La Cámara de Casación de Paraná ordenó la detención del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, condenado por corrupción. Urribarri había recibido una pena a ocho años de cárcel e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos por negociaciones incompatibles con la función pública. Fue detenido este martes, junto a su cuñado y ex funcionario Juan Pablo Aguilera. Ambos serán alojados en la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana.
La Justicia de la provincia consideró probado, en 2022, que Urribarri usó de forma ilegal fondos públicos para, en algunos casos, financiar sus campañas electorales a través de contratos de imprenta y publicidad, entre otras maniobras. Por ello, el fallo -firmado este martes en forma unánime por las vocales de la Cámara, Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo- requirió su "inmediata captura". Fueron trasladados, tras su detención, por el Servicio Penitenciario desde Concordia a Paraná.
Entre los hechos que se le adjudicaron en la condena que recibió hace dos años, se destacan: el pedido de coimas en la adjudicación de contratos por 28,4 millones de pesos para la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en 2014, realizada en Paraná y además, la solicitud de retornos en las contrataciones de publicidad en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata.
Según indicaron desde el tribunal entrerriano, "se encuentran motivos suficiente para disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria" haciendo lugar a una apelación fiscal. Entre los principales argumentos, señalaron tratados internacionales con los que Argentina se encuentra comprometido en la lucha contra la corrupción y a partir de los cuales se debe investigar, juzgar y castigar estos delitos con "mayor intensidad".
"Se dilató (el cumplimiento de la sentencia condenatoria que aún no está firme) con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursivo o una voluntad de no respetarla", advirtieron en la sentencia las camaristas. A todo ello, el tribunal alegó el riesgo de entorpecimiento de la causa penal debido a su libertad y por eso, dispuso su detención.
Además de Urribarri y Aguilera, también está condenado por la misma razón el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.
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