérez Barberá, quien había dictaminado que el caso se nuclee en el juzgado Nº 9 del fuero.
En una resolución de 12 páginas a la que accedió El Destape, Robiglio afirmó que las dos causas compartían la actuación del mismo fiscal, Claudio Navas Rial, y que los trámites de ambos expedientes “se han llevado a cabo de manera coordinada entre sí” por él. Por ejemplo, fue Navas Rial el que impulsó la imputación de los denunciados. La camarista también destacó que “los dos casos se encuentran en la etapa inicial del sumario, sin haberse experimentado aún avances significativos que hayan determinado una variación de la etapa procesal en ninguno de ellos”.
Robiglio se diferenció del fiscal ante la Cámara Pérez Barberá porque si bien compartió la postura de que la “solución del caso debe adoptarse procurando favorecer una mejor y más pronta administración de justicia” se debía “velar por la garantía constitucional del juez natural”, algo que a su criterio estaba en juego.
La jueza se inclinó entonces por enviar el caso unificado (denuncia del Gobierno más la de Freiler, ya que comparten el objeto procesal) a Catania porque el suyo fue el juzgado que primero previno, es decir, el que fue sorteado primero.
¿Cómo sigue ahora el caso? Catania deberá resolver si delega la investigación en el fiscal Navas Rial, un paso clave para el futuro del proceso porque ya venía interviniendo también en el otro expediente. Luego deberá decidir si ejecuta las medidas de prueba que se habían solicitado en el expediente que estaba a cargo de López Biscayart, como la realización de una inspección ocular en el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea en el que se trasladaron el 12 de noviembre de 2019 las 70.000 municiones antitumulto y más de 500 granadas de la Gendarmería que terminaron en manos de los golpistas bolivianos.
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El caso por el envío de armas a Bolivia ya tiene imputados a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich (la Gendarmería estaba bajo su órbita), al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al exministro de Defensa Oscar Aguad, al excanciller Jorge Faurie, al exSecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, al exembajador en Bolivia Normando Álvarez García y a integrantes de la Gendarmería, como el exjefe de la fuerza, Gerardo Otero.
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Un paso determinante para el proceso será cuando el juez defina si debe llamar a indagatoria a los acusados.
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