En el marco de la denuncia del envío de armas por parte de Argentina, durante el Gobierno de Mauricio Macri, en medio del golpe de Estado en Bolivia, este lunes, a través de una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, realizó la reconstrucción de la llegada de material bélico de la Argentina a su país y confirmó que el desembarco de una parte importante del armamento se realizó por canales paralelos, de manera ilegal, por lo que denunció "tráfico ilícito" por parte de la Argentina a Bolivia.
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El funcionario desmintió a la ex ministra de seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien había dicho que las armas enviadas de la Argentina a Bolivia fueron para proteger la embajada argentina. La ratificación de los hechos las expuso Del Castillo desde la sede de la Academia Nacional de Policía (ANAPOL) con la presencia del embajador argentino Ariel Basteiro y la exposición de los armamentos en el salón. Allí, el funcionario boliviano realizó una cronología del envío de dichas armas con el fin de desestabilizar y derocar al ex presidente Evo Morales.
Se denomina tráfico ilícito de armas lo que cometió el general Jury Calderón, Jorge Terceros y el ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García.
"Hay dos tipos de materiales que ingresaron a Bolivia el 11 de noviembre: uno legal y otro con armamento antidisturbios no autorizado. No ha seguido los procedimientos de la ley boliviana y no estaba autorizado", lanzó y detalló que "ese 11 de noviembre el general Jorge Terceros envió una nota de agradecimiento al ex embajador Normando Álvarez García".
Tráfico ilícito de armas: penas en Bolivia
En este marco, Del Castillo remarcó que "el general Terceros, de la fuerza aérea, el general Calderón y el embajador de Argentina han vulnerado leyes de Bolivia" y violaron tratados internacionales durante los hechos de noviembre de 2019 en Bolivia. “Básicamente la convención de Palermo y tratados internacionales no se han cumplido. Ha sido una represión contra el pueblo boliviano”, puntualizó.
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“Se denomina tráfico ilícito de armas lo que cometió el general Jury Calderón, Jorge Terceros y el ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García. Esto está penado en nuestro país con 30 años de prisión sin derecho a indulto”, confirmó para luego citar un fragmento de la legislación penal: “El que ilícitamente importe o adquiera, traslade, transporte, comercie, armas de fuego, municiones, será penado con una pena privativa de 10 años, situación agravada por la condición que tenían Calderón y Terceros”.
Masacres en Pedregal, Sacaba y Senkata
Durante la conferencia de prensa, De Castillo mostró las armas encontradas en los edificios de la Policía boliviana, que corresponderían al envío realizado por el Gobierno de Macri y detectaron faltantes en relación a lo que detallan los documentos. En este marco, el funcionario adelantó que están investigando si ese faltante fue utilizado en las masacres producidas en Pedregal (La Paz), Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) que dejó como saldo 37 bolivianos asesinados, más de cien heridos y casi dos centenares de detenidos.
"Del cargamento ilegal, una parte habría sido destinado a la fuerza aérea, a la policía, y podría haber sido enviado a las masacres de Sencate y Sacaba. Continuaremos con las investigaciones para saber qué sucedió con el faltante del material que ingresó a nuestro país", detalló Del Castillo.
El exvicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, había recordado a dos personas asesinadas en esas masacres: “Heridos por perdigones de escopeta, esos cartuchos que regalaron, que entregaron a la policía y a las Fuerzas Armadas, han matado gente, han herido gente”.
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