El juez Javier López Biscayart habilitó la feria judicial para que avance la causa por contrabando agravado de armas a Bolivia en la que están imputados Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, el ex embajador Normando Álvarez García y el ex jefe de Gendarmería Gerardo Otero. Ordenó además una serie de medidas de prueba que había pedido el fiscal Claudio Navas Rial.
El juez López Biscayart le dio curso a buena parte de los pedido del fiscal Navas Rial pero no a todos. No se conoce aún todo lo que requirió el fiscal. Las medidas de prueba que pidió el juez buscan reunir la documentación de Cancillería, los ministerio de Seguridad y Defensa, la Aduana, la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), desde documentos hasta registros fílmicos del momento de carga y descarga del avión que llevó las armas a Bolivia.
En la resolución del juez López Biscayart también consta que Bullrich designó como abogado a Julián Marcelo Curi, que fue subdirector de migraciones durante el gobierno de Macri. Y que rechazó la pretensión de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, de meterse en la causa.
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Hay dos denuncias sobre el envío de armas a la dictadura boliviana en el fuero Penal Económico: una la que iniciaron los ministros Martín Soria y Sabina Frederic junto a la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont y otra la que radicó el ex juez Eduardo Freiler. La primera está en el juzgado de López Biscayart y la segunda en el de Alejandro Catania. El fiscal es el mismo, Navas Rial, y pidió que se unifiquen. El juez López Biscayart le pidió “una amplia certificación” para ver cuál comenzó primero, si el objeto procesal es el mismo y cual está más avanzada para luego decidir si las unifica o no.
De lo que se comenzará a investigar, el juez le solicitó a la Cancillería que:
- Aporte de inmediato el original de la carta que figura como recibida en la Embajada Argentina en Bolivia identificada con el número de nota 184 AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019.
- Informe, con el respaldo documental del caso, si en la Embajada Argentina en Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Normando Álvarez García y si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada.
- Informe, con el respaldo documental del caso, si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada Argentina en Bolivia durante el 2019.
- Remita el registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019, debiendo consignarse los datos de cada documento, fecha de ingreso, si se consignó el detalle cuál fue, aportar el original de cada uno de ellos o bien informar el destino dado a los documentos. En caso de tratarse de documentos secretos, deberá ser remitido en sobre cerrado.
- Informe quiénes trabajaban en la Embajada en Bolivia y cómo es el procedimiento de recepción de documentos.
- Remita los registros fílmicos de la mesa de recepción de documentos de la Embajada Argentina en Bolivia durante el mes de noviembre de 2019 y donde se habría entregado la carta registrada con el nro. 184 AB. En el caso de no poseerlos, se informe el motivo.
Al Ministerio de Defensa, el juez le solicitó toda la información y documentación relacionada con el vuelo de un avión Hércules C-130 el 12 de noviembre de 2019 y con destino a Bolivia. Al de Seguridad, que informe si se inició algún sumario administrativo en ámbito de alguna de las fuerzas bajo su dependencia. A la Dirección General de Aduanas le requirió toda la documentación del envío de las armas y las personas que intervinieron y los registros fílmicos en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020). A la Fuerza Aérea, específicamente al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina que tiene a cargo el Aeropuerto Internacional de El Palomar, la autorización de salida del avión Hércules C-130, los registros fílmicos correspondientes a ese día y en los que se pueda observar el momento de la carga de la aeronave y los datos del personal encargado de la carga y descarga del avión. Por último, el juez la pidió a la ANMAC todo el expediente de autorización de salida de las armas que aparecieron en Bolivia.
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