Trabajadores de la Justicia de la provincia de Entre Ríos se encuentran por esta horas analizando una oferta realizada por el gobierno provincial, luego de una reunión mantenido con el ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, donde le manifestaron la necesidad de que se equiparen los salarios a los aumentos dispuestos por la Corte Suprema, haciendo uso de la Ley de Enganche. La norma había sido transitoriamente suspendida en ocasión de la emergencia económica dictada por el gobernador Gustavo Bordet, pero finalizada dicha instancia, los empleados judiciales consideran que es momento de recuperar poder adquisitivo. De lo contrario, no descartan realizarle a la propia administración una demanda.
El diálogo promovido por la Casa Gris, donde se ofreció una recomposición del 9%, no es azaroso. Los trabajadores nucleados en la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) realizaron paro con movilización durante tres semanas consecutivas: el 18 y 25 de agosto, y el 1°, 2, 8 y 9 de septiembre. La última marcha, con amplia presencia de seccionales de toda la provincia, hizo sentir frente a la Casa de Gobierno el reclamo de un sector que durante todo 2020 no tuvo ningún aumento salarial y que, por el contrario, sufrió rebajas en sus ingresos como consecuencia, justamente, de lo dispuesto por la Ley de Emergencia Económica. Como bien se explicó en El Destape, aquel proyecto elevado por el Poder Ejecutivo no sólo suspendió la Ley de Enganche, sino que además estipuló descuentos para los salarios más altos.
Dos artículos fueron los que afectaron directamente el sueldo de activos y pasivos provinciales: el 4º y el 6º. El primero de ellos estableció un cálculo de aportes personales, fijando como piso el 16% en sueldos de hasta 75 mil pesos brutos, es decir, unos 57 mil pesos de bolsillos. De ahí en más, fijó una escala: 18% de $75.001 a $100.000; 20% de $100.001 a $200.000 y 22% de $200.001 en adelante. Por su lado, a través del artículo 6º, se resolvió un aporte extraordinario y solidario, que fue liquidado de los haberes de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones. El objeto, acorde a la norma la ley, fue cubrir el déficit previsional. La escala consistió en un 4% en haberes de $75.001 a $100.000; 6% en aquellos que van de $100.001 a $200.000; 8% en la escala de $200.001 a $300.000 y 10% en ingresos de más de $300.000. Se aclaró además que en el caso de percepción de más de un haber previsional otorgado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, ya sea pensión o jubilación, el monto total sobre el que se calculara el porcentaje aplicable "estará dado por la suma de ambos conceptos".
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"Acá hay dos instancias bien definidas. Durante la Emergencia Económica los trabajadores judiciales no sólo que no tuvimos incrementos, sino que además, en algunos casos, cobramos menos. Finalizada esa situación surgió un decreto, en julio, donde nos dieron un aumento del 8%. Nosotros, ahora, pedimos que nos otorguen la diferencia. Porque durante todo 2020 hubo subas fijadas por la Corte Suprema, que superan ampliamente el monto fijado por el gobierno provincial", señaló a El Destape, Mario Brnuzak, secretario General de AJER. El dirigente detalló que unos 1.900 agentes aguardan con expectativa conocer cómo procederá el gobierno provincial: "Nosotros estamos reclamando lo que consideramos que es un derecho adquirido, ni más ni menos".
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Brnuzak dejó entrever además que, desde AJER, están dispuestos a ir un paso más allá si no se cumple con la normativa que ellos pretenden: "Estamos trabajando en una presentación. No es una amenaza ni mucho menos, pero sí queremos que se cumpla con lo que corresponden en términos legales".
En el mismo sentido, se expresó la secretaria Adjunta del sindicato, Mabel Pedrero, quien estuvo presente en el encuentro con el ministro de Economía. En diálogo con El Destape, señaló que la oferta será bajada a los trabajadores y que serán ellos los que definan si la aceptan o no: "Nosotros somos un gremio sumamente horizontal, no vamos a adelantar ninguna decisión sin el consenso general de los compañeros". La sindicalista evitó referirse en términos personales a la propuesta, pero aseguró que será debatida al interior del espacio y que, oportunamente, se dará a conocer una respuesta. Si es negativa, probablemente, haya más medidas de fuerza: "Mientras la oferta esté en discusión, cualquier movilización o manifestación queda en suspenso. Es lo lógico y habitual, no se realizan acciones mientras haya un diálogo abierto.
Acorde a los datos otorgados por los dirigentes de AJER, la Corte Suprema decretó aumentos, entre 2020 y y 2021, por un 47,5%: 10% en octubre; 10% en noviembre; 7,5% retroactivo a diciembre; 10% en marzo y 9% junio. La provincia, por otro lado, no otorgó incrementos en 2020 y subió salarios en 2021 en el orden del 31%: 15% en febrero; 8% en mayo y 8% en julio. Es decir, hay un desfasaje de 16,5%, que pretenden sea recompuesto por la Casa Gris.
"La propuesta que les hicimos llegar desde el Ejecutivo provincial fue que, al igual que como el resto de la administración pública que en septiembre obtendrá un incremento del 9% acordado oportunamente en paritarias, al Poder Judicial se le liquidaría este porcentaje a cuenta de los futuros aumentos que otorgue la Corte Suprema", explicó, luego del encuentro de las últimas horas, el ministro de Economía. Para Ballay, la propuesta fue "muy bien recepcionada" por los representantes gremiales y se mostró esperanzado a que "la respuesta del sindicato sea la por positiva para que se nos de la tranquilidad de que no habrá nuevas medidas gremiales y la previsión necesaria para hacer la liquidación en septiembre".
En otro orden, el titular de la cartera de Hacienda dejó en claro que se respetará la Ley de Enganche: "Está vigente desde el 1º de julio, por lo tanto, existe la obligatoriedad de liquidar los incrementos salariales que dé la Corte a partir de esa fecha".
¿Qué es la Ley de Enganche?
El 26 de octubre de 2011, la Legislatura provincial sancionó la Ley N° 10.068, que estableció: "A las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente".
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